Organismos de derechos humanos de Santa Fe, Bahía Blanca y La Pampa, se pronunciaron por la continuidad en el cargo de la Procuradora General de la Nación, y rechazaron todo intento de «remoción compulsiva».
Este miércoles el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, rechazó el intento de Mauricio Macri de desplazar de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no sólo porque contradice «su discurso republicano sobre la independencia de los poderes», sino que apunta a «obstaculizar los juicios de lesa humanidad» y a convertir a Ministerio Público Fiscal en un «títere del Poder Ejecutivo».
«Expresamos nuestro amplio apoyo a la continuidad de Gils Carbó y bregamos para que esto sea un verdadero clamor nacional en defensa de los derechos humanos y de la Constitución Nacional», expresó el Foro que integran Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y otras agrupaciones de derechos humanos, sociales y políticas.
Además, según el Foro santafesino, la presión de Macri para desplazar del cargo a la Procuradora es inusual porque el cargo no está en «el ámbito del Poder Ejecutivo», como indica respecto del Ministerio Público Fiscal el artículo 120 de la Constitución Nacional.Ese artículo, indicaron, establece que «el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República». Además, el Foro santafesino recordó:»Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones».
Por otra parte, se sumó la declaración de organismos bahienses como la APDH, H.I.J.O.S. y Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y también el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
«La Procuradora fue elegida para su cargo casi por unanimidad del Senado y de acuerdo a la Constitución Nacional, y sólo es posible su remoción a través de un juicio político perfectamente fundamentado». Para los firmantes del documento, «es relevante que quienes se dicen defensores de las instituciones y la República (en alusión a exponentes «del nuevo gobierno electo del PRO») hablen de una remoción compulsiva de la funcionaria, cuando no es injerencia del Poder Ejecutivo dicha acción».
Este intento de desplazamiento «pone en juego a la Procuradora de la Nación, conllevando la obstaculización y freno de los juicios por delitos de lesa humanidad y el avance en el enjuiciamiento a los civiles gestores y participes de la dictadura genocida», señalaron.
En el documento también se declara «estado de alerta permanente y dispuestos a resistir cualquier resolución contraria a la lucha que llevamos adelante, como lo hicimos durante los 20 años en que estuvieron en vigencia las leyes de impunidad de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos».
«No resignamos ni resignaremos uno solo de los avances logrados en los 32 años de democracia y mucho menos en estos últimos 12 años», expresó el pronunciamiento enmarcado en «la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la Constitución Nacional».
Fuente: Telam
