El edificio de cinco pisos del Sanatorio Gomara sobresale en la Villa Gobernador Gálvez de casas bajas. Se erige como otra locación de una de esas películas, que ya vimos en los 90 y que desde diciembre de 2015 se vienen filmando con los mismos protagonistas: empresarios vaciadores que se creen impunes, trabajadores que resisten y un Estado al que se le va haciendo un hábito eso de desentenderse de los problemas de la población.
Luego de un desgaste de meses y de haber atravesado otras crisis años atrás, en el inmueble no hay prestaciones sanitarias desde principios de junio. Los médicos se fueron por deudas y se cayeron los convenios con las obras sociales. La patronal Medicina Ambulatoria SA (Masa), un grupo que preside Eduardo Paquez y también ha tenido problemas en otros efectores, no aparece. Solo permanecen en el lugar los empleados –con salarios impagos y otros atrasos–, que reclaman estatización a través de la Provincia y reapertura, para preservar los 66 puestos de enfermeras, técnicos, administrativos y personal de mantenimiento; y también para garantizar el derecho a la salud de la población galvense, que ha perdido el único efector de la zona con infraestructura para la alta complejidad.
“Creemos que la estatización, a través de la provincia, es la salida, porque sería una solución para todo el pueblo y la salud es un derecho que no se negocia”, afirma Ricardo Nery Dosko, delegado de los empleados, y agrega: “No queremos que lo vuelva a explotar un privado, porque se puede repetir esto y la población quedarse sin un servicio. Esto se resuelve con voluntad política”.
Lo expresado por el delegado, quien hoy prefiere definirse como un integrante más del Comité de Lucha, también da cuenta de la manera en que fue cambiando la visión del conflicto: “Fuimos tomando conciencia de que no peleábamos solo por nuestra fuente laboral sino por los más de 7.300 jubilados que eran usuarios de la clínica (el Pami le quitó las cápitas en abril), como así también de todos los ciudadanos de Villa Gobernador Gálvez y alrededores”.
Al entender a la salud como un derecho, también cuestionan la inacción, tanto de Nación como de provincia, frente al deterioro y al vaciamiento que se iba perpetrando. “Para tener un centro abierto hay que pasar controles. Uno es Área 8 de Salud (provincial). Cuando esto se empezó a venir abajo, tenía deficiencias estructurales, les pedimos intervención y no lo hicieron. El Ministerio de Trabajo y la Afip constataron empleo en negro y tampoco hicieron nada. En cuanto al Pami, debe realizar auditorías y, cuando empezamos a tener desabastecimiento de insumos, la atención no era la mejor y tampoco actuaron”, explica Dosko. Y en sus palabras se trasunta también una sospecha de que se ha tratado de proteger a Paquez, cuestión que también atribuye a Atsa, el gremio que los agrupa. Al respecto, critica el manejo que el sindicato ha hecho de las audiencias, y acusa de aprietes y agresiones a algunos de sus dirigentes.
Va de suyo contar que el eslabón conversó con Dosko en el edificio del Gomara y ante algunos de sus compañeros, quienes ratificaban las afirmaciones del delegado y hacían acotaciones en concordancia con sus dichos.
Visibilidad y ocupación
Desde febrero pasado, los empleados del Complejo Comunitario Ingeniero Enrique Gomara –tal su nombre completo– no tienen obra social, porque Masa no hizo los aportes correspondientes. La empresa, que acumuló una deuda de 20 millones con los proveedores, tampoco pagó a los médicos, quienes se fueron alejando. Esto trajo aparejada la pérdida de prestaciones, lo que derivó en la caída de convenios con las principales obras sociales.
El cese de la actividad y el acrecentamiento de la deuda con los empleados –no cobraron julio ni agosto, ni vacaciones, bonos y ajustes salariales, y no ven un recibo desde enero– dio lugar a reclamos ante la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo, que convocó a audiencias donde la patronal brilló por su ausencia.
Más allá de las alternativas del conflicto, los empleados no han dejado sus puestos. “Hacemos guardias cumpliendo los horarios para que no se lleven el equipamiento”, dicen, aunque lamentan que la inactividad acentúa los déficits en la Salud de la zona, dado que no se pueden aprovechar sus recursos: tomógrafo, quirófano, sala de terapia intensiva, guardia las 24 horas, y 34 camas para interacciones.
Por eso, cobra sentido la visibilidad que se le está dando al conflicto en el espacio público y tratando involucrar a actores con capacidad para aportar soluciones. Así, han sostenido reuniones con funcionarios del gobierno provincial y del municipio de Villa Gobernador Gálvez, con el senador departamental Miguel Ángel Cappiello y con integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja santafesina.
Según sus dichos, no han encontrado respuestas favorables a sus pedidos y, en ese sentido, Dosko cuestiona la actitud del intendente Alberto Ricci, quien –dice el delegado– se había comprometido a “estar del lado de los trabajadores y hacer todo lo posible para que el policlínico siga funcionando”; pero apenas si le reconoce haber puesto a disposición dos baños químicos, el envío de algunos bolsones y la compra de un choripán en un festival, que organizaron días atrás con el propósito de recaudar fondos.
Expandir y vaciar
Durante la conversación, el personal de Gomara ha reseñado algunos antecedentes que permiten comprender el presente del sanatorio. Según cuentan, Masa tomó el centro asistencial a fines de 2013, como parte de la expansión de sus negocios, luego de que estuviera en manos de la cooperativa local prestadora de varios servicios y del Instituto Dorrego SA.
Lo hizo a través de un convenio, que sostuvo la continuidad de los trabajadores y pagando un canon locativo a la cooperativa, que es la propietaria del inmueble y además puso un veedor. De ahí que tampoco eximen de responsabilidades a Enrique Gomara, presidente de esa entidad, por las potestades que tenía para controlar la gestión del efector.
Junto al sanatorio galvense, el grupo Masa –que ya tenía su casa central en Rosario– también pasó a gestionar el sanatorio del Sindicato de la Carne en Saladillo, y efectores en Capitán Bermúdez y San Lorenzo. Como se ha visto, ha sido una expansión asentada sobre facturas de proveedores, honorarios médicos y salarios del personal impagos.
De hecho, lo que acontece en el Gomara es parte de una problemática mayor: recientemente hubo conflictos en Urquiza al 1700 y en junio pasado el gremio de la Carne le rescindió el contrato de administración de sanatorio por las deudas acumuladas.
“¿Quién te dice que esto va camino a la quiebra?” es la frase que Dosko le atribuye a Paquez. Y sostiene que el empresario se la dijo en mayo pasado en calle Urquiza al 1700. Dice que desde entonces no lo vio más y que no le creyó. Es que, según lo que han dicho de él, es uno de los villanos de esta película.
Fuente: El Eslabón
