El 21 de julio de 2015, Cristina Fernández de Kirchner anunció que el salario mínimo, vital y móvil –que alcanzó a 6.060 pesos y comenzaría a regir desde el 1º de enero de 2016, cuando ya no sería presidenta– representaba un 2.930 por ciento de aumento desde 2003.
La cifra la brindó en el marco de la reunión anual del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y no sólo no fue desmentida, sino que al otro día, un medio dedicado a contradecir el discurso oficial en forma sistemática, Chequeado.com, debió reconocer que era rigurosamente cierto en términos nominales, que es en los que se refirió la ex mandataria.
En la semana que concluye, y por primera vez en la historia del Consejo, la CGT y ambas CTA rechazaron el aumento del 20,3 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Mauricio Macri lo hizo, pero con un perverso agregado: el aumento que llevará al salario inicial a 10 mil pesos recién entrará en vigencia dentro de más de un año, en julio de 2018.
Para dar marco al cambio de paradigma salarial, tomando la inflación medida más alta del país en 2015 (la provincia de Tierra Del Fuego), desde comienzo de 2003 a mediados del último año de mandato de CFK, el aumento real del poder adquisitivo del salario mínimo se triplicó, incrementándose un 199 por ciento. Otro dato relevante: a partir de agosto de ese año, los trabajadores argentinos comenzaron a percibir el mejor salario mínimo de la región, que llegó a los 606 dólares. En la actualidad, eso equivaldría a 10.120 pesos, poco más que la cifra que recién entrará en vigencia en julio de 2018, dentro de doce meses, y en caso de que la divisa norteamericana no se mueva del valor actual.
El salario en tiempos de Macri
Desde aquel último salario mínimo, vital y móvil de 6.060 pesos que dejó como “pesada herencia” CFK, ya en la era Macri debieron pasar seis meses para que esa cifra apenas se moviera a 6.810 pesos, en el marco de un proceso inflacionario descomunal, provocado por sus propias políticas macroeconómicas.
En la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil de la era Macri, en mayo del año pasado, se acordó que recién en enero de 2017 se llegaría a los 8.060 pesos que se venían cobrando hasta ahora. Se trataba de un incremento del 33 por ciento, y la inflación de ese perìodo excediò largamente el 40 por ciento, de modo que no se trató de un inicio auspicioso para “el mejor equipo de los últimos 50 años” en materia salarial.
Pero luego del fracaso histórico de la reunión del Consejo de esta semana, las posiciones de los gremios se endurecieron al ritmo de la rigidez con que el ministro de Trabajo Jorge Triaca, por órdenes de Macri, llegó a la mesa de negociación.
“Es hora de evaluar una protesta nacional de todos los sindicatos”, dijo Pablo Micheli, líder de la CTA Autónoma luego del encuentro.
Roberto Baradel, integrante de la delegación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y dirigente docente bonaerense, afirmó que las tres centrales rechazaron la propuesta empresaria de un 20,3 por ciento en tres tramos (julio de 2017, enero y julio de 2018), y aseguró que “el gobierno nacional fijará por decreto el ingreso por primera vez, pero no superará el 20 por ciento”, por lo que adelantó que “se evaluará una protesta”.
Es que las centrales, en realidad, propusieron elevar el mínimo a 15 mil pesos, que es el valor de los productos de la canasta básica alimentaria. “Los patrones ofertaron por contrapartida un 20,3 por ciento en tres cuotas, que recién terminaría de abonarse en julio de 2018. No tenía más sentido ese encuentro. Allí concluyó”, puntualizó Baradel.
Ante la ausencia de acuerdo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió actuar y, a través de un laudo, estableció la pauta del mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero en la Argentina por la jornada laboral acordada. Los montos serán actualizados en tres tramos: 8.860 pesos a partir de julio de este año; 9.500 en enero y 10 mil en julio de 2018.
Protestas en ciernes
La CGT y ambas CTA rechazaron de forma total “la propuesta”, y para
Micheli, jefe de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma , “la propuesta fue una verdadera vergüenza” y confirmó que “es hora de evaluar una protesta nacional y paros entre todos los sindicatos”.
Baradel subrayó que de ninguna manera habrá “una nueva convocatoria para continuar la reunión plenaria”, y explicó que de acuerdo con los mecanismos determinados por el organismo “las conversaciones informales para alcanzar consenso se realizaron durante toda la mañana en la Comisión del Salario Mínimo”.
Otro de los protagonistas, Claudio Marín (secretario gremial de la CTA y adjunto de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos -Foetra Buenos Aires) rechazó “el comportamiento empresario y las coincidencias sutiles del gobierno con una propuesta irrisoria”. Y agregó: “Era inaceptable. La CGT también la rechazó de plano. Nadie puede vivir ya en esta Argentina bajo la línea de la pobreza”.
Cabe consignar que Marín integró la delegación de la CTA de los Argentinos, que conduce Yasky, porque éste había viajado a un Congreso en Roma, donde mantuvo un encuentro con el papa Francisco.
Según los dirigentes de todas las centrales, habrá reuniones de cada una de las conducciones -por separado- en la próxima semana y, luego, comenzarán las conversaciones para evaluar “la mejor forma de protesta ante la insensibilidad de patrones y gobierno”.
La CGT había sido cautelosa en los últimos días respecto de las posibilidades de alcanzar los 15.000 pesos, esta mañana el camionero Pablo Moyano aseguró que la central obrera demandaría al igual que las CTA ese ingreso, lo que había sido anticipado la semana anterior por el triunviro Juan Carlos Schmid, aunque luego afirmó que “había que discutir”.
Incluso mientras Micheli, Baradel y Wasiejko señalaron que “no es posible aceptar que el mínimo se ubique por debajo del valor de los productos de la canasta básica alimentaria”, Pablo Moyano fue más allá y acusó de “insensibilidad absoluta al gobierno”.
Es que el titular de Camioneros debe afrontar una paritaria adversa en su propio gremio, tras el fracaso de la tercera audiencia paritaria del transporte de mercancías. Acompañado por su padre, Hugo Moyano, el secretario general del gremio de Camioneros rechaza las ofertas que rondan en torno a un 20 y 23 por ciento, insiste con el reclamo de un 32 por ciento de recomposición y advirtió que habrá paros por cada rama de la actividad, en caso de que los empresarios no mejoren las ofertas salariales.
El sindicato no descarta avanzar hacia «un cese de la totalidad de actividades, llámese distribución de combustible, transporte de caudales, logística, recolección de residuos» y demás ramas. El Gobierno nacional debiera tomar nota de esto, pero parece que tiene en mente tensar la cuerda con los gremios, abroquelando a su alrededor al núcleo duro de sus votantes en sectores medios y altos, con un alto componente de prejuicio antisindical.
Como corolario del fracaso del Consejo del Salario, Yasky y Micheli anunciaron la realización de una movilización “a nivel nacional”, que será debatida en los estos días. “Podría hacerse efectiva el 9 de julio próximo, Día de la Independencia, con una movilización hacia Plaza de Mayo”, evaluó Micheli, y ambos dirigentes esperan que se sume la CGT.
La medida también podría llevarse adelante la “primera semana de agosto”, estimó Yasky. “Estamos pensando en una convocatoria a una marcha nacional que seguramente será en la primera semana de agosto. También se están tirando líneas a compañeros de la otra CTA y la CGT”, deslizó Yasky en Radio Diez desde Roma, donde participa del Congreso de la Central Italiana cuyos integrantes -alrededor de 1.500 dirigentes- se reunieron con el papa Francisco.
Micheli, en tanto, recordó: “Pensamos que el Gobierno iba a laudar partiendo la diferencia, es decir, que si nosotros pedimos 14.600 pesos, que es la canasta de pobreza según el Indec, y los empresarios ofrecen 9.800 pesos, suponíamos que iba a laudar en 12 mil, pero termina laudando 200 pesos más que los empresarios ofrecían”.
Para el titular de la CTA-Autónoma, “la bronca es mayor porque no hay un ministerio de Trabajo imparcial” y acusó a la cartera que conduce Triaca de “defender los intereses de los empresarios”.
El FMI pide ajuste y se lo dan
A mediados de junio, y por segunda vez desde la llegada de Macri al gobierno, representantes técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron un recorrido por los diferentes ministerios para revisar los números de la economía nacional y marcar en rojo el “déficit en las cuentas públicas”.
La “misión” fue encabezada por el economista jefe del FMI para la Argentina, Roberto Cardarelli, quien primero se reunió con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y luego con Nicolás Dujovne y Luis Caputo, ministros de Hacienda y de Finanzas, respectivamente.
Citando a una fuente del FMI en Washington, la agencia de noticias oficial Télam aseguró que “se trata de una visita de rutina, de una misión intermedia antes de la misión más amplia de consulta del Artículo IV que se llevará a cabo a finales de este año, y que realizará una evaluación más completa de la economía Argentina”.
El sometimiento de la Argentina al Artículo IV del organismo internacional, que prevé una auditoría de las cuentas del país, es una práctica que se había abandonado a fines de 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió, en el marco de una política de autonomía nacional frente a los organismos internacionales de crédito, saldar toda la deuda con el Fondo y suspender las misiones de supervisión de cada año.
Lo cierto es que, con lenguaje alambicado, se disfrazan las verdaderas intenciones del FMI y su socio local, el gobierno de Macri. “La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde la semana pasada trabaja en la Capital Federal, analizó la situación energética del país con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, incluyendo el esquema tarifario y su impacto en el déficit fiscal a nivel nacional y los planes de inversión pública y privada que el Gobierno prevé para satisfacer la demanda”, informó el diario El Día de La Plata el pasado 13 de junio.
Quien quiera leer otra cosa que un nuevo tarifazo en pos de cerrar el agujero fiscal provocado contra sí mismo por la administración Cambiemos, tiene todo el derecho del mundo, pero no podrá alegar que no fue avisado a tiempo.
El martes 13, en tanto, los hombres del italiano Cardarelli le tomaron examen a los ministros Dujovne y Caputo. Según el sitio diarioelanalista.com.ar, “el ministro de Hacienda y los funcionarios y los representantes del Fondo analizaron durante más de una hora sobre el estado de las cuentas públicas”. Y agregó: “La misión se interesó específicamente por la situación económica y fiscal de la Argentina y las perspectivas para su reducción (del déficit) ante lo cual el ministro ratificó la meta de llevarlo a 4,2 por ciento del PBI para este año, 3,2 en el próximo y 2,2 por ciento para 2019”.
Luego de ese encuentro se filtraron las planillas de al menos nueve ministerios con los detalles de los despidos en la planta de personal para este años, el siguiente y 2019. Télam, previo al encuentro en la cartera de Finanzas, publicó: “Caputo resalta habitualmente que la deuda argentina es la más baja de la región, con un ratio de 28 puntos del PBI”.
Y en la reunión con Caputo, hubo un “intercambio” sobre el plan de endeudamiento nacional e internacional. El funcionario transmitió a los técnicos del FMI que “la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos no afectará las necesidades financieras argentinas”.
Seis días más tarde de la reunión con el FMI, se conoció el oscuro acuerdo que Caputo celebró con cuatro bancos internacionales: la emisión del bono de un siglo en condiciones que el periodista Alfredo Zaiat calificó de “poco transparentes”, ya que “no se difundió ni publicó oficialmente el prospecto de oferta” y se realizó “a una tasa de interés elevadísima…en una operación financiera concretada en secreto”.
Fuente: El Eslabón
