Los 450 millones de pesos aportados por el Gobierno nacional a Sancor a través del Fondear, lucen equivalentes a un analgésico para el tratamiento de un paciente en estado grave, atento a que el quebranto de la cooperativa fue de 2.421 millones de pesos el año pasado y actualmente industrializa 860 mil litros de leche diarios, a pesar de tener una capacidad para producir 4 millones. Esta semana, una asamblea de la cooperativa láctea constituida en 1938 aprobó la conformación de un Fideicomiso Financiero de Administración y un plan de reestructuración (Plan Sancor), metáfora de un fuerte ajuste como pretendida única salvación. Si bien los detalles del ajuste están herméticamente guardados en las testas de un puñado de directivos de la compañía, el Plan Sancor supone el cierre de plantas, la flexibilización laboral y el despido de personal como meta para el ingreso de “un socio estratégico”.
Otra metáfora, en este caso, de la apertura de la cooperativa a la participación de capitales nacionales o internacionales con el camino allanado de altos y molestos costos laborales.
Con ese fin, se rubricaron tres convenios confidenciales con firmas que podrían asociarse a la cooperativa, según dijeron a el eslabón fuentes del sector. También parece un hecho la venta por parte de Sancor al grupo agroindustrial Vicentín del 10 por ciento restante de las acciones del negocio de yogures, postres y flanes, cuyo 90 por ciento fue adquirido el año pasado por 100 millones de dólares.
La operación –que según conocedores del rubro podría ser por unos 250 millones de pesos– continúa siendo insuficiente para levantar la cooperativa láctea, mal administrada y menospreciada por el Estado en un contexto negativo –tanto externo como interno– para el negocio de la lechería.
La asamblea
El martes 30 de mayo, Sancor celebró en su sede de Sunchales una asamblea extraordinaria, a los fines de aprobar la constitución de un órgano de administración y un plan de “reestructuración”, imposición del Gobierno nacional para habilitar los 450 millones del Fondear.
De la asamblea participaron menos de un centenar de afiliados de los más de mil que posee la cooperativa, quienes aprobaron el orden del día por unanimidad.
A través de un comunicado, la cooperativa explicó que los objetivos trazados son los siguientes:
– La obtención de un préstamo del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear) por 450 millones de pesos.
– El inicio de un proceso de estabilización de la cooperativa con el restablecimiento de las actividades productivas y comerciales.
– La regularización gradual de los pagos pendientes.
– La incorporación de socios estratégicos.
Ni una palabra sobre los efectos “no deseados” del Plan Sancor, que de acuerdo a los trascendidos supone desprenderse de las plantas de Centeno, Brikman, Ceres, Moldes, Carlone y San Justo, que están inactivas. ¿Y sus empleados?
La cooperativa adeuda unos 600 millones en materia salarial, 900 millones en insumos y unos 300 por acarreo, mientras ostentaba la friolera de 200 millones de pesos en cheques rechazados. Unos dos mil millones de pesos que evidencian su delicada situación.
“Entre la salida del gobierno de Cristina (Fernández) y el primer año de (Mauricio) Macri nadie le dio bola a Sancor, y la cooperativa acentuó su mala administración hasta contraer un pasivo altísimo”, dijo a este periódico un conocedor de los entretelones de la compañía láctea.
Agregó que “lo que ahora se busca es achicar el personal, la masa salarial y mejorar la producción, para posibilitar el ingreso de un socio y constituir una sociedad mixta”.
Para salvar a Sancor, el sindicato del sector, Atilra, firmó semanas atrás un acuerdo con el Gobierno y las cámaras patronales para reducir un bono que percibía por cada trabajador formal. Una reducción del costo laboral impuesta por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, como contrapartida para destrabar los 450 millones del Fondear.
En ese momento, Buryaile apuntó a los costos salariales de la cooperativa, al señalar que había gerentes que percibían ingresos superiores a los 400 mil pesos mensuales y cuyas gestiones no habían sido beneficiosas para Sancor. Sin embargo, hasta ahora existen plantas cerradas y trabajadores con sueldos atrasados, pero no se conoce –al menos públicamente– la reducción de los haberes gerenciales.
De acuerdo a lo aprobado en la asamblea de Sunchales, paralelamente la cooperativa buscará en los próximos meses reducir los plazos de pago a proveedores para que vuelvan a entregarle leche a Sancor, cuya caída en la producción fue estrepitosa, luego de tener el 15 por ciento del mercado local.
El objetivo es convertir los 860 mil litros industrializados diariamente en este momento en, al menos, 1 millón y medio, y recuperar la cadena de distribución.
Para atrás
Según el balance de Sancor, cerrado a junio de 2016, su pasivo ascendía a 2.421 millones de pesos. El ejercicio anterior lo había concluido con un rojo de 447 millones y el de 2014 había sido de 263, lo que revela que en dos años multiplicó casi por diez su quebranto.
La mayoría de los actores de la lechería señala que la cooperativa fue víctima de un mal gerenciamiento, que podría explicar parte de la caída.
Otras variables, incontrolables para la compañía, afectaron a todo el sector primario de la lechería. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el negocio lácteo se vio afectado en los últimos años por una caída sostenida de los precios internacionales de la leche, fundamentalmente de la leche en polvo que es el producto que se exporta.
Conjuntamente con esa caída –atada al derrumbe del precio internacional del petróleo que acarreó el descenso de otros commodities– se registraron altos niveles de stock de los países demandantes, sostiene el Inta.
Para peor, algunos de los países a los que Argentina exporta, como Brasil y Venezuela, poseen problemas endógenos que repercutieron en los envíos locales a esos destinos.
De modo paralelo, el plan económico de Cambiemos, consistente en una fuerte devaluación acompañada por el aumento de tarifas de servicios y la contracción del consumo en el mercado interno, completó un cuadro negro para el sector lechero.
El año pasado se registró una caída del diez por ciento en la producción total de leche en Argentina, acompañada por una reducción en el consumo de ese alimento, ostensible muestra de la crisis autoinflingida por el macrismo.
La devaluación de diciembre de 2015 –la misma que, durante la campaña, Macri negó que fuera a llevar adelante– mejoró la competitividad del sector en cuanto a precios, pero incrementó los costos de producción ganadero.
La quita de retenciones al maíz, también decidida por el Gobierno como parte de su plan económico, provocó el obvio incremento de los gastos de alimentación en los establecimientos lecheros.
El estudio del Inta, de febrero del año pasado, señala además como elementos desventajosos para la lechería –extendibles al conjunto de la producción– el desmedido incremento de los combustibles y de las tarifas de servicios.
“La reducción de los volúmenes exportados y la baja de precio en los principales mercados de destino, potenciado además por la ostensible pérdida de competitividad cambiaria que se venía registrando (dada la alta inflación), son factores que afectaron al sector industrial y presionaron a lo bajo el precio de la leche en tranquera”, señala el documento, que también contiene una serie de propuestas para mejorar las condiciones de los tamberos y de la industria en general.
Leche (re)cortada
Lo que quedó en claro tras la asamblea del martes, en la que se aprobó la reestructuración de Sancor, es que la cooperativa marcha por el camino del ajuste, tanto salarial como de recursos humanos. La láctea tiene unos cuatro mil empleados en sus diferentes plantas. También mueve el empleo, indirectamente, de distribuidores y comercializadores.
Todavía nadie se anima, públicamente, a ponerle un número al achicamiento de la firma. Lo indudable es el triunfo del modelo oficial de trocar ayuda financiera por ajuste de personal y salarial, con flexibilización laboral.
A bailar La Tarantela
Los 60 trabajadores de la planta de Sancor Centeno continúan en la incertidumbre, como hace tres meses. Con la planta que industrializa muzzarella cerrada desde principios de marzo, sus empleados aguardan una solución al conflicto que también abarca a otras plantas de la cooperativa.
Una alternativa para Centeno estaba centrada en la adquisición de ese predio por parte de la firma fabricante de quesos La Tarantela, de la localidad bonaerense de Navarro.
Según una fuente del gobierno santafesino consultada para esta nota, esa posibilidad pareció alejarse en las últimas semanas. El mismo vocero añadió que, en caso de que no se produjera la venta de la planta, el gobierno del Frente Progresista buscará una salida por vía de la constitución de una cooperativa de trabajo.
“El gobierno va a buscar una solución, aunque la planta requiere de inversión y también de la búsqueda de clientes para comercializar la producción”, dijeron.
Fuente: El Eslabón
