La tensión y la violencia no cesan. El gobierno llama a votar masivamente este domingo a favor de una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna, ante las amenazas de un golpe desde dentro y fuera del país. La oposición, respaldada por EEUU, llamó a un boicot. Por si faltaba algo, Lanata fue a montar su show a Caracas y fue deportado.
Venezuela sigue bajo presión. La propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Constituyente para salir de la crisis fue rechazada por una oposición cada vez más extrema. Pero nadie cede, y Maduro tampoco: decidió seguir adelante con su idea de que este domingo hablen las urnas. Los antichavistas le contestaron con una huelga y una movilización de protesta, que desde EEUU respaldaron con una sanción financiera contra 13 funcionarios y ex funcionarios del gobierno. Además, Washington emitió la orden a los familiares de su personal en la embajada de Caracas de abandonar Venezuela, y autorizar la salida voluntaria de sus empleados.
Las grandes agencias de noticias internacionales, corporaciones en su mayoría a favor de los opositores de la denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), describían que algunas zonas de Caracas y de otras ciudades amanecieron el pasado jueves desoladas, con escombros y barricadas en algunas calles, en el segundo día de una débil huelga de 48 horas, tras una primera jornada con tres fallecidos –según la agencia francesa AFP–, en fuertes disturbios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
Un día antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos adoptaba sanciones financieras contra 13 funcionarios venezolanos por “minar la democracia”.
Además, el presidente estadounidense Donald Trump ya había echado nafta al fuego al alertar que la Casa Blanca iba a adoptar “acciones fuertes y rápidas» contra Venezuela si el gobierno de Maduro insistía con la Constituyente.
Encima, el mismo jueves por la noche, el Departamento de Estado “ordenó la salida de familiares y autorizó la partida voluntaria de empleados del gobierno en la embajada” en Caracas, y aconsejó a ciudadanos estadounidenses a no viajar al país sudamericano “debido a disturbios sociales, crímenes violentos y la falta generalizada de alimentos y medicinas”.
Entre la lista de los funcionarios “sancionados” por EEUU está la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena; el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y los ministros Elías Jaua y Néstor Reverol.
Para Maduro, esta injerencia fue un punto más a su favor para no ceder en su polémica propuesta anti golpista y seguir adelante con más fuerza aún en la convocatoria a la votación del domingo. Llamó a concurrir masivamente a la elección de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna, una resistida iniciativa a la que se opuso la fiscal fiscal general, Luisa Ortega, antes insignia de la justicia independiente del chavismo.
Diálogo: un sueño imposible
En un principio el gobierno había invitado a la oposición a una “mesa de paz”, en el marco de la preparación de una Asamblea Constituyente, que el propio Maduro volvió a plantear este jueves pero que no tuvo el más mínimo eco.
«Propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional (…) y que instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo», dijo ante una multitud de seguidores, en el cierre de campaña.
Del otro lado respondieron con proclamas incendiarias. El ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski llamó a “tomar” Venezuela y anunció que «boicoteará» la votación.
Por su lado, el dirigente opositor Leopoldo López, beneficiado con la detención domiciliaria desde el 8 de julio pasado –fue condenado a 13 años de cárcel por instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir luego de las protestas de febrero de 2014 que dejaron 43 muertos–, había pedido en un video a los ciudadanos que sigan con las protestas de calle pero que lo hagan mediante “acciones de lucha pacífica organizada”. Sin embargo, los opositores salieron rápidamente a denunciar que el video podría ser falso.
La sangría continúa
Según las agencias de noticias internacionales, José Miguel Pestano, asesinado durante una manifestación en Cabudare (centro-occidente de Venezuela) se convirtió este jueves pasado en la sexta víctima en los dos días de huelga general que convocó la oposición. La muerte que se suma a la de Leonardo González, de 48 años, quien según varios testigos fue asesinado en Valencia, en el centro del país, cuando intentaba remover unas barricadas, según publicó el diario español El País que estimó que, durante los 118 días en que se iniciaron las olas más extremas de las protestas, fallecieron 109 personas y 1.934 resultaron heridas.
Desde Telesur resaltaron que en los más de 100 días de protestas se han registrado al menos “30 crímenes de odio” contra personas simpatizantes de la Revolución Bolivariana y el gobierno de Maduro, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo. Denuncian que hubo “linchamientos, golpizas, actos de terror psicológico e, incluso, la quema de personas identificadas con el chavismo”.
Entre los crímenes se encuentra el caso de dos jóvenes que fueron quemados en la ciudad de Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia, el domingo 2 de julio pasado durante el denominado “trancazo” convocado por la oposición. Así como el caso de Héctor Anuel, quemado vivo por encapuchados el martes 18 de julio en el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui.
Otro asesinato de este brote de odio fue el de Almelina Castillo el 19 de abril, a causa de una herida en la cabeza provocada por el lanzamiento de una botella de agua congelada, desde un edificio de la parroquia La Candelaria en Caracas.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, señaló que en este brote de odio se destacan dos tendencias: la de aparición de grupos de exterminio y la persecución o escraches a figuras identificadas con el chavismo en lugares públicos, como centros comerciales y sitios de esparcimiento.
La revolución no será televisada
Entre las grandes corporaciones mediáticas destituyentes de Europa, EEUU, y Latinoamérica, que buscan la caída del chavismo desde hace más de 15 años –desde el mismo 2 de febrero de 1999 cuando Hugo Chávez asumió el poder– no podía faltar el grupo Clarín, ahora incluso con apoyo oficial de la embajada macrista. Los soldados de Héctor Magnetto, encabezados por el capitán Jorge Lanata, fueron una vez más a Caracas a caranchear el posible fin del gobierno popular que tanto esperan. Pero el horno no está para bollos y las autoridades venezolanas le denegaron el ingreso al conductor del show noticioso Periodismo para Todos, y lo deportaron. Cosas del destino, Lanata tuvo que hacer pie en Panamá, cuna de los paraísos fiscales y las cuentas off shore, incluidas las del propio Mauricio Macri.
Mientras se multiplicaban las poses de indignación ensayadas por sus colegas corporativos, por detrás de los productores estaban más que contentos: se trató de un buen juego de promoción para el “periodismo independiente” que bajó a Venezuela para preparar un festín de sensacionalismo e indignación demócrata destinado a sus televidentes de este domingo.
