“Hemos llegado a tales niveles de violencia que los mismos fiscales solicitan chalecos antibalas como medio de prevención”. Así sintetizó el concejal Diego Giuliano (Rosario Federal), el principal fundamento de la ordenanza que el Concejo aprobó en su última sesión. La iniciativa encomienda al Ejecutivo local que diligencie esta medida, solicitada en febrero ante la Provincia.
Mientras en el Palacio Vasallo pedían apurar la entrega de chalecos antibalas, en Capital Federal los ediles Roberto Sukerman y Héctor Cavallero exponían sobre la cuestión junto a una comitiva que integró el diputado provincial y candidato a concejal, Eduardo Toniolli, con un tema como eje: el retorno de Gendarmería. El pedido lo había hecho horas antes la intendenta Mónica Fein, en el sesgo pendular de una gestión que meses atrás criticó la actuación de esas tropas en la ciudad.
Ambas y simultáneas actividades operan como botón de muestra. Para Giuliano, que preside la Comisión de Seguridad, no pasa semana que ese espacio no oficie de caja de resonancia. Hasta allí llegan vecinos, comerciantes y organizaciones civiles para exponer de primera mano vivencias duras y complejas de una realidad que no logra amortiguar la violencia.
En ese marco, son los ediles los que ahora quieren que los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación les informen el estado de situación, como así también requieran la colaboración de las autoridades locales.
“Encomendamos al Ejecutivo que se dirija a la Provincia a efectos de cumplimentar lo requerido por los miembros del Ministerio Público de la Acusación de Rosario en relación a la adopción de medidas de seguridad preventiva y la provisión de chalecos antibalas”, ese fue el texto que aprobaron los ediles. Y que termina con un colofón inquietante: “ante la violencia que experimentan en las escenas de los delitos en los que deben intervenir”. Ese es justamente el tema de fondo en toda su complejidad, la reconfiguración de la violencia.
“Los miembros del Ministerio Público de la Acusación manifiestan que la violencia se ha instalado en la ciudad como forma de resolución de conflictos”, explicó el edil. Además, dijo que los fiscales pidieron los chalecos antibalas en febrero, después de pasar dos sobresaltos seguidos al esquivar balaceras en el mismo momento en que estaban realizando las investigaciones.
Doce años no es nada
El concejal Osvaldo Miatello (Compromiso por Rosario) sacó a la luz el reclamo que vienen realizando los médicos encargados de certificar los controles de alcoholemia. Son seis profesionales que cumplen 70 horas semanales, nocturnas, con un contrato de locación de servicio en el área de Tránsito y que anhelan convertir en relación laboral. Algunos llevan 12 años asistiendo en los controles y ya hicieron oír su pedido en varias ocasiones, con una particularidad, jamás recibieron respuesta por parte de la Municipalidad.
Miatello había preparado un proyecto de decreto donde pedía en forma directa “regularizar” esa situación, pero el oficialismo condicionó su apoyo a bajar unos cuantos tonos y al final el Cuerpo aprobó un pedido de informes sobre el tema.
Según Miatello, los profesionales son los responsables, con firma y sello, de certificar un control positivo, incluso de realizar una historia clínica. Los inspectores que completan el operativo no están habilitados para realizarlos sin la presencia de los médicos.
Lo más llamativo es que nunca obtuvieron respuesta, ni siquiera un no. “Acompañé varios de sus reclamos en estos últimos años”, explicó Miatello. Y dijo que al menos logró que el Concejo se expida con un pedido de informes. ¿Los responden? “A veces sí, otras no y casi siempre muy tarde, pero por lo menos logramos encender una luz de alarma, si nunca les respondieron significa que no les prestaban atención, ahora van a sentir que estos médicos no están solos”, explicó.
Cooperativos dentro y fuera de las rejas
Después de varios intentos, el Palacio Vasallo dio un visto bueno que era esperado por mujeres y varones detenidas. Ahora cuentan con autorización para comercializar los trabajos que realizan en las distintas ferias artesanales de la ciudad a través de un formato cooperativo del que participan talleristas que trabajan en los penales, personas que están en libertad condicional y, por supuesto, los detenidos.
Se trata de una ingeniosa articulación que potencia el proceso de resocialización para quienes no tuvieron demasiadas oportunidades en la vida, más aún, a veces, no tuvieron ninguna. La medida fue impulsada desde hace tiempo por la organización no gubernamental Mujeres tras las Rejas.
Ahora, el Concejo aprobó un marco de derecho para que mujeres y varones detenidos puedan comercializar sus artesanías. ¿Cómo salvar el hecho de que no pueden hacerlo por sus propios medios?
Con un formato cooperativo del que, además de la ONG, participan talleristas que trabajan en diferentes penales del sur de la provincia de Santa Fe (Cárcel de mujeres, Unidad Regional N°3 y Piñeiro) y personas que están en libertad condicional para quienes también se está gestionando una beca.
“Es un proyecto fabuloso que estuvimos trabajando junto a la concejal Daniela León”, explicó Virginia Massau, desde la Coordinación de Ferias de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad.
Según Massau, el proyecto que nació impulsado por Mujeres tras las Rejas también alcanza a varones detenidos que producen objetos artesanales de alta calidad. Los productos están disponibles en algunas de las ferias de la Secretaría de Cultura, como la del Bulevar (Oroño y Rivadavia).
Para sus impulsores, haber obtenido autorización para comercializar los objetos que producen en prisión representa una oportunidad de resocialización que, además del sustento, permite revertir “situaciones de discriminación y violencia a las que en muchas circunstancias son expuestas las personas privadas de libertad por el sólo hecho de cumplir penas”.
A caballo de la vida
En el predio del ex Batallón 121 funciona la Asociación de Equitación Integral Rosario (Adeir) que desarrolla desde hace años sus actividades de integración, deporte y rehabilitación para personas con discapacidad. Pero el Plan Especial de Reordenamiento Urbanístico aprobado para el histórico y extenso sitio no los contempla y dispone en su lugar de dos canchas de fútbol.
La situación encendió la luz de alarma y Adeir elevó una nota con decenas de firmas a la Cámara de Diputados de la provincia. “Solicitamos ayuda para poder permanecer en las dos hectáreas ubicadas en el Ex Batallón 121”, escribieron. Y explicaron que en Rosario “no existen pistas de equitación similares, a excepción de las que tiene el Jockey Club y el Club Hípico San Martín, ambos privados.
Según Adeir, en la actualidad rehabilita a unos 150 niños y la actividad fue reconocida como terapia por más de diez obras sociales. “Lo más importante es que los niños de muy bajos recursos hoy pueden disfrutar de una rehabilitación considerada de primera línea a nivel mundial”. Con semejantes pergaminos, la asociación dijo sin rodeos que los quieren sacar del lugar o, al menos, no previeron que lo ocupaban.
El pedido tuvo eco en el Concejo y los ediles de la comisión de Planeamiento ingresaron un proyecto de ordenanza para “modificar la ordenanza del reordenamiento del Ex Batallón 121 de manera tal que se preserve la pista de equitación existente, un lugar histórico donde se vareaban los caballos, además de los treinta boxes de caballeriza y la casa de los cuidadores, para que se pueda mantener la actividad de equinoterapia”, explicó la edila Daniela León, portavoz de la comisión que recogió el guante de Adeir.
La casilla perdida
El concejal Aldo Pedro Poy (PDP) pide que se reponga el casillero para el voto en blanco en la boleta única. Los ediles apoyaron su resolución para solicitar al gobernador Antonio Bonfatti que remita a la Legislatura un proyecto de ley al respecto. “Nos pareció que no fue acertado haberlo sacado, porque puede haber confusión, es para dar mayor claridad”, explicó.
Fuente: El Eslabón.
