El rayo que no cesa

La crisis de seguridad pública sigue ganando agenda como mal rayo que no cesa. El tema es tan real como potenciado, tan complejo como extendido pero si algo no tiene es la linealidad en la que parecen abrevar las soluciones express, pensadas para abordarla con el principio físico de acción y reacción. En el Concejo el tema tuvo una nueva ronda con la creación de una comisión fiscalizadora de los anuncios realizados por el Ejecutivo para bajar las dolorosas estadísticas. Haciendo la diferencia de miradas, se anota el Programa Municipal de Prevención Social del Delito o la exposición sobre Criminalización de los Jóvenes, en una Jornadas derechos humanos y psicología. El Eslabón recorrerá ambas iniciativas.

El primero se aprobó junto con las baterías de medidas que consensuó el Concejo el primer día de septiembre, mientras miles de rosarinos se volcaban a las calles reclamando soluciones y la ciudad era declarada en “emergencia”. Es una iniciativa del concejal Eduardo Toniolli (Partido Justicialista), a quien acompañaron, Lorena Gimenez Belegni (Progreso Social), Norma López (FpV), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Marina Magnani (Unidos y Organizados). La exposición corresponde a la edila Celeste Lepratti en una jornada realizada esta semana en la Facultad de Psicología.

¿Por qué traer ambas a la reflexión? Porque ayudan a no perder el rumbo en un tiempo caliente. En la semana también se aprobó la constitución de una comisión fiscalizadora que será la encargada de monitorear, durante los 180 días que dura la declaración de emergencia, los anuncios realizados por el Ejecutivo.

“Como la emergencia faculta a la intendenta a realizar inversiones, salteando procedimientos administrativos para no demorar la respuesta a las necesidades de los vecinos, se debe verificar que no existan irregularidades y se haga un seguimiento de los mismos”, señaló el edil Diego Giuliano (Rosario Federal), quien preside la comisión de Seguridad del Concejo.

Los anuncios aludidos llegaron en el marco de una reunión que esta semana presidió la intendenta Mónica Fein, junto al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, la Fiscalía Federal y Regional y un grupo de concejales, para la colaboración conjunta contra el delito. En el encuentro se anunció una inversión de 100 millones de pesos en equipamiento de videovigilancia y luminarias, entre otros.

Pero no fue la única cumbre que hubo en la semana, también se reunió el gobernador Miguel Lifschitz, con autoridades nacionales para acordar la llegada de fuerzas federales a Rosario, lo que se asume como una panacea. Al respecto, la concejala López fijó su posición. “Resulta incomprensible que Rosario quede en medio de los vaivenes entre el gobernador y el gobierno nacional. Reclamamos conocer el plan de seguridad para todos los rosarinos sin que debamos enterarnos por declaraciones a los medios y sin estar atados a las tensiones PS-PRO”, consideró.

En el medio de opiniones y anuncios, estremeció el aval a los linchamientos de quienes son apresados en flagrancia, hubo nuevas muertes en las calles, asaltos muy agresivos, llegaron unos quinientos gendarmes, tal como pidieron las autoridades santafesinas y habrá más fiscales en la provincia. Así de compleja es la reconfiguración de la violencia urbana.

Otras miradas

«El objetivo es abordar los contextos que inciden en el crecimiento de la violencia urbana, y el trabajo con jóvenes de entre 16 y 30 años con participación en el delito», dijo Toniolli sobre su iniciativa que se convirtió en la Ordenanza N° 9.614. Y señaló que el objetivo de máxima de su Programa es “introducir otros actores en la gestión de políticas públicas en seguridad, en los escenarios donde el Estado, generalmente sólo interviene por medio de las fuerzas de seguridad”.

¿Tan difícil era pensar esto en las últimas décadas en la ciudad? Es obvio que el Estado debe encontrar a los jóvenes expulsados del sistema antes de que los encuentre la muerte en alguna alcantarilla, o la ferocidad de los linchadores. Para el concejal, las medidas que generalmente se toman, “más que aminorar la situación, suelen alimentar la privatización de la violencia, que se refleja en el crecimiento exponencial de la tasa de homicidios local».

También recordó que una «una iniciativa similar fue presentada hace 8 años por los entonces concejales Fernando Rosúa y María Eugenia Bielsa, pero fue desestimada en aquel momento por el Frente Progresista después de largos debates parlamentarios”. Pero los tiempos cambiaron y «esta vez la iniciativa se aprobó con partidas presupuestarias asignadas por Ordenanza, por lo que esperamos que el Ejecutivo la haga operativa en breve», relató Toniolli.

¿En qué consiste la ahora Ordenanza N° 9.614? En promover, en articulación con los distintos niveles del Estado, políticas integrales de seguridad con énfasis en la prevención social, que reconozcan la complejidad, multicausalidad y especificidad local del tema. Y a partir de esta posición, puedan abordar los contextos sociales estructurales y culturales que inciden en su configuración.

Para Toniolli, se entiende por políticas de prevención social del delito a aquellas intervenciones que contando con el asesoramiento de expertos, promuevan modos de prevención en los que la inclusión sociocultural resulte decisiva, focalizando el trabajo con jóvenes de entre 16 y 30 años, con participación en el delito, priorizando el abordaje de la violencia letal, y desarrollando estrategias integrales con sus núcleos familiares y de sociabilidad.

¿Cuál será la incumbencia del Programa? Coordinar las acciones que lleven adelante el Estado Local, articular con Provincia y Nación, con la Universidad Nacional de Rosario, y con organizaciones de la sociedad civil, programas de intervención orientados al abordaje de los contextos sociales y culturales que inciden en la configuración de la violencia letal y el delito. Impulsar proyectos de intervención territorial para la prevención social de la violencia letal y el delito.

Además de producir conocimiento para diseñar políticas públicas orientadas a abordar el fenómeno de la violencia urbana creciente y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática específica.

Por su parte, la edila Celeste Lepratti expuso en el panel sobre Criminalización de los Jóvenes, en las Jornadas de Derechos Humanos y Psicología, que se realizó esta semana en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. «Si bien es necesario avanzar en el índice de esclarecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades, para evitar la impunidad, lo importante es atacar las causas más profundas que tiendan a impedir que los delitos se produzcan y no implementar medidas que estigmaticen”, explicó la edila.

En su opinión “el puntapié inicial para la resolución es controlar la circulación y venta ilegal de armas de las que forman parte indefectiblemente las fuerzas de seguridad y combatir a las mafias del crimen organizado, y que se resuelve con más inclusión, con educación, trabajo genuino, políticas públicas para prevención de adicciones y la construcción de una ciudad sin barrios postergados y violentados».

Como dice el músico Tabaré Cardozo en su tema Malandra, “si yo hubiera nacido en tu casa o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata y cambiaramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche y yo toda tu furia y tu ruina temblarías de miedo en las noches si me vieras cruzando tu esquina, Dios no me dejés morir, no me dejes matar”.

Fuente: El Eslabón