Un testimonio que se llevan las topadoras

Foto: Andres Macera

“Soy testigo de la causa Klotzman-Barral, necesito hablar con alguien de El Eslabón”, fue el mensaje que ingresó a la bandeja de entrada de la cuenta en facebook de este semanario. Era el lunes 8 de febrero. Al día siguiente, Fernando Brarda, sobreviviente de un Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó durante la dictadura en las afueras de la ciudad, en San José de Calasanz al 8000, explicó su denuncia: “Están demoliendo la Quinta Operacional de Fisherton”. El sitio forma parte del expediente “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otro s/ Privación Ilegal de la libertad, violencia, amenazas, torturas y desaparición física (caso: Klotzman, Ricardo H. y otros”, Expte. n° 21/06 y acumulados), en el que se investigan, entre otros crímenes de lesa humanidad, los cometidos en ese lugar por el que pasaron, antes de ser desaparecidos, un grupo de jóvenes hombres y mujeres, en su mayoría militantes del PRT-ERP, y donde se robaron dos bebés nacidos en cautiverio.

Las imágenes que ilustran esta página, tomadas el pasado miércoles 10 de febrero, dan cuenta de la demolición del ex CCD identificado por Brarda en 2003 (ver nota aparte). De lo que fue aquella quinta operativa que estuvo bajo el mando del Batallón 121 del Ejército en el mes de agosto de 1976 –según consta en el expediente–, sólo queda un derruido baño y una enorme pila de escombros. El sitio formó parte de un circuito represivo comandado por Leopoldo Fortunato Galtieri y Ramón Genaro Díaz Bessone, que incluyó La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia, Fábrica Militar Domingo Matheu y Escuela Magnasco, por los que pasaron cientos de detenidos-desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado.

“La Quinta Operacional de Fisherton, como otros ex centros clandestinos, era un testimonio real y concreto de lo que ocurrió durante la dictadura, una prueba palpable para el juicio, que está a punto de comenzar”, indicó Brarda, quien se quejó además de que “ni siquiera avisaron a los testigos y familiares de los que estuvimos ahí”.

Según las fuentes vinculadas a la causa, consultadas por El Eslabón, después del reconocimiento del ex CCD la Justicia federal dictó una “medida de no innovar” para preservar el sitio. Aunque las mismas fuentes corroboraron esta semana que esa medida, sin que se enteren los familiares y testigos, fue levantada en el año 2009, lo que habilitó a sus propietarios a disponer de ese inmueble.

El expediente

En la causa Klotzman-Barral se investiga casi toda la gama de delitos de lesa humanidad que perpetró la dictadura cívico militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, entre ellos, la sustracción de un niño de 10 años, supresión de identidad de al menos otros dos nacidos en cautiverio, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, seguidas de tormentos contra 22 detenidos-desaparecidos y 24 homicidios.

En el expediente se acumularon varias causas por diferentes hechos, víctimas e imputados que se cruzan en el marco de la misma investigación, que en la medida en que fue avanzando fue dando cuenta de la sistematicidad del plan genocida, y la ligazón entre unos sucesos y otros. Allí se inscriben los casos denunciados de la Quinta Operacional de Fisherton, como los secuestros, tormentos y desaparición de Liliana Beatriz Girardi, de la pareja Ricardo Horacio Klotzman y Cecilia Beatriz Barral (más la apropiación de su bebé, que posteriormente fue recuperada); de la pareja compuesta por Ricardo Machado y María Laura González (también embarazada cuyo bebé, hoy joven, sigue siendo buscado); y de la detención del propio Fernando Brarda.

El juicio

La causa Kolztman-Barral, que ya se encuentra elevada al tribunal oral –se espera que en el curso de este año comience el juicio–, tiene como acusados al Capitán del Destacamento de Inteligencia 121, Jorge Alberto Fariña; el Subinspector en la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, Federico Almeder; el agente de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, Rubén Oscar Jaime; el agente de Inteligencia de la Policía Federal, Rene Juan Langlois; el inspector de la Policía Federal, Enrique Andrés López; y el sargento de la Policía Federal, Luis Paulino Coronel.

Según explicaron a este medio integrantes del equipo jurídico de HIJOS Rosario, consultados para esta nota, en estas jornadas las diferentes partes del proceso se encuentran haciendo lo que se denomina el “ofrecimiento de pruebas”, que es la última instancia antes de que comience el juicio oral y público. “Teníamos previsto pedir la realización de una inspección ocular a la Quinta Operacional de Fisherton, que ante esta noticia que nos acabamos de enterar, claramente ya no será lo mismo”, reconocieron desde la organización.

En todos los juicios realizados hasta el momento en Rosario, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, se realizaron reconocimientos visuales en el lugar de los hechos. Pero cuando comience la causa Klotzman-Barral, ya no se contará con la Quinta Operacional de Fisherton.

Un video y los planos

Aunque no es lo mismo para los familiares, testigos y querellantes, ni para los jueces a la hora de situarse en el lugar, ni para la ciudad que acaba de perder uno de los lugares denunciados como testimonio histórico de lo que fue el terrorismo de Estado en la región, de los allanamientos a la Quinta Operacional de Fisherton recientemente demolida quedó un registro en formato de video y los planos del inmueble, que integran el expediente. Esos elementos serán ahora centrales para dar cuenta del lugar que ya no está en pie.

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Fuente: El Eslabón