El primer ministro conservador Antonis Samaras persistió en la decisión tomada el 11 de junio pasado de cerrar ERT y despedir a sus 2.500 empleados, ignorando también las críticas de sus socios de coalición y la recomendación expresa de la Comisión Europea de acatar la orden cautelar dictada el lunes por el tribunal griego.
La orden del tribunal ordenaba la reanudación inmediata de la señal y establecía que ERT deberá permanecer abierta «hasta que haya una nueva televisión pública operativa».
Esta decisión tribunalicia en principio pareció una solución a la crisis política desatada por las diferentes po
sturas en relación al polémico cierre, pero terminó ampliando la brecha entre Samaras y sus socios, el líder de Izquierda Democrática, Fotis Kuvelis, y del partido socialdemócrata PASOK, Evangelos Venizelos.
Kuvelis y Venizelos reclamaron el cumplimiento de la orden judicial y acusaron al socio conservador de «actuar ilegalmente».
Un comunicado de Izquierda Democrática señaló que el hecho de no cumplir una orden cautelar de ejecución inmediata constituye un «acto fuera de la ley», informó la agencia de noticias EFE.
En términos similares se expresó PASOK, que exigió la ejecución inmediata de la orden «como lo exige el respeto de la democracia», y afirmó que la demora no está justificada, pues quien «encontró una forma de detener en cuestión de horas la operación de la radiodifusión pública, debe hacer lo necesario para restaurarla».
El decreto legislativo por el que Samaras cerró ERT debe ser ratificado en el Parlamento dentro de los próximos tres meses, un objetivo nada fácil de cumplir sin los votos de PASOK e Izquierda Democrática.
Una eventual derrota de Samaras en esa votación, por otra parte, provocaría el colapso del gobierno de coalición que con mucho trabajo logró formar hace un año para lidiar con la crisis financiera que desgarra al país y demoraría la aplicación de las reformas que le exigen a Grecia sus acreedores internacionales.
Si bien los frentes se presentan irreconciliables de cara a una reunión que se celebrará mañana para abordar esta crisis interna, el temor a las consecuencias que podría tener una ruptura del gobierno podría obligar a las partes a llegar a un compromiso.
Se espera que en esa reunión Samaras presente a sus socios su propuesta concreta para la creación de un nuevo ente público.
Las presiones desde el exterior son extremas, como demuestran las reuniones urgentes que está teniendo el Gobierno con los jefes de la troika (integrada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea), actualmente en Atenas para un nuevo examen.
El conflicto en torno a ERT tiene desde la troika una lectura muy clara: el despido de 2.650 trabajadores posibilitaría a Grecia cumplir con el objetivo que tiene marcado por el memorando firmado con los acreedores, que prevé la eliminación de 2.000 empleos antes de que finalice este mes.
La radio y el canal públicos dejaron de transmitir el 11 de junio pasado por primera vez desde su creación en 1938, pero un grupo de trabajadores tomó el edificio del organismo estatal en Atenas y logró seguir emitiendo por satélite gracias a la solidaridad de colegas europeos.
