La Justicia federal de Rosario procesó a Leonardo Popea y a otras dos personas como las cabezas de una organización dedicada a fabricar y comercializar estupefacientes que se vendían en búnkers de la zona oeste de Rosario, en Villa Gobernador Gálvez, Correa y Cañada de Gómez, y dictó la misma medida para otros ocho imputados pero por el delito de tenencia de drogas con fines de venta.
La resolución del juzgado federal Nº3, a cargo de Carlos Vera Barros, es el resultado de una investigación realizada durante meses por la fiscalía federal Nº3 que conduce Mario Gambacorta, y que desbarató a una banda narco que manejaba dos cocinas de cocaínas –una en zona norte y otra en el oeste de la ciudad- y que también vendía marihuana.
El operativo estuvo a punto de naufragar luego de que el 7 de mayo pasado una patrulla de la policía rosarina detuviera a Popea en la zona oeste de Rosario en su Volkswagen Gol con un kilo de cocaína, sin saber que el hombre era seguido desde hacía meses por agentes de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones y de la Policía Federal.
Ante el imprevisto arresto del presunto jefe de la banda, Gambacorta pidió y Vera Barros concedió 24 órdenes de allanamientos que se realizaron al día siguiente domicilios de Rosario, Funes, Correa, Cañada de Gómez, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria.
Según la investigación, Popea, alias ‘el viejo Leo’ era el jefe de una organización delictiva dedicada a la producción y comercialización de estupefacientes con base en Rosario y ramificaciones a otras ciudades del sur de Santa Fe, donde se vendía la droga.
Hasta su arresto, ‘el viejo Leo’ solo tenía antecedentes penales por delitos menores como estafa con billetes falsos, recordaron fuentes de la investigación.
Entre los sitios allanados por la justicia se encuentra la casa-quinta que Popea posee en la calle Lennox al 2480 de Funes, en cuyo ingreso existe un cartel que da la bienvenida: “Familia Popea”.
De acuerdo al auto de procesamiento, Vera Barros procesó a Popea, a Sergio Fernando Abecasis y a Marcela Adelina Villalba por la presunta comisión de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercio en concurso real con el de producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes, ambos agravados por la participación de tres o más personas.
Según la causa, Abecasis era el encargado del inmueble ubicado en Spegazzini al 3757-3761 (en la zona norte de Rosario) donde funcionaba una cocina de cocaína.
En el acta del allanamiento realizado por la policía consta que en el lugar se secuestró, entre otras cosas, “26 trozos compactos con cocaína, dos frascos con presunto éter etílico, un bidón con presunto diluyente natural, una olla con vestigios, un rociador con líquido en su interior, dos moldes de madera, dos balanzas y moldes, dos bidones con presunta acetona de 20 litros”.
Los policías también se llevaron de ese domicilio “cuatro bidones del mismo material de 5 litros, 2 prensas hidráulicas, tres bolsas de arpillera con sustancia blanquecina pulvurulenta en su interior y seis tarros con presunta lidocaína”.
Según la investigación de la justicia federal, la otra cocina funcionaba en una vivienda de Rosario, ubicada en Ugarte al 700, domicilio que había pertenecido a Marcela Villalba, a quien se le secuestró droga en su casa de la localidad de Correa.
También se encontró drogas en domicilios de Cañada de Gómez, Villa Gobernador Gálvez y Rosario, en sitios que funcionaban como búnkers de venta de estupefacientes, que eran presuntamente proveídos por la banda del ‘viejo Leo’.
Para el juez Vera Barros, Popea era el jefe de una banda narco en la que Sergio Abecasis sería el encargado de la elaboración de estupefacientes y contaría con distribuidores directos, que serían Diego Villalba, Marcela Villalaba y Ricardo Norez, señala la resolución firmada el 4 de junio pasado.
En tanto, el magistrado también procesó con prisión peventiva a Ricardo Nores, Jorgelina López, Walter Nores, Darío Herrera, Jonatan García, Leonel Ferreyra, Victoria Natali Villalba y Ruth Gómez por tenencia de estupefacientes con fines de comercio, delito agravado por la participación de tres o más personas, pero los excluyó de la imputación de producción y fabricación. A todos les trabó embargo por 20 mil pesos, según se lee en el auto de procesamiento.
Por último, Vera Barros dictó la falta de mérito para un remisero y otras dos personas, padre e hijo, que habían sido detenidos en la causa.
