“Estamos dispuestos a escuchar todos lo puntos de vista y fundamentalmente la opinión de los ciudadanos en su papel de usuarios, ya que tenemos una Oficina Municipal del Consumidor que registra y observa todas esas opiniones, las que son fundamentales a la hora de tomar decisiones”, argumentó el titular del Palacio Vasallo para dar marco al encuentro especial realizado este lunes.
Zamarini dejó insistió que “ésta no es una reunión para dirimir sobre empresa privada o estatal. Es sólo un espacio para hablar de la cuestión, para luego precisar si podemos arribar a conclusiones”. Y agregó luego: “Hay un material que distribuyó la empresa Litoral Gas entre los concejales a lo que debe agregarse la solicitada de hoy, que no se puede obviar. Dejamos iniciada la convocatoria del Concejo, aunque cabe dejar claro que las decisiones serán colectivas”.
El presidente del Concejo valoró la presencia de los asistentes “ya que son estos temas muy complejos y forman parte de la realidad que tenemos que abordar. Desde ese punto de vista nos metemos y no nos vamos a correr para saber cuáles son los roles de las empresas en nuestra sociedad, si tienen responsabilidad social y si no la poseen, queremos saber las razones. A ello debemos sumar el conocimiento de los roles del Estado en los controles y en los mecanismos de regulación”.
La palabra de los profesionales
En representación de los profesionales matriculados uno de los que intervino en el debate fue Luis Alberto Cattáneo, quien al comenzar su exposición historizó el otorgamiento de licencias a distribuidoras de gas que, según explicó “tienen 35 años de explotación con 10 años de gracia desde la fecha de vigencia”. “Esos contratos –señaló– no se pueden modificar, aún con la nueva ley, por lo tanto el único camino posible sería tomar la decisión de rescindir los mismos. A ello debe agregarse que la ley Nº 24.076 no contempla la posibilidad de introducir enmiendas que posibiliten la adecuación técnica y modernización de los estándares de trabajo y protocolos de seguridad en el régimen de prestación de los servicios, ampliación y mejoras que beneficiarán al usuario y a los sujetos del gas en general”.
Cattáneo expuso que “las distribuidoras en general tuvieron una actitud permanente de evitar el cumplimiento otorgado en la licencia, han desobedecido resoluciones que les remitió Enargas y han incurrido en faltas relacionadas con lo estrictamente técnico”.
El especialista explicó que “las distribuidoras han pretendido realizar modificaciones sustanciales al reglamento, que le está vedado por ley y avanzaron en aspectos negligentes contra los usuarios, ocasionándoles perjuicios económicos, rozando lo delictivo, además de tener actitudes de desinversión, como la desaparición de cuadrículas, que afectan directamente ante cualquier siniestro de envergadura, a un sector catastral importante de la población, con riesgo de no poder interrumpir el servicio de gas por algunas horas, corriendo un riesgo innecesario, incluidas las falta de elementos que son útiles y que deberían haber incorporado al área de seguridad”.
Jorge Cribb, otro de los profesionales matriculados que tuvo oportunidad de participar de la reunión, cuestionó que “Litoral Gas nunca acusa recibo de nada y misteriosamente se pierden los expedientes”. Y añadió: “Los turnos se dan a 20 o 25 días y la empresa actúa como si fuera la dueña de la verdad. Incluso pretendió imponer normas con prepotencia”.
Otro de los gasistas que participó del encuentro Carlos Marín –que dijo que hace 13 años que se desempeña en la actividad y que es además licenciado en seguridad–, expresó su repudio a la solicitada “que publicó la empresa Litoral Gas”. Marín observó que “la solicitada dice que el gasista García incumplió los procedimientos, pero ello no es así, García entró a Litoral Gas, pero no tiene constancia escrita porque no se la dan” y planteó que “además está prejuzgando”.
El gasista desafió posteriormente a Litoral Gas a “que muestre una planilla de capacitación” y enfatizó que “no lo hace”. Y aseguró además que “la empresa degrada al profesional” en su oficina técnica y recordó que tras la explosión en Salta al 2100 “la empresa tardó 2 horas 45 minutos en cortar el gas” para agregar que “en los ’90 se nos dijo que la privatización era eficiencia. ¿Esa es la eficiencia?”. También indicó que “faltan las llaves de corte parcial y eso es el resultado de la política neoliberal”.
Por otra parte, el titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano, reclamó que “la justicia debe decir qué sucedió en el drama de calle Salta”. Aviano anunció que le planteó a la intendencia una iniciativa para que se elabore un censo municipal de instalaciones de gas para determinar el nivel de seguridad existente. “Dicho censo puede ser coordinado con el Enargas en base a prioridades que tienen que ver con la antigüedad de los edificios”, explicó.
Carlos Padín, en nombre de la Confederación General Económica (CGE) se expidió sobre el poder concedente, luego de lo cual hizo referencia a la composición societaria “de la que participaron argentinos y españoles, siendo la mayor accionista hoy por hoy Suez, que tiene un juicio contra la provincia por 150 millones de dólares”. “Más del 50 por ciento de la provincia no tiene gas y casi todas las obras fueron financiadas por los usuarios”, agregó Padín.
Otro de los presentes fue el senador nacional socialista, Rubén Giustiniani, quien valoró la decisión del Concejo rosarino de abordar el tema. “No tenemos que esperar más muertes para actuar debido a la falta de control de organismos del Estado, de actos de corrupción y de control efectivo de las concesionarias. Hubo víctimas de una historia dramática, de desmembramiento de una empresa y del Ente Nacional Regulador del Gas”,afirmó el senador.
Giustiniani pidió un marco regulatorio, “aunque, por el momento, no veo lamentablemente voluntad política para sancionarlo”. El legislador exigió “un servicio universal de gas, agua y energía eléctrica para que no siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda, con tarifas justas y razonables”, tras lo cual apuntó: “Ello debe ser discutido en reuniones públicas, donde también se hable de los derechos de los usuarios en el marco de prestaciones de calidad, pudiendo estos últimos tener un nivel de control establecido”.
Una de las voces críticas con el oficialismo vino de parte del concejal radical Jorge Boasso, quien manigfestó su malestar en la reunión señalando que “ es una lástima que no estén determinados actores para dar debate, quienes serán los que deben decidir finalmente sobre estas cuestiones”.
“Lo primero que hay que discutir es si el Estado será más eficiente que las empresas privadas. Me gustaría que me convenzan de ello. ¿Dónde estuvieron los controles y los controles de los controles en la tragedia de calle Salta?. El que realiza el trabajo es controlado y este, a su vez, es controlado por un tercero. Luego deben venir las verificaciones cruzadas”, planteó Boasso.
El edil del radicalismo solicitó una segunda reunión “con la presencia de los actores responsables del tema”
El concejal Alberto Cortés, hizo a su turno mención a la cuestión derivada de la seguridad de las conexiones de gas y al incremento de las mismas, “las que tras 20 años pasaron de 192.000 a 5 millones”. Cortés luego hizo referencia al desarrollo de las redes y el desvío de la recaudación, que en principio se destinaría a la prolongación del servicio, hacia “otras problemáticas sociales”.
“Hay que remover barreras para que el desarrollo sea utilizado donde corresponde”, concluyó el edil del bloque Frente del Pueblo Sur.
El diputado nacional Carlos Comi, de la Coalición Cívica-ARI, remarcó que la empresa prestataria “es hija de los ’90, de la infame privatización”. Comi dijo que venía a rendir cuentas de su tarea en el Congreso, tras la explosión y en tal sentido precisó que había pedido “una citación inmediata en la comisión de Energía, de la empresa Litoral Gas y del Enargas”. Sostuvo que “nunca tuvimos respuesta. El oficialismo trabó todo el debate posible”.
El legislador nacional Fabián Peralta -del GEN- consideró a su turno que “en esta cuestión el denominador común ha sido la ineficiencia” por lo que consideró la necesidad de establecer “una visión integrada” del tema. “Esperamos que la tragedia de calle Salta no vuelva a suceder y para que ello no ocurra debemos ampliar nuestra responsabilidad institucional, garantizando la universalidad de los servicios con una discusión a fondo”.
“No puede justificarse que luego de dos décadas, los servicios tengan tan baja calidad y ello sin hablar de lo pasado en Rosario con esta tragedia irreparable sobre la que el Estado lo único que puede hacer es mitigar el dolor con la aplicación de justicia”.
Al cierre del encuentro, Zamarini sostuvo que el cuerpo “va a seguir el tema” y remarcó que “es una de las cuestiones que deben ser expuestas en la sociedad”.
Del encuentro, participaron ademñas el concejal Pablo Colono, del bloque Socialista; Carlos Dolce, concejal del Villa Gobernador Gálvez; Gonzalo Aciar, secretario de la Oficina del Consumidor e integrantes de la Comisión de Víctimas de la Tragedia de calle Salta, y la ex concejala Mariana Alonso.
