Tras conocerse la renuncia de Marcelo Vorobiof el gobernador de la provincia sostuvo que no hubo auditorías que detectaran irregularidades en el ente portuario. Sin embargo, sí hubo informes internos de la Sindicatura General que reflejaban claramente los hechos que hoy investiga la justicia. En los meses de junio de 2012 y 2013 esos informes advertían sobre las empresas fantasmas como Rumbo Portuario, la discrecionalidad para entregar terrenos y compras directas difíciles de justificar. Pero no se tomó ninguna medida y se sostuvo a Vorobiof, exaltando su gestión.
Finalmente, Marcelo Vorobiof dejará de presidir el Consejo Directivo del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, luego de ser designado por Hermes Binner, en 2010, y por Antonio Bonfatti, en 2011, para ocupar ese cargo. El propio Vorobiof confirmó su alejamiento en sendas entrevistas con los diarios El Litoral y Uno, en las que aseguró que cumplió «todos los objetivos» que se había trazado y agradeciendo el «total apoyo» de Bonfatti. Su renuncia, aseguró, es para «descomprimir» la situación en torno al puerto, jaqueado por las denuncias por irregularidades en su gestión.
La información periodística que había trascendido la semana pasada dejó en claro que los titulares de las empresas que recibieron millonarias obras del puerto se dividen en familiares directos y prestanombres: en esta última figura entra Aníbal Daniel Carioliche, al frente de Rumbo Portuario y preso por homicidio.
La renuncia dio paso a las declaraciones oficiales. El intendente, José Corral, volvió a respaldarlo: «Valoramos mucho los avances, valoramos positivamente la gestión de Marcelo Vorobiof», destacó.
Bonfatti, en cambio, decidió hacer un pase de facturas público a la Unión Cívica Radical, la fuerza política aliada en el seno del Frente Progresista Cívico y Social: «Barletta había propuesto el nombre de Vorobiof, nos pareció un buen nombre y lo confirmamos durante nuestra gestión». Una poco sutil manera de tratar de despegarse del renunciante y cargarle el peso a Barletta, en el marco de una interna política que recrudece cada vez que se acerca un año electoral.
Cuando un periodista le preguntó si habían existido auditorías que advirtieran a la provincia sobre las irregularidades en el puerto, respondió: «No hubo ninguna auditoría porque es un ente público no estatal. No hay informes oficiales de la sindicatura porque no le corresponde intervenir. Vamos a seguir con la transparencia que nos caracteriza».
Es cierto que la Sindicatura General de la Provincia no hizo ninguna auditoría. Pero sí realizó informes en los meses de junio de 2012 y 2013. La SIGEP, que es el órgano de control interno del gobierno, desnudó todas las irregularidades que hoy investiga la justicia. Pese a esos informes, que fueron presentados en la Dirección Provincial de Entes Portuarios y Túnel Subfluvial, que depende del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, el Ejecutivo decidió no actuar.
Rumbo Portuario
La más emblemática de las empresas fantasmas montadas durante la gestión Vorobiof. El domicilio de la misma fue allanada y se demostró que allí sólo hay una casa de familia. El gerente de la firma es Sergio Vázquez, su yerno, y uno de los titulares está preso por un homicidio.
Ya en 2012 la SIGEP remarcaba que «la presentación de Rumbo Portuario ante los organismos oficiales pertinentes (AFIP, API, Registro Público de Comercio) son de fecha posterior a la oportunidad de presentar ofertas (implica que no estaba regularmente constituida al momento de observar y no puede decirse que a la fecha lo esté)».
En junio de 2013, un año después, la SIGEP remarca que el capital social de la empresa es de 100 mil pesos y que las dos obras que le fueron adjudicadas (una de ellas un día después de su creación) ascienden a «un monto cercano a los 600 mil pesos. Además, sostiene que «el objeto social con el que se constituyó es notoriamente incompatible con las gestiones adjudicadas por el EAPSF».
Allí también aparece Casco Felipa, empresa que pertenece a la concuñada de Vorobiof, y que también se vio beneficiada con obras adjudicadas por el ente.
¿Público o privado?
Tras el primer informe de la SIGEP el ente portuario respondió. Si bien la respuesta no aparece de manera textual en el siguiente informe de la Sindicatura, se entiende que la «argumentación» del ente fue similar a la que hoy esgrime Vorobiof en los medios: que el puerto no es una repartición pública, por lo que no lo comprenden las generales de la ley.
La respuesta de la SIGEP es contundente: «Que se trate de una persona pública no estatal no implica que su accionar se equipare a una persona privada. Por el contrario el Estado Nacional se desprendió de una parte de su función administrativa y la delegó en los entes administradores. La materia continúa siendo pública e incluso estratégica, por ello sigue sujeta a determinados principios del derecho público, sobre todo en materia de contrataciones».
Caro Engler UTE
Otra empresa que se vio beneficiada por la administración del Puerto de Santa Fe es Caro Engler UTE, que el 21 de octubre de 2011 firmó un contrato para la “construcción de calles internas dentro del predio del puerto y obras secundarias, por la suma de 10.945.160 pesos”.
La firma incumplió los términos del contrato, perjudicando el avance de la obra. Los técnicos del ente portuario verificaron ese incumplimiento. Pese a esto, se les pagó igual: cuando Caro Engler UTE había realizado “entre un 10 y 15 por ciento” de la obra, el EAPSF ya había abonado el 40 por ciento de lo acordado. El 24 de agosto de 2012 ocurrió uno de los hechos que más complica a Vorobiof: se labró un acta entre él y la empresa, en la cual se reconoció el retraso de las obras, se prorrogó el plazo de ejecución y se le abonó 900 mil pesos a la firma como “anticipo”. Este acuerdo se rubricó sólo con la firma de Vorobiof, sin la aprobación del directorio.
Para la SIGEP, «los graves incumplimientos de la empresa constatados por el ente mediante el informe de sus organismos técnicos y legales facultaban al ente a rescindir el contrato por culpa de la empresa Caro Engler UTE». Además, agrega que «se tornaría cuestionable el reconocimiento de 600 mil pesos que el ente abonó a la empresa». También expresa sus dudas respecto a una autorización que el puerto pidió al Banco Central para comprar 710 mil dólares, cuando la deuda con la empresa era de 110 mil dólares. «Se deconoce el destino que se le imprimirían a los restantes 600 mil dólares solicitados”, precisa el informe.
Otras irregularidades
En los informes la SIGEP advierte que «la discrecionalidad domina las gestiones de selección de cocontratantes». Esto «se aprecia claramente en el informalismo de muchos de los procedimientos realizados, entre los más llamativos podemos mencionar que el inicio de cualquier gestión vinculada con la transferencia de espacio público en jurisdicción del Puerto se formaliza mediante correo electrónico». Es decir que alcanzaba un intercambio de mails para otorgarle un terreno a un privado en el sector más exclusivo de Santa Fe.
Hay una recomendación de la Sindicatura que resulta hasta graciosa: «Es necesario que la publicidad sobre la posibilidad de acceder a ser usuario de un espacio público bajo jurisdicción del EAPSF sea anterior, permitiendo asegurar la igualdad de oportunidades, la transparencia y la libre concurrencia». ¿A qué se refiere? A que en muchos casos «el EAPSF publicita las transferencias de espacios públicos con posterioridad, publicando un hecho ya consumado», como en los casos de Loginter, Shell CAPSA, Hidrovía y Servicios Portuarios Santa Fe entre otros, en los que «tampoco se contó con el proceso de selección exigido por la norma».
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