La Cámara de Casación ratificó en un fallo que las causas en que se investigan delitos vinculados al narcotráfico deben ser asumidas por la justicia federal, tal como lo solicitara el fiscal Juan Patricio Murray.
La decisión respalda así la posición de Murray en la controversia suscitada por la injerencia de la justicia provincial en casos ligados al narcotráfico, como el del asesinato del Fantasma Paz, o el atentado a balazos contra militantes del Movimiento Evita en el barrio Nuevo Alberdi, e impone el deber de asumir este tipo de causas al juez federal Marcelo Bailaque, de demostrada renuencia a hacerse cargo de las mismas.
En declaraciones de este miércoles a radio AM 1330, el criminólogo y ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, explicó que el fallo respalda la posición de Murray porque se trata de “delitos conexos a la narcocriminalidad, esto es la actividad criminal principal de los sospechosos” y “los temas de narcocriminalidad o drogas son de competencia excluyente de la justicia federal”.
Font señaló que hay “toda una disputa que se instaló en la ciudad de Rosario” que fue generada por el gobierno provincial “con un sector de la policía y logrando órdenes de allanamiento de jueces provinciales, sobre todo el juez Vienna”.
Recordó además que la gestión provincial “se dedicó en buena parte del 2013 a hacer allanamientos en lugares donde había investigaciones federales en curso sobre drogas”.
“La estrategia provincial fue un fracaso y lo demuestra que tuvieran que venir las fuerzas federales a hacerse cargo de la situación en Rosario”, acotó el experto, y aseguró que “la estrategia judicial va en la misma dirección”.
El ex funcionario provincial consideró que “Murray cumplió con su deber”, al tiempo que advirtió que con el accionar del gobierno provincial se están “arruinando investigaciones federales que son complejas y llevan un año, o dos, o tres para desbaratar bandas y organizaciones”.
“Murray planteó que la competencia era federal porque era la única manera de investigar adecuadamente”, interpretó por último, Font.
En un pasaje del fallo, dado a conocer este miércoles por el suplemento local del diario Página 12, los camaristas sostienen que «no se trata de convertir a los tribunales federales en fuero de atracción de cualquier delito común que pudiera ser conexo a uno federal, como lo señalaron los magistrados como obstáculo de procedencia del pedido de inhibitoria, sino de observar las normas constitucionales y procesales, nada más que con sentido común, al que siempre lo guía la razón».
«Además –añaden– todo se enmarca en la delicada situación que atraviesa Rosario, por las consecuencias del accionar de estas mismas organizaciones criminales, los cuales incluyen, connivencia de la policía local y graves episodios de violencia e inseguridad que afectaron no sólo a los referidos testigos de la causa federal, sino a la población en general, y que, por su gravedad, ha suscitado la intervención directa del Estado nacional en ese territorio provincial a través de procedimientos coordinados entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaria de Seguridad Interior, las fuerzas de seguridad federales, jueces federales, y representantes del Ministerio Público Fiscal, entre los que se encuentra el propio incidentista, Dr. Murray».
