A raíz del informe que presentó la Concejalía Popular, el cual reveló un incremento del 68 por ciento en el valor de los alquileres durante los últimos dos años -que superan en diez puntos lo resuelto en los acuerdos salariales-, la misma entidad apuntó contra las corporaciones inmobiliarias al asegurar que el 85 por ciento de los contratos locativos de Rosario violan la ley. Por su parte, las Cámaras Inmobiliarias le tiraron la pelota a los propietarios al acusarlos de ser los responsables de que la renta esté por las nubes.
El informe que publicó esta semana el Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular revela un incremento desde 2012 a 2014, del 68 por ciento en el valor del alquiler de departamentos de uno y dos habitaciones; y un promedio de más del 30 por ciento anual. Según señaló el titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán, se trata de un aumento que está 10 puntos por encima de lo acordado en las negociaciones paritarias.
Por otra parte, desde la Concejalía denunciaron que en el 85 por ciento de los contratos celebrados en la ciudad hay cláusulas que violan la ley. Roldán explicó que “al tratarse de un contrato entre partes en el que se viola la ley y no hay quién defienda la parte perjudicada, se denomina abuso del derecho”. Consultado por este medio, Roldán especificó que la principal cláusula que viola la Ley Nacional de Alquileres es la indexación encubierta. “La ley sufrió dos modificaciones por emergencia económica. La primera en 1991, y la segunda en 2002. La última modificación es la que plantea que no se puede hacer indexación en los contratos de alquiler, y es lo que se observa habitualmente en los contratos como bonificación. Como la ley, además, establece que se debe fijar el mismo precio durante 24 meses, lo que hacen las inmobiliarias es fijar un precio inflado y una bonificación para el primer año”, recordó el ex concejal.
En ese orden, enumeró los abusos más comunes en los contratos locativos como “hacerle pagar al inquilino las cargas tributarias como el impuesto inmobiliario; el pago de un depósito en garantía y la cantidad de meses que de ahí cobran; los intereses que pretenden cobrar por las moras en el pago, y por último, las comisiones que las inmobiliarias se cobran por encima de lo que establece la normativa”, detalló.
Junto al informe anual que la Concejalía realiza desde hace doce años, se sumaron una serie de propuestas que ya fueron presentadas en asambleas celebradas en el Concejo Municipal, con los actores involucrados. Se trata de la creación de un Registro de Contratos Locativos, un Servicio Público del Alquiler y la figura de la Vivienda Pública en alquiler.
“La competencia del alquiler en sí mismo, como es un contrato entre partes, lo rige el Código Civil que por ley es nacional, y las jurisdicciones no pueden participar, pero nosotros creemos que sí lo pueden hacer a través de medidas que tiendan a democratizar el alquiler, que lo hagan más digno, más justo y no siempre en beneficio del más fuerte. Quienes actúan en ese sentido son los actores que intermedian y que son las corporaciones inmobiliarias que se quedan con la renta más importante”, señaló Roldán.
“Por eso planteamos que exista una regulación por parte del Estado municipal a través de dos instrumentos: primero la creación de un Registro de contratos locativos, que supone saber la cantidad de contratos que hay en Rosario y qué tipo de cláusulas abusivas figuran en esos contratos, aunque sin meterse en el valor del alquiler, porque eso sí está establecido por ley, y se rige a través de la oferta y la demanda”. En este sentido, Roldán sugirió que la modalidad sea “poner un precio en virtud de los acuerdos salariales, o basarse en el derecho constitucional que tenemos todos a una vivienda digna, establecer que el alquiler para personas que no tengan dónde vivir no sea un negocio”. Al respecto consideró que “si lo que quieren es un negocio, que lo hagan con cuestiones suntuarias, con departamentos de lujo, frente al mar o el río, en un emprendimiento turístico; pero no para aquellos que tienen la necesidad de satisfacer un derecho social, que es el de la vivienda digna”, opinó el referente.
Los alquileres por las nubes
Según el informe de la Concejalía en todos los barrios de la ciudad, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, los alquileres de departamentos de un dormitorio aumentaron un 32,86 por ciento. Cuando se discrimina por sectores, en el centro el incremento fue del 32,97 por ciento. En el macrocentro, un poco mayor, del 33,83 y en los barrios, hubo aumentos del 28,3 por ciento en promedio.
En cuanto a los departamentos de dos dormitorios, el aumento general fue de 27.72 por ciento. En el centro trepó a 29,22; en el macrocentro el incremento fue del 21,31 y en los barrios subió un 22,2 por ciento.
Por otra parte, el estudio de la CP advirtió que en el último año se han volcado al mercado inmuebles que no cuentan con el servicio de gas, de acuerdo a las nuevas exigencias impuestas por la empresa Litoral Gas a raíz de la explosión de Salta y Oroño, a un precio más bajo en comparación con unidades que cuentan con la totalidad de los servicios.
El negocio de la propiedad ajena
El estudio de la Concejalía Popular que fue recientemente publicado tuvo repercusión en el sector inmobiliario, cuyo máximo referente deslindó a las empresas de todo tipo de responsabilidad en el aumento voraz de los alquileres. “Tienen que ganar menos”, sostuvo Carlos Rovitti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias, al referirse a los propietarios.
“Queremos transmitir a los propietarios que lamentablemente tienen que ganar menos, que no sigan con los aumentos indiscriminados. Es lo que podemos hacer nosotros, recomendarles esto porque los valores están sujetos al mercado, a la ley de oferta y demanda”, dijo el empresario a Radio 2.
“Le decimos a los propietarios que los alquileres deben subir en un 25 por ciento, para acompañar las paritarias”, señaló Rovitti quien además presentó el último viernes un modelo de alquiler,en el marco de una asamblea impulsada por el presidente del Concejo Municipal, Miguel Zamarini.
“Lo que nosotros vemos por parte de las Cámaras Inmobiliarias es que hay un intento de mejorar su imagen para con la sociedad y además mostrar que ellos no son los responsables”, disparó el titular de la Concejalía Popular, a modo de respuesta a las declaraciones del empresario Rovitti.
“Si me preguntas quiénes son los principales responsables de esta situación en primer lugar son los sectores de la intermediación y la especulación, que son las grandes corporaciones inmobiliarias; y en segundo lugar la falta de políticas públicas que permitan garantizar el acceso a la vivienda digna”, sostuvo Roldán al asegurar que “en los casos de contratos directos entre propietarios y locatarios se registran muchos menos abusos de derecho que cuando hay intermediación”.
Además, recordó que son “las Cámaras Inmobiliarias las que se niegan a hacer un Registro de Contratos Locativos porque dicen que a quienes ellos representan no quieren dar su identidad, pero ellos no representan solamente a los propietarios, ellos representan a ambas partes”.
Artículo publicado en el semanario El Eslabón de este sábado.
