Una semana a destajo y una sesión similar. Así fue la actividad en el Concejo Municipal, que decidió concentrarse en dar una respuesta “al clamor de los miles de rosarinos que marcharon”. El debate fue a fondo pero primó el consenso. Se declaró la emergencia en seguridad por 180 días y se aprobaron medidas que refuerzan controles, habilitaciones, prevención, contención social y atención a las víctimas. Todo lo que se puede dentro de la incumbencia municipal con respecto al tema, fue el eje del trabajo que unió voluntades más allá del color político.
No hubo eslabón del Estado provincial y local que no acusara recibo de la marcha de miles de rosarinos del jueves 25 de agosto. Con cintura política y sentido de la oportunidad, la respuesta no se hizo esperar. La Provincia fue a la Nación por fuerzas federales y la Municipalidad giró un mensaje al Palacio Vasallo, que actuó como catalizador del asunto. Durante esta semana, sólo se trató el tema seguridad, hasta pulir una agenda de 28 proyectos que fueron consensuados con más filigrana que tejido de macramé. La sesión arrancó cerca de las 20,30 y terminó sobre la medianoche. Lo que se aprobó fue una batería de temas agrupados en cinco títulos: mensaje de la intendencia; emergencia, control y habilitaciones; prevención y contención social; y coordinación interinstitucional e interjurisdiccional. Entre las tareas, está el convite al Ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro.
¿Qué medidas incluyen cada uno de estos ítems?
De los mensajes de intendencia, la fiscalización y controles de actividades potencialmente vinculadas con el delito que resulten de la competencia del Concejo. Se pondrá la lupa en la habilitación para entidades financieras, concesionarias y revendedores de vehículos automotores, además de armerías, compra venta de celulares y desarmaderos, chatarrerías, compra-venta de repuestos usados, talleres mecánicos y espectáculos públicos. En todos estos casos deberá acompañar un certificado de antecedentes penales.
También del Ejecutivo se aprobó el nombramiento de jueces de Falta subrogantes: no más de ocho y mediante selección interna por doce meses, mientras se lleven a cabo los respectivos concursos. Además, se aprobó que se juzgarán a través de la captación de imágenes sólo dos infracciones, cruce de semáforo en rojo y conducción a contramano. Este último punto, y según la edila Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), cobra sentido como respuesta a los familiares de las víctimas del tránsito que de accidentes no tienen nada cuando están rodeadas de inconsciencia. También dijo que no se trata de afán recaudatorio porque los fondos por tales infracciones se destinarán a Programas de Prevención Social del Delito y a la flamante Dirección de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas. Todo aprobado en la misma sesión.
Uno de los temas fuertes fue la declaración de emergencia en seguridad para Rosario por 180 días. “Es una situación real de la ciudad con 1061 muertos en cuatro años”, dijo el edil Diego Giuliano (Rosario Federal), quien desde hace meses impulsaba la idea sin éxito. El nuevo y resistido status prevé que el Ejecutivo pueda realizar diligencias operativas como asignación de partidas y recursos. “Estoy satisfecho con que la Intendenta (Mónica Fein) reconozca de una vez por toda la emergencia para la ciudad”, dijo Giuliano que preside la Comisión de Seguridad del Concejo, el primer lugar adonde acuden los vecinos de los distintos barrios en busca de soluciones.
Rubro por rubro
En Controles y Habilitaciones hubo ocho proyectos que convergieron en la creación del Registro Municipal para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas y la licencia para su comercialización. También se habilitarán Paradas Seguras de Transporte Público con patrullaje permanente y se estableció que las playas de estacionamiento deberán contar con un sistema de reconocimiento de placas patentes. Además, se dispuso que sólo se habilitará la venta de tarjetas SIM preactivadas para celulares en agencias oficiales de telefonía, con registro de la identidad del comprador.
Otro ítem de fuste es la recomendación al Ejecutivo para que estudie la factibilidad de crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incorporar mini cámaras en los uniformes de agentes de la GUM y de pantallas táctiles en el interior de taxis y, de paso, informe sobre quiénes son sus titulares. Se aprobó también el diseño y reforma de los espacios públicos de la ciudad, en relación a iluminación, poda, protección antivándalica y accesibilidad, entre otros.
Para Prevención y Contención Social se analizaron seis iniciativas que permitieron aprobar los siguientes programas municipales: de Concientización sobre Uso de Armas y Municiones, de Prevención Social del Delito, de Inclusión Laboral para Personas que han pasado por el sistema penitenciario o proceso judicial penal. Un punto a destacar es la creación de la Unidad de Empoderamiento de Víctimas. “Lo más importante para nosotros en medio de este paquete de medidas este gran acuerdo para que puedan salir una cantidad de proyectos, es que sale la Dirección de Asistencia y Empoderamiento a las Víctimas, para que la seguridad no sólo sea represión”, dijo el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura), sobre el proyecto que impulsaron y que venían trabajando desde antes de llegar a las bancas. “Este es el gran proyecto que sale hoy, es discutir algo hacia adelante, es un quiebre, de ahora en más las víctimas tendrán un lugar donde concurrir para no deambular solos por los tribunales, genera derechos y está emparentada con la legislación internacional”, agregó Monteverde sobre la Dirección que se creará en la Municipalidad. La iniciativa convergió en proyectos similares de los ediles Carola Nin y Osvaldo Miatello.
Con respecto a coordinar acciones entre instituciones y jurisdicciones, de los doce proyectos analizados se aprobaron pedidos de informes sobre funcionamiento de Centros Territoriales de Denuncia y Armas. También se encomendó al Ejecutivo que refuerce la presencia de Fuerzas Federales, la creación de un Registro de Autopartes y que estudie la factibilidad de eliminar las denominadas “Zonas Rojas” de mapas digitales y GPS, a fin evitar la discriminación para el ingreso de ambulancias, transporte público y otros servicios.
Entre los puntos acordados, estuvo el reclamo por el cumplimiento de catorce ordenanzas y decretos relacionados directa o subsidiariamente con la seguridad, como la modificación del Código de Faltas respecto a las víctimas de accidentes viales y la que legisla sobre el control de las empresas de seguridad privada y cumplimiento de la ordenanza que crea el Departamento de Lucha Permanente contra la Economía del Delito.
Para el concejal Martín Rosúa (UCR 1983), lo que se aprueba se pueden considerar como “parches o insuficientes, pero es lo que está a nuestro alcance, lo que vamos a necesitar es la intervención de los demás poderes Ejecutivo y Judicial y sobre todo los tres niveles del Estado, que se comprometan Provincia y Nación porque es la única manera de terminar con este problema”. Con un rechazo explícito a la sincronía de las fotomultas en el debate por la seguridad, el edil Jorge Boasso, le puso pimienta al sintetizar la semana de acción en el Vasallo. “Las medidas que aprobamos son accesorias de un plan de mayor envergadura coordinado entre Nación y Provincia, nosotros somos los actores de reparto, los que entramos a la escena y decimos, señor, el café está servido”, ironizó.
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