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Referentes de la histórica pelea en los 90 contra la privada Suez y por la estatización del servicio coincidieron en su decepción. Y advirtieron sobre los peligros de una política estatal alejada del derecho humano del acceso al agua.

Aníbal Faccendini, abogado y referente de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), integrante de la Cátedra del Agua de la UNR, luchador sin tregua durante los años 90 y la década pasada por la vuelta al Estado del servicio, expresó su “decepción” por el “abandono y morosidad” de la gestión estatal que ahora “promueve ideas privatistas” en el manejo de una empresa pública. Por su lado, Elba Stancich, coordinadora de la agrupación ecopolítica Los Verdes, manifestó “ha quedado demostrado que la inversión en materia de recursos hídricos ha descendido y eso es preocupante”. En tanto, Sergio Rinaldi, periodista e integrante del Taller de Comunicación Ambiental, siente una “completa desilusión” porque “no se cumplió con la consigna del control ciudadano de la empresa de Aguas, además de que no se invierte y esta gestión quiere que la plata salga del bolsillo de la gente”.

Concepción privatista

“Nosotros, que venimos luchando por el agua como un derecho humano universal, desde hace tanto tiempo, allá principios de los 90, que luchamos tanto para que se fueran los franceses de Suez y el agua pasara a manos del Estado, vemos que la empresa de aguas (Assa) dista mucho de lo que seria una empresa con una visión pública. Si decimos que el agua es un derecho humano, no tiene que haber una audiencia (como la prevista para esta semana) para ver como se cubren los gastos operativos, que es el argumento actual. No puede haber una concepción privatista dentro de una empresa estatal”, sentencia Faccendini.

“Han sido incumplidas las expectativas. Entre los dirigentes que formamos parte de tantas organizaciones en aquellos años de lucha como la Unión de Usuarios y Consumidores, la Asamblea provincial por el Derecho al Agua (Apda), la Multisectorial Rosario por el Agua, siempre hemos establecido que el agua, siguiendo el pensamiento latinoamericano, es un derecho humano. Por eso, no hablamos de recurso y sino que hablamos de derecho, como se planteó en la conferencia de Río, de la ONU, en donde el gran debate era si el agua era un alimento o un derecho”, recordó el dirigente.

“Es un derecho porque el día que digamos que el agua es sólo un alimento entra dentro del mercado y entonces esta sujeto a la oferta y la demanda y a los procesos de plusvalización: el que tiene dinero accede el que no tiene dinero no, algo tan viejo como la misma idea de mercado. Y nosotros consideramos además que es un derecho humano y un bien común. Por lo tanto, el agua tiene que estar por fuera de todo proceso de tarificación”, resaltó.

Pum para abajo

Para Stancich, de Los Verdes, el agua “debe ser un servicio público y tiene que haber una parte de inversión del Estado para garantizar eso, porque el agua es fundamental para la salud. Las redes de saneamiento en diferentes países se han realizado con una gran inversión pública”, plantea la especialista y contrapone: “Aquí hubo una disminución del aporte del Estado provincial a los proyectos de agua, eso es objetivo. Ese aporte en términos porcentuales con respecto al presupuesto general en la provincia ha ido disminuyendo. Nosotros entendemos que hay una situación inflacionaria y demás pero los aumentos que se han ido dando en la tarifa del agua supera lo que ha sido la inflación y ha disminuido el aporte en cuanto infraestructura”.

Para la ex integrante del Taller Ecologista además, hay moras de la gestión en “la cuestión de establecer un uso responsable del recurso hídrico”, que debería ser parte de la política comunicacional, para generar conciencia y mejorar los controles con más medidores.

Esperanza que se escurrió

Rinaldi, del Taller de Comunicación Ambiental rememoró “la gran lucha que terminó con el plesbicisto no vinculante, que votaron las 15 localidades santafesinas, para que los franceses se vayan”. “Y eso fue decisivo ya que poco después el gobernador (Jorge) Obeid tomó la decisión de expulsar a la Suez por una sumatoria de cuestiones además. Lo clave fue que la mayoría de la organizaciones pedíamos una empresa estatal pero con control de la ciudadanía y no se si esto quedó claro todavía. Desde 2008, el Estado ha invertido cada vez menos y tampoco se pudo cumplir un control fuerte de la ciudadanía”, evalúa el periodista especializado en temas ambientales.

“Si a eso le suma los aumentos permanentes a los usuarios es como que la desilusión se agiganta porque estamos en una región de agua en la segunda cuenda de agua dulce de América después del Amazonas, estamos en un lugar que podríamos decir privilegiado, bendecido. Ahora, es increíble que haya poblaciones de nuestra provincia de Santa Fe, a pocos kilómetros del río, o en la misma Rosario, que no tengan acceso al agua”, agrega Rinaldi.

Aguas que no has de beber

Faccendini subraya: “Hay un dato muy importante y conceptualizador: si decimos que el agua es un derecho universal tenemos que decir que es un problema de salud pública y es un problema ambiental, el no acceso a ella. El derecho público al bien común (el acceso al agua) afecta las poblaciones que en la provincia de Santa Fe que ni tienen ningún acceso a agua segura, y a los 100 mil rosarinos que en período estival no tienen acceso incluso en barrios que, ahora, en período invernal, no tienen acceso seguro al agua como por ejemplo el barrio Libertad, barrio Toba, Tío Rolo, entre otros, lo que implica una lesión ambiental a la salud pública y a este derecho universal”.

“Entonces –continua Faccendini– con este razonamiento, se trata de un problema de presupuesto público del Estado, y no puede ser sometido a un proceso de tarificación como se va a plantear en la próxima audiencia publica, la semana que viene. Porque pregunto: ¿El derecho humano a la salud público o a la educación, se somete a audiencias públicas? ¿Se le exige factura al vecino por la educación de sus hijos o por la atención en un hospital publico?”, se preguntó.

Artículo publicado en la edición 152 del semanario El Eslabón.

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