El primer paro nacional contra el Gobierno ídem –¡a sólo setenta días de la asunción de Mauricio Macri!– fue registrado por algunos de los medios de comunicación más importantes en su vínculo con el flamante protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, reducido por la sabiduría popular y la pereza intelectual periodística a “protocolo antipiquete”.
Las razones de la huelga, su carácter prematuro en relación con el tiempo de gestión de Cambiemos, quedaron en un segundo plano. Posiblemente, la mayoría de las audiencias de esos medios no sepan a ciencia cierta por qué convocó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la medida de fuerza. Sí saben, en cambio, que no fueron triturados a golpes quienes adhirieron, a pesar de interrumpir el tránsito.
Durante la tarde del miércoles, cuando transcurría el paro de los estatales contra los despidos masivos en el sector público y el ajuste económico, la señal de cable TN, uno de los más de 200 medios independientes del Grupo Clarín, titulaba en su zócalo: “¿Por qué no se aplica el protocolo antipiquete?”, mientras las imágenes mostraban la numerosa movilización de los trabajadores a Plaza de Mayo, lesiva del libre tránsito.
La pregunta posee, al menos, dos posibles interpretaciones: una, que se trata de un insípido interrogante acerca de las razones por las que se aplica o no una norma; la otra, que en la pregunta subyace el deseo de bastonazos para todos como línea editorial. Que el lector haga suya la que le parezca acertada.
También mientras se producía la marcha de ATE y otras organizaciones por el centro de la Capital Federal, el portal de noticias Infobae titulaba: “Paro de ATE: no aplicaron el protocolo antipiquete y centro porteño fue un caos”. Añoranzas de cachiporras, tal vez.
Menos efusivo, al mediodía del miércoles el sitio web de Clarín daba cuenta del inicio de la concentración. En la bajada, en color rojo, decía “Primer día del Protocolo Antipiquete”. No se traslucían, ocultos, deseos de represión.
El esfuerzo objetivizante no llegó a las 24 horas. En su edición de papel del jueves, Clarín tituló: “Día de cortes pese al protocolo antipiquete”. Algo anda mal en Argentina, pues pese a la existencia de una norma represiva, aún persisten los “días de corte” sin mayores consecuencias para sus protagonistas.
También el diario La Nación vinculó, en su título de tapa referido al tema, la medida de fuerza con la norma represiva del Gobierno, sólo aplicable por ahora a las fuerzas de seguridad federales. Tituló: “ATE marchó contra Macri y puso a prueba el protocolo”.
Página/12, por su parte, informó las razones de la huelga de los estatales. Tras el título “Un paro de primera”, la bajada de tapa sintetizó desapasionadamente: “Convocados por ATE, miles de personas marcharon junto a diversas agrupaciones sindicales, sociales y políticas hasta Plaza de Mayo para reclamar contra los despidos por parte del Gobierno. Es la primera medida de fuerza nacional contra Mauricio Macri”.
Paros eran los de antes
Hasta el año pasado, cuando las centrales obreras enfrentadas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pararon las actividad en reclamo de la suba del mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias –cinco fueron las huelgas por ese asunto, todas en el último mandato de la ex presidenta- los medios concentrados mostraban mayor interés por el acatamiento y la “contundencia” de las medidas.
El Cronista tituló la huelga del 31 de marzo del año pasado: “El paro tuvo alta adhesión del transporte y fue contundente: Moyano celebró y el Gobierno lo sintió”.
Para Clarín, ese día, “El paro por Ganancias tuvo un fuerte impacto”. La huelga del 9 de junio del mismo año mereció esta evaluación del diario fundado por Roberto Noble: “Fuerte impacto del paro en el transporte y la industria”.
De la medida de fuerza convocada por ATE nada se conoce sobre su “impacto”, ni en el gobierno ni en el propio gremio. Del nivel de acatamiento, nada; acerca de su motivación, muy poco.
Por el momento, la preocupación de la gran prensa se centra –al parecer- en la no aplicación de la norma que busca restringir el derecho de peticionar ante las autoridades mediantes acciones directas.
La comparación de este novedoso interés dista, descomunalmente, con las apreciaciones que los mismo medios realizaban de las huelgas del camionero Hugo Moyano contra el anterior Gobierno, cuyo “éxito” se basaba mayormente –¡ay!- en férreos piquetes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y, también, en la adhesión del sector transporte a la medida.
¿Quién gobierna?
En una entrevista concedida hace dos semanas al programa radial Poné la Pava, que produce la Cooperativa la Masa, el periodista Víctor Hugo Morales decía que en esta etapa “los medios son el gobierno”.
¿Qué significa eso? Que el presidente de la Nación aparece como una figura subsidiaria del poder real de las grandes corporaciones, expresado, justamente, en el discurso de los medios hegemónicos de comunicación.
Como demostración, las empresas del poder mediático corren por derecha a Macri, lo que no es poco. Le exigen algo que, desde la política, no resulta tan simple como desde el piso de un canal de televisión, al menos sin pagar elevados costos políticos. Que repriman, que liberen. Se entiende: en este período la liberación no es nacional, sino del tránsito.
Los medios, únicos intérpretes oficiales de lo que piensa “la gente”, expresaron su histeria represiva con un leve pero ostensible apriete al Presidente, al que le demandaron la aplicación de la resolución antipiquete que el mismo Gobierno creó. El cacareo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de que la nueva norma implica que si “en cinco minutos” no se despeja una arteria interrumpida por manifestantes se la liberará convenciendo a coscorrones a los díscolos, cebó a las fieras mediáticas.
La primera manifestación importante posterior a la entrada en vigencia del protocolo fue el paro nacional de ATE, el miércoles. Claro, no es lo mismo la letra de una resolución o el pavoneo ante los medios de comunicación que la realidad. Reprimir a miles de militantes sindicales no es un juego, ni siquiera intentarlo. Los resultados de una medida así son conocidos por las morgues, los hospitales y las mayorías populares.
El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, fue consultado por el diario La Nación sobre la pasividad estatal frente al reclamo de ATE, porque, dice el periódico, “mientras varias calles estaban bloqueadas en el microcentro, en las redes sociales llovieron las quejas de los usuarios por la inacción del Gobierno”.
“El protocolo se entendió mal conceptualmente”, respondió Milman. “Dicen que no rigió pero sí se aplicó: la movilización fue comunicada a la sociedad con anticipación, se delimitaron los horarios y el recorrido de la marcha y se enviaron efectivos a los accesos a la ciudad para que no fueran bloqueados”.
El funcionario progresista en un gobierno conservador amplió: “Se generó una mirada de que el protocolo era represivo, pero en realidad trata de armonizar la convivencia. Estamos satisfechos”.
Menos satisfechos es esperable que hayan estado quienes hicieron “llover” sus quejas en las redes sociales, probablemente la base de sustentación política de Cambiemos que votó, justamente, un cambio, el de tolerancia por palos contra “esos choriplaneros”.
La mirada más equilibrada la dio la dirigente de izquierda Vilma Ripoll, al decirle a La Nación, según la cronista con “una sonrisa socarrona”: “¿Qué protocolo van a aplicar si hay tanta gente?”. Ya van a ser menos.
Fuente: El Eslabón
