El gobierno que surgió del golpe en Brasil ya demostró que en apenas 10 días la topadora neoliberal puede arrasar con muchos derechos obtenidos por el pueblo durante años. Ajustes, ataques a la salud y la educación públicas y cambios en el régimen provisional. El gabinete de Temer, un insulto a la idea de diversidad.
La población femenina es mayoritaria en Brasil. Casi el 51 por ciento, según cifras de 2014, son mujeres. Desde 2011 los afrodescendientes y mulatos pasaron a ser mayoría: de los 191 millones de brasileños (según cifras de 2011), el 47,7 por ciento, 91 millones, se declara blanco, 15 millones dijeron ser afrodescendientes, 82 millones mulatos, dos millones amarillos y 817 mil aparecen registradas como indígenas.
El gabinete del presidente provisional Michel Temer, en cambio, no refleja esa diversidad. Es la primera vez desde los años 70 del siglo pasado que no hay mujeres en el gabinete. Tampoco hay diversidad étnica: son todos hombres blancos. Y además ricos y conservadores. Muchos de ellos CEOs de grandes corporaciones: otra ceocracia en la región. Y además, varios de ellos están salpicados, sospechados, o procesados por casos de corrupción.
De los 23 miembros del gabinete de Temer, siete están procesados o investigados y doce recibieron donaciones de grandes corporaciones involucradas en el escándalo de corrupción de la empresa petrolera estatal Petrobras. De hecho, el propio Temer tiene grandes problemas con la Justicia. El Supremo Tribunal Federal de Brasil analiza la posibilidad de abrir un juicio político contra el presidente provisional, a partir de una demanda que acusa a Temer de irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Con este gabinete de hombres, blancos, ricos, neoliberales y manchados por casos de corrupción el gobierno surgido del golpe está ejecutando un típico plan neoliberal, con recortes y eliminación de planes sociales, cambios en el régimen previsional e intenciones de atacar y destruir la educación y la salud públicas.
De los 31 ministerios que tenía el gobierno de Dilma Rousseff solo quedaron 24. Y los ministerios eliminados, o fusionados, son todo un símbolo: Cultura se fusionó con Educación. Desarrollo Social, una marca de las gestiones de Lula da Silva y de Rousseff, será fusionado con el de Desarrollo Agrario. Y el Ministerio de Derechos Humanos, Políticas para la Mujer e Igualdad Racial fue incorporado al Ministerio de Justicia, que pasó a denominarse Ministerio de Justicia y Ciudadanía.
La ceocracia en marcha en Brasil hace las delicias de los mercados, que saludan, babeantes, la llegada de los hombres de negocios al Poder Ejecutivo. El Ministro de Hacienda, Henrique Meirilles, es hombre de Wall Street y del Bank of Boston, aunque también fue presidente del Banco Central durante 8 años en la gestión de Lula. El presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, es hombre del Itaú Unibanco, el banco privado más grande de Brasil.
“El equipo soñado”, “Impresionante”, dijeron los mercados.
Al frente del Ministerio de Justicia está Alexandre de Moraes, alias el Pitbull. El hombre considera que los manifestantes que cortan calles son “células guerrilleras”. “No sólo encarna una guiñada conservadora, sino una guiñada represiva”, afirma Aldo Fornazieri, profesor de la Escuela de Sociología y Política de San Paulo. De Moraes fue Secretario de Justicia de San Pablo, la policía más violenta de Brasil, con muchas muertes en su haber.
El ministro de Agricultura es Blairo Maggi, conocido como el «rey de la soja». Es uno de los mayores productores del país. Además Greenpeace le otorgó el premio «Motosierra de Oro», por la desforestación que produjo en sus tierras.
“Este es un gobierno extremadamente conservador en lo político y liberal en lo económico. Desde que llegaron están hablando de cortar beneficios sociales, en el caso de la Bolsa Familia hablan de cortar de un 10 a un 30 por ciento (de su presupuesto), ¿saben que significa eso?, significa sacar hasta 36 millones de personas de la Bolsa Familia de un plumazo” afirmó Dilma, en declaraciones reproducidas este jueves 19 por el diario Página 12.
La venganza contra el pueblo está en marcha
El gobierno provisional de Michel Temer ya está haciendo los deberes. El ajuste ya comenzó. La restauración conservadora está en marcha. Los recortes a la inversión social (“gasto” según la jerga neoliberal) son tan feroces como el retroceso en materia de derechos. Y en materia de derechos, la vivienda es uno de los fundamentales. Tierra, trabajo y techo son conceptos fundamentales en este sentido. Por eso los gobiernos neoliberales los tienen en la mira.
El gobierno brasileño decidió esta semana cancelar la construcción de 11.250 viviendas contempladas por el programa social de la suspendida Dilma Rousseff denominado Mi Casa, Mi Vida. La medida, además de estar en línea con el plan de ajuste neoliberal en marcha, tiene un gran valor simbólico. Ataca un área de gobierno en el que la mandataria suspendida tuvo una actuación muy destacada.
El nuevo ministro de Ciudades, Bruno Araújo, revocó una decisión de Dilma que autorizaba al estatal banco Caixa Económica Federal a contratar la construcción de hasta 11.250 viviendas para el programa. Las tijeras están muy activas.
En este sentido, el ministerio precisó que se trata de una “medida cautelar”, pues, a su juicio, la contratación de nuevas viviendas “fue firmada y publicada en los últimos días del Gobierno anterior y sin los recursos necesarios”.
Con la intención de acercarse a sus bases y reencontrarse con las históricas banderas del Partido de los Trabajadores (PT) el Gobierno de Rousseff intensificó las medidas de carácter social en los últimos meses.
En una de sus últimas intervenciones públicas, el pasado 1 de mayo, Rousseff también anunció un reajuste del 9 por ciento en la asignación del Bolsa Familia, el programa del gobierno de combate al hambre, y un ajuste al impuesto sobre la renta que beneficia a los asalariados.
El nuevo gobierno, en cambio, se propone destruir todo lo construido en los 14 años de gestión del PT. La idea es retroceder en materia social y vengar la gran afrenta que el gobierno del PT le produjo a los poderes fácticos: sacar de la pobreza a 40 millones de ciudadanas y ciudadanos. Se terminó la inclusión. Se terminó el populismo. Se terminó la “fiesta”. Así les dicen los neoliberales a la justicia social.
Fuente: El Eslabón
