Una de las querellas en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco pidió que sean indagados dos odontólogos y un médico del Instituto Médico Legal, el cuerpo forense del Poder Judicial. También una facultativa policial por posible encubrimiento y complicidad con los verdugos. Un informe odontológico apareció el mes pasado, casi tres años después.
A la participación policial en la detención, aplicación de tormentos y posterior muerte de Franco Casco, el joven de Florencio Varela desaparecido durante 22 días de octubre de 2014 en Rosario cuyo cuerpo emergió del río Paraná, se le adicionaron en la investigación la presunta colaboración de profesionales del Instituto Médico Legal (IML), organismo que depende del Poder Judicial de Santa Fe. Una de las querellas en la causa, la de la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Juventud, que representa a la hermana y al hijo de Casco, incluyó a dos odontólogos y un médico del organismo forense entre las 36 solicitudes de indagatorias presentadas esta semana al juzgado federal Nº3 de Rosario. Existen dudas, además, acerca de que el cuerpo enterrado en Florencio Varela sea el de la víctima, tras dos pruebas de ADN con familiares suyos cuyo cotejo dieron resultado negativo, algo que de comprobarse sumaría horror a lo ocurrido. También se pidió la declaración indagatoria de un vecino del barrio Luis Agote, donde está ubicada la comisaría 7ma, por su posible participación en el entramado de complicidades para desviar la investigación, lo que agrega una pata civil a lo que apunta a ser un claro crimen cometido por el Estado. Aunque no tienen mención en el expediente, también el entonces secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio –actual secretario de la Producción de Rosario– cooperó en la difusión de la versión policial, que la investigación posterior desbarató. El funcionario que debía controlar a la fuerza, la alentaba en la presunta comisión de un delito grave.
Forenses en la mira
La semana que termina se presentaron ante el juzgado federal a cargo de Carlos Vera Barros tres pedidos de indagatorias para los presuntos partícipes en el crimen de Franco Casco.
La del fiscal federal Marcelo Degiovanni solicitó el trámite procesal para 21 integrantes de la fuerza de seguridad provincial; la de la Defensoría General de la Nación que representa a Ramón Casco pidió indagar a 28 personas; y la de la Asamblea que apuntó contra 36 policías y civiles, entre ellos los profesionales del IML. Además, solicitó que tras las indagatorias queden detenidos, ante el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
La eventual participación de un médico y dos odontólogos que cumplen funciones forenses para el Poder Judicial en la trama de encubrimiento de lo sucedido con Casco agrava el asunto, puesto que a la violencia institucional de una agencia del Estado se le sumaría la complicidad de quienes son auxiliares técnicos de la Justicia.
El abogado de la Asamblea, Guillermo Campana, explicó a el eslabón que pidieron la indagatoria del doctor Raúl Félix Rodríguez, ex médico policial que presta servicios en el IML, al sospechar que podría haber intentado desviar la investigación junto a dos odontólogos del mismo organismo.
Las dudas se fundan en julio pasado la querella solicitó un allanamiento al IML al considerar que podría existir en el Instituto pruebas que no habían sido incorporadas a la causa. En vez de un allanamiento la Justicia solicitó informes al organismo forense y, contó Campana, “dos o tres días después presentaron en la causa un certificado” odontológico, cuando originalmente desde el IML habían afirmado que no se había realizado una pericia en tal sentido, por carecer en ese momento de profesionales.
El documento, explicó el abogado, indica que a Casco le faltaban dos piezas dentales, desde antes de su muerte. Contradice, casi tres años después del crimen, el resultado de una pericia federal que certificó la ausencia de tres dientes, perdidos luego de muerto y en forma “traumática”.
A partir de los testimonios de más de dos docenas de presos que estaban en la comisaría 7ma cuando Casco pasó por allí, presumiblemente desde la tarde del 6 a la madrugada del 7 de octubre de 2014, los querellantes creen que, tras torturarlo y golpearlo sin piedad, Franco murió como resultado de un fuerte golpe en la cabeza, dado tal vez contra una pared de la celda donde los otros detenidos lo vieron.
La participación policial en el crimen, que aún no está probada, se desprende de numerosos testimonios y prueba documental. Un posible encubrimiento de los forenses es más novedoso e inquietante, porque sumaría otra pata estatal a la trama de presuntas complicidades.
También pidió la Asamblea la indagatoria de una médica policial, María Zelaya, quien declaró haber atendido a Casco en la seccional pero no le encontró rastros de lesiones. Según la investigación, actas oficiales determinarían que la mujer atendió esa noche en 45 minutos a cuatro detenidos en diferentes comisarías.
Normal y habitual
Franco Ezequiel Casco tenía 20 años cuando llegó a Rosario, a principios de octubre de 2014, a visitar a unos parientes. Era oriundo de Florencio Varela, donde habían quedado su pareja y su pequeño hijo Thiago.
Reunía la mayoría de las condiciones estadísticamente necesarias para ser objeto de violencia institucional. Era joven, morocho, albañil y residía en un barrio popular del Gran Buenos Aires. Características salientes de la mayor porción de los casos de verdugueos policiales y víctimas de tormentos y tratos crueles en comisarías.
El 6 de octubre se despidió de sus familiares rosarinos y fue en busca del tren que lo depositara en la estación porteña de Retiro, a la que nunca llegó.
Por razones que aún se desconocen, fue detenido por personal de la seccional 7ma y llevado a la comisaría de calle Cafferata. Allí lo vieron decenas de presos, que luego testificaron en la causa.
Como el 7 de octubre no llegó a su destino, la familia salió en su búsqueda. La tía rosarina a la que había visitado pasó por la comisaría 7ma donde primero le dijeron que no tenían registros de ningún Franco Casco. Más tarde se sabría que fue ingresado con otro número de DNI y como Franco Godoy.
Unos días después, ante la presión social por el caso, que ya se había hecho público a través de los medios de comunicación, en la 7ma le mostraron fotos de Franco a la tía y un acta de liberación.
La versión policial consistía en que el chico había sido demorado por averiguación de antecedentes, y que estaba como “drogado y perdido”.
Incluso, con los días apareció un vecino del barrio Luis Agote que dijo haber denunciado la presencia de un joven parecido a Casco en actitud sospechosa. Declaró que había llamado al 911 o al teléfono fijo de la comisaría, pero la revisión de su equipo determinó que lo había hecho directamente al celular del comisario, Diego José Álvarez.
La participación de ese vecino permitió sostener la coartada policial. Que Casco había sido demorado el 7 de octubre –cuando fue el día anterior según numerosos testimonios volcados al expediente- y luego liberado.
Las declaraciones de otros detenidos en la comisaría durante aquellas dos jornadas convalidan la idea de que las golpizas policiales eran normales y habituales.
“De estos veinticuatro testimonios de personas que estuvieron detenidas en la Comisaría 7ma., se concluye, como dato inocultable y concluyente, que el personal de esa dependencia realizaba –cotidianamente- sobre los jóvenes allí alojados tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, señaló el fiscal De Giovanni en su pedido de indagatorias.
Tras 22 días desaparecido, el cuerpo de Franco fue encontrado en el río Paraná por personal de Prefectura. Según unas fotos difundidas de forma anónima, el cuerpo de Casco estaba maniatado con sogas cuando fue extraído del agua. Pero no fue ese el modo en que Prefectura lo entregó al IML. Por ahora no hay pedido de indagatorias para el personal de esa fuerza federal que actuó en el caso, aunque los querellantes no lo descartan.
Asuntos Internos
Lo que pasa en la fuerza, queda en la fuerza. Ese parece haber sido, según presumen los querellantes en la causa y el propio fiscal, la consigna de los policías de la División Asuntos Internos que debían investigar a sus propios colegas de la comisaría por el caso Casco.
La presentación del fiscal ante el juez solicitando las indagatorias de cinco integrantes de Asuntos Internos señala el aporte “indispensable” efectuado por personal de esa división de la Policía de la provincia de Santa Fe –a cargo de la investigación encomendada en un primer momento por la justicia provincial para la averiguación del paradero de Casco– quienes “desatendiendo los indicios concretos con los que contaba la búsqueda”, desviaron “interesadamente” su investigación hacia pistas falsas con el objeto de eludir cualquier posible determinación de responsabilidades funcionales en cabeza de los funcionarios policiales de la comisaría 7ma.
“En efecto, los encargados de investigar la desaparición de Franco Casco, no tomaron medidas de prueba fundamentales en relación a la comisaría, ni analizaron de ningún modo las irregularidades del sumario policial”, sigue el fiscal.
Para De Giovanni, “por el contrario, la investigación que desarrollaron se direccionó únicamente a la búsqueda de una persona ‘perdida’, cuando deviene con toda claridad que si la investigación es encomendada a la división de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Santa Fe, es porque corresponde determinar la existencia de una posible vinculación del personal policial que depende de la misma autoridad política, con la perpetración de algún hecho delictivo”.
Tanto el fiscal como las querellas también solicitaron que al juez que indague, obviamente, a los policías de la seccional. El representante del Ministerio Público Fiscal lo hizo sobre algunos de los funcionarios, mientras que la querella de la Asamblea solicitó que sea convocada la totalidad de las guardias de los días 6 y 7 de octubre.
La presentación de la Defensoría General de la Nación, por su parte, pone en contexto lo ocurrido con Casco, involuntario eslabón de una cadena de violencia institucional normalizada en la fuerza de seguridad.
En el escrito se afirma que las torturas y la desaparición forzada de Franco Casco “no constituyen un caso aislado sino que se dieron en un contexto de repetidas y comprobadas violaciones a los derechos humanos protagonizadas por funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe, circunstancia de la que dan cuenta diversos informes producidos durante los últimos años por instituciones públicas locales y por organismos internacionales”.
Fuente: El Eslabón.
