El asesinato de trabajadores de prensa es una práctica sistemática. Ya suman 10 crímenes en 2017 y 44 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Muchos demócratas que despotrican contra el “dictador” Nicolás Maduro ni recuerdan el nombre del mandatario mexicano.
Se invita a los lectores a buscar esta noticia en las primeras planas de los grandes medios hegemónicos de la Argentina. Luego, pueden intentar con los medios de la región, más tarde con los del mundo.
No la van a encontrar en un sitio destacado. Sólo en los medios alternativos, cooperativos, en manos de los trabajadores, se cubre lo que ocurre en México.
En los medios en los que se considera que la información es un derecho humano sí se cubre la heroica lucha del pueblo mexicano contra las mafias y el narcotráfico, que están enquistados y confundidos con las estructuras del Estado de México.
La masacre contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014, con un saldo de 54 estudiantes desaparecidos, 9 muertos y 27 heridos, que todavía sigue impune, es apenas el ejemplo más terrible de una situación de impunidad cotidiana.
El Estado mexicano es un Estado terrorista. Pero a nivel internacional cuenta con blindaje mediático. Nadie tilda de dictador al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Se invita a los lectores a preguntar a los muchos demócratas que por estos días despotrican contra el “dictador” Nicolás Maduro y contra “la grave situación de los derechos humanos y las instituciones en Venezuela” si saben algo de lo que ocurre en México. Verán que las respuestas sobre el país norteamericano son más escuetas, o directamente nulas, como que les falta letra.
Los mal pensados podrían sospechar, incluso, que lo que afirman sobre Venezuela es un libreto aprendido.
Un lugar con buena prensa, pero mortal para la prensa
En México siguen matando periodistas, militantes sociales, y ciudadanas (la tasa de femicidios es una de las más altas del mundo) y ciudadanos. La impunidad es total.
Según informó el medio mexicano Eje Central, un nuevo asesinato contra un periodista se registró la tarde del 22 de agosto en Veracruz. Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucán y fundador del medio La Voz de Hueyapan, fue asesinado por hombres armados en Hueyapan de Ocampo.
Fue el asesinato número 44 en los 56 meses de gobierno de Peña Nieto, de acuerdo a un conteo realizado por Eje Central. Y es el décimo asesinado en lo que va de 2017.
El último homicidio había sido el 31 de julio. Luciano Rivera, reportero y conductor del Canal de Noticias Rosarito (CNR) de Playas de Rosarito, fue asesinado de un balazo en la cabeza en el baño del bar La Antigua, de la zona centro de Rosarito, Baja California.
Un mes antes había caído el locutor y director del canal 6 de Nueva Italia, Michoacán, Salvador Adame, quien estuvo desaparecido por varias semanas antes de que se pudiera confirmar su muerte.
Al homicidio de Adame le antecedieron, el pasado 15 de mayo, los asesinatos de Javier Valdez, director del semanario Ríodoce y corresponsal del periódico La Jornada, y el de Jonathan Rodríguez, reportero de El Costeño de Autlán, Jalisco.
Sobre los móviles que siguen al asesinato de los informadores, la organización de trabajadores de prensa Artículo 19 refiere que “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suele incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”.
Al respecto, el organismo cita en su más reciente informe, que en 2016 “un total de 226 agresiones contra periodistas provenían de los funcionarios públicos, y 17 de los grupos del crimen organizado”.
Según informó el medio mexicano Debate, que también reproduce el informe de la agrupación Artículo 19, en los primeros seis meses de 2017, “las agresiones hacia los periodistas aumentó en un 23 por ciento en comparación con el primer semestre del 2016”.
Según Artículo 19 “se registra un alarmante crecimiento en los ataques contra la prensa en México”.
Durante el primer periodo del 2016 fueron registradas 218 agresiones contra la prensa; mientras que de enero a junio de este año ya suman 276. De este número de ataques, 140 fueron orquestados por funcionarios públicos, lo que equivale al 50,7 por ciento del total de los ataques. El crimen organizado presentó 32 agresiones: 28 fueron por particulares y 17 por algún partido político; mientras que de 59 agresiones se desconoce el motivo o quién las ejecutó, señala el informe de Artículo 19.
Altos niveles de violencia, y de impunidad
Según denunciaron los trabajadores de prensa mexicanos, el 2016 culminó como uno de los años más violentos en cuanto a ataques contra la libertad de expresión se refiere, con 426 agresiones a periodistas. En 2016 fueron asesinados once periodistas. El 99,7 por ciento de los casos se mantiene en total impunidad, señaló el informe de Artículo 19.
“La impunidad es la principal causa de que las agresiones a la prensa se mantengan. Las autoridades se muestran indiferentes o simplemente no tienen la capacidad para esclarecer las muertes de colegas”, señaló el periodista veracruzano Noé Zavaleta, según reproduce Debate.
Durante el mandato del presidente Peña Nieto, los asesinatos de periodistas aumentaron de manera sustancial. En 2013, primer año de su gobierno, fueron registrados cuatro asesinatos; en 2014 hubo siete; mientras que en 2015 fueron nueve; y once más durante 2016. Desde enero de este año, ya son 10 los comunicadores ejecutados.
“Creo que debemos ubicar en qué estados se ha presentado más violencia contra el gremio periodístico. Sin duda, son los mismos estados en los que la corrupción es mayormente señalada. Tal es el caso de Veracruz y Chihuahua, donde sus gobernadores son acusados por el ilícito. Estas entidades son también donde se han presentado los ataques de manera más recurrente, superando a los estados donde se encuentra establecido el crimen organizado”, señaló Zavaleta al medio Debate, que también da cuenta de las amenazas que sufren los trabajadores y trabajadoras de prensa.
Según este medio mexicano, la intimidación y las amenazas son las agresiones más recurrentes a los medios. Este año ya suman 67 intimidaciones y 60 amenazas. Los ataques físicos suman 56.
Una de las amenazas más recientes hacia un periodista fue la que se divulgó en redes sociales contra Héctor de Mauleón. Apareció un video en el que una persona dispara en repetidas ocasiones contra una fotografía en la que aparece el rostro del periodista. Además, se difundió un tuit en el que aparece el video y en el que también se podía leer un mensaje que decía: “La sentencia está por cumplirse”. De Mauleón es columnista de El Universal y conductor en el medio ADN 40.
“Todo este tipo de situaciones son generadas por la falta de eficacia de la autoridad. Hay que recordar que los últimos crímenes contra periodistas se han realizado a plena luz del día, lo que es un indicador de que para la delincuencia matar a un periodista es como matar a cualquier otra persona. El caso de Héctor de Mauleón, es en verdad preocupante, ya que se hizo una amenaza pública que en lo particular creo busca generar miedo en el comunicador, pero que a su vez deja al descubierto que no hay respeto hacia una autoridad que trabaja muy lento y deja que la impunidad prevalezca en el país”, señaló Luis Knaap, abogado del programa Protección y Defensa del organismo Artículo 19.
En este marco, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados de México consideró ineficiente el trabajo de las dependencias federales encargadas de la protección a periodistas y exigió la intervención del presidente de la República, Peña Nieto, y el apoyo de organismos internacionales para frenar la violencia contra los comunicadores.
“Los periodistas no pueden convertirse en una estadística más, exigimos la atención inmediata al Presidente de la República y del apoyo de organismos internacionales para que cese la violencia contra la prensa mexicana”, dijo Brenda Velázquez, presidenta de la comisión, según informó el medio mexicano Proceso.
Fuente: El Eslabón.
