El proyecto que intenta regular la protesta social suscitó reacciones variopintas en todo el arco político. Quienes lo acompañan niegan que la medida busque la criminalización de acciones de protesta, tal como afirman sus detractores.
En el marco de su flamante espíritu conciliador con el Ejecutivo nacional, el socialismo santafesino avaló la iniciativa del kirchnerismo, rechazada por izquierda y derecha.
En declaraciones de este jueves a LT8, el secretario de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Rosario, Pablo Seghezzo, aseguró que desde su espacio “compartimos el proyecto” presentado este miércoles por el diputado nacional del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel.
“Uno entiende el derecho a la protesta y que hay sectores vulnerables que encontraron ese camino para tener alguna reivindicación, pero muchas veces esas protestas complican la vida de los ciudadanos que no tienen nada que ver», sostuvo el funcionario municipal.
«Entendemos que (el proyecto) es correcto, que hay que ir por este camino. La democracia es muy importante, y para sostenerla las instituciones tienen que estar fortalecidas y tener orden», remarcó Seghezzo.
Para el diputado nacional del Chaco, Juan Manuel Pedrini, la norma, denominada Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas, «no busca la criminalización» de acciones de protesta sino «conciliar los derechos» a peticionar y a circular.
«La protesta social es un hecho relevante en la sociedad argentina y, en toda sociedad civilizada, los hechos importantes requieren de una reglamentación», señaló este jueves el legislador en declaraciones a Radio Vorterix.
Según explicó Pedrini, el proyecto diferencia dos tipos de protestas: la «legítima» debe ser «avisada con 48 horas de antelación, no obstruye el tránsito en su totalidad y permite el normal servicio de transporte público»; y la ilegítima definida como aquella que se realiza de improviso y «donde hay gente por un lado y la fuerza de seguridad otra por el otro».
En el caso de la protesta legítima deberá ser transmitida «por los medios estatales para darle cobertura» y en el caso de la ilegítima «se pone la figura del mediador que tratará de canalizar el conflicto».
Críticas por izquierda
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, la medida «es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años».
En un comunicado de prensa difundido este jueves, el organismo cuestionó la clasificación de «ilégitimas» a ciertas protestas, así como la obligación de notificar a la Policía con antelación, y el hecho de que la norma establezca «plazos exiguos para la mediación».
«El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones», consideró el CELS.
El diputado nacional del Frente de Izquierda, el mendocino Nicolás del Caño, sumó su repudio sin medias tintas: «Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario, que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha», subrayó en su propio comunicado.
En el escrito anticipó además que el Frente de Izquierda convocará a «distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote» en el Congreso de la Nación.
«Resulta increíble que los progresistas del Gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no. Ni (el jefe de Gobierno, Mauricio) Macri lo haría mejor», ironizó el legislador.
Por derecha
Al massismo la iniciativa le resulta tibia y anacrónica. Así se desprende de la opinión del diputado nacional del Frente Renovador Alberto Asseff, quien este jueves sostuvo que “el proyecto del FpV llega diez años tarde, después de que millones de argentinos, sobre todo del área metropolitana sufrieron un sinfín de penurias para trasladarse y el país dio la imagen de un colosal desorden cotidiano».
En un comunicado, el legislador massista agregó que el kirchnerismo «ahora promete que los cortes durarán dos horas, pero habrá que ver cuánto tarda el mediador civil para liberar el tránsito».
«Creo que lo que hay que hacer es cumplir la ley sin más vueltas. El tránsito debe ser libre las 24 horas de los 365 días para todos», agregó Asseff.
El PRO¿…gresista?
La diputada nacional del macrismo, Laura Alonso, también salió a cuestionar el proyecto. «Para Kunkel, hay manifestaciones ´legítimas´ e ´ilegítimas´. De movida y sin mucha vuelta, ese proyecto es inconstitucional», sostuvo la legisladora vía Twitter.
Allí señaló que «lo de Kunkel es tan inconstitucional y retrogrado que le da al ´Ejecutivo´ la potestad de decidir si tu manifestación es ´legítima´ o no».
«Querido Kunkel: todos tenemos el mismo derecho a expresarnos y se trata de armonizar derechos. Ya se: el olmo no da peras», agregó Alonso.
