El cuerpo de ediles cumplió con las dos sesiones extraordinarias previstas por reglamento pero no logró mayoría para dos temas controversiales. Para aportar al control de la inflación, se aprobaron nuevas facultades para la Oficina de Defensa del Consumidor.
El Concejo cumplió esta semana, en un mismo día, con las dos sesiones extraordinarias que prevé el reglamento. Justamente por tener esas características necesitaba de mayoría especial –21 de 28 bancas– para dar curso a temas controversiales: la prórroga del estacionamiento medido y la adhesión local a la ley provincial de descanso dominical. Como ese porcentual no se consiguió, los dos asuntos quedaron para la primera sesión ordinaria, del 10 de marzo; y la siguiente para el jueves 3, cuando la intendenta Mónica Fein dé por inaugurado el año legislativo de la ciudad.
En medio de un calor que no daba tregua, el Concejo era un trajinar, iban y venían ediles, asesores, periodistas y quienes están refaccionando el Palacio Vasallo, entre maderas y muebles. La sesión comenzó recién a las 19, con una agenda abultada generada en la previa, es decir, en la reunión parlamentaria. Fueron 280 expedientes, varios con formato de declaraciones, decretos y solicitud de cumplimiento de ordenanzas. Algunas de las iniciativas venían del año anterior.
La preocupación por el dengue, zika y chikungunya cosechó varios proyectos, como agilizar la importación de la droga para que la ciudad pueda producir repelentes de larga duración para su distribución gratuita, en el Laboratorio de Especialidades Medicinales Municipal (LEM), además, de la intensificación de campañas para profundizar la concientización, de los concejales Horacio Ghirardi, Carlos Cossia y Jorge Boasso.
Otro tema de coyuntura que estuvo presente en el Concejo fue el incendio del edificio de calle Laprida 972 y, por iniciativa del edil Diego Giuliano, se aprobó la gestión de créditos especiales para los afectados. También hubo pronunciamientos sobre la situación de los empleados de la línea aérea Sol y ante el eventual cierre del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Villa Moreno, y que afectaría el ejercicio de los derechos de los sectores más vulnerables de la ciudad. Ambos temas fueron propuestos por la concejala Norma López y el bloque Ciudad Futura, respectivamente, y antecedidos por debates en el Pleno.
Por su parte, el concejal Eduardo Toniolli logró la adhesión para una jornada debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009, fruto de la construcción colectiva y horizontal, a lo largo de tres décadas, y enriquecida con iniciativas de la sociedad civil. Del mismo edil hubo un pronunciamiento por los empleados despedidos de los Centros de Documentación. También del titular del PJ rosarino es la solicitud de realizar una jornada debate sobre la ley provincial N° 13.392, sobre Centros de Estudiantes, para discutir avances y obstáculos.
La preocupación por la inflación inusitada en productos de primera necesidad y de consumo masivo, también tuvo su espacio en la propuesta de la edila Carola Nin, encomendando la elaboración de un índice propio de precios a la Oficina Municipal del Consumidor. Se trata de monitorear el costo de los elementos que componen la Canasta Básica Alimentaria en Rosario. La información recabada será bimestral, incluirá ofertas disponibles y se publicará en la página web del Concejo Municipal y demás medios de difusión.
En el mismo ámbito de preocupación por los consumidores, el Concejo también aprobó la iniciativa de Toniolli, para que la Provincia delegue competencias a la Municipalidad de Rosario para el control, vigilancia y sanción de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, hecho que le permitirá ejercer poder para multar y censurar los casos que la inflingan. “Ante el nuevo escenario inflacionario, los usuarios y consumidores necesitan de un Municipio con más herramientas para defenderlos”, enfatizó el edil del Movimiento Evita.
Además, y en el marco de la incorporación de 38 flamantes unidades al transporte público, se avaló un pedido de informes para conocer la cantidad de colectivos que cuentan con aire acondicionado y un estudio de factibilidad para un recorrido entre la zona sur con lugares como Tribunales provinciales y el Hospital de Emergencias.
Fuente: El Eslabón
