La respuesta del gobernador santafesino a la solicitud de creación de un organismo provincial de prevención de la tortura expone un nivel de autoritarismo y violencia que asusta cada vez más y no deja de expandirse. Los catárticos y utópicos “hay que matarlos a todos” o “que se pudran en la cárcel”, que tanto se escuchan en la calle, subyacen demasiado en las expresiones de Maximiliano Pullaro despreciando “los derechos humanos” y chicaneando a quienes los defienden con eso de que “si los presos son tan buenitos, llévenselos a su casa”. En aquella perorata del 16 de mayo pasado, el propio gobernador pareció darse cuenta de su exabrupto: “Disculpenme, pero me da mucha bronca”, pidió, aunque enseguida se autojustificó con que “cuando uno ve a una persona que un familiar fue víctima de un delito violento, de un delito contra la vida, cambia la forma de pensar”. Tal vez Pullaro no vio nunca a una Madre de un desaparecido durante la última dictadura; o sí la vio, pero eso no le cambió tanto la vida como para poder congeniar el afán de Justicia con el respeto por los derechos humanos que se deben garantizar según las leyes vigentes.
Es que la airada reacción del gobernador no fue ante críticas altisonantes ni ante algún pedido de liberar a criminales. Lo que despertó su ira fue el pedido al Estado santafesino y otros nueve más de “pronta creación y puesta en funcionamiento de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura”, para así dar cumplimiento a una “obligación” que “surge del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos (OPCAT), ratificado por nuestro país hace ya 20 años, y de la ley 26.827, de orden público en todo el territorio nacional”.
La solicitud fue realizada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, que trabaja en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que había sido blanco de reclamos de falta de celeridad para intervenir ante denuncias de graves vejámenes a reclusos de cárceles santafesinas, en particular la de Piñero, en la que fueron tomadas las fotografías que remitieron a prácticas “a lo Bukele”.
El enojo del gobernador ante este pedido contrasta con su actitud frente a acusaciones gravísimas de las que ha sido objeto, como la de ser “amigo de los narcos”, refrendada por el presidente Javier Milei. Con él, sí, Pullaro sigue apostando al diálogo. Cosa de locos, podría decirse, pero acá no se pretende evaluar corduras.
Lo que se pretende es advertir los riesgos que implica que buena parte de la dirigencia política y gobernante siga en lo de autopercibirse como infalible y todopoderosa, como facultada para establecer quiénes son los buenos y quiénes son los malos de acuerdo con sus propios y cambiantes criterios y humores.
También desde acá se pretende advertir que, en mayor o menor medida, los responsables de tal situación somos todas y todos quienes tenemos la potestad de elegir dirigentes y gobernantes. Y más en los casos como el nuestro, que sostenemos desde hace ya 25 años este periódico que producimos con convicciones periodísticas y militantes nunca ocultadas.
Es por eso que, igual que en el comienzo, este cuarto de siglo después insistimos en revisar y cuestionar lo que hacemos; y en apelar a que nos ayuden en esto a quienes vemos respaldar y transitar el mismo camino. De allí el evento con conversatorios abiertos del “Impacto de Mayo” que e realizó este sábado 25.
Lo que queremos revisar, cuestionar, discutir, es cómo aportar mejor a que “matarlos a todos” deje de ser lo que gana en la batalla cultural, en la que estamos perdiendo feo pero todavía falta.
Claro que a la vez que a asumir responsabilidades en derrotas, dolores y carencias que sufrimos, llamamos también a recordar que no todo está perdido. Es por eso que nuestro “Impacto de Mayo” incluye música, baile, fiesta. Somos de los que creemos que tanto retroceso se puede dar vuelta y que la alegría de estar vivos es el arma a empuñar cuando se defiende la vida que aquí reivindicamos como primer derecho a respetar, incluso la de quienes adhieren a un Pacto que privilegia la propiedad privada como valor supremo.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 25/05/24
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