Un consorcio de periodistas santafesinos accedió a filtraciones de documentos de la gestión del intendente Corral, que revelan el uso de recursos estatales para financiar punteros y armar tropa propia para Cambiemos-UCR. Familiares de funcionarios y empleados municipales integran asociaciones que reciben dineros oficiales. Plata para violentos con causas judiciales. El sueño de la casa propia a cambio de guardar silencio por una muerte.
Una investigación periodística producto de la filtración de documentos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Santa Fe puso al desnudo el modo en que el intendente José Corral, uno de los principales referentes de Cambiemos en la provincia y presidente de la UCR nacional, concibe y desarrolla su acción política mediante una red de punteros, empleados públicos y funcionarios –aceitada con dineros estatales– que le sirve de tropa propia a sus fines electorales. Un consorcio integrado por once periodistas santafesinos destapó la olla en la que en los últimos dos años y medio se hirvieron más de 200 millones de pesos del gasto social que debían destinarse a los sectores más vulnerables y, en algunos casos, fueron a financiar de manera ilegal la actividad política del oficialismo, una de cuyas principales tareas consiste en autodefinirse como campeón de la honestidad y la decencia.
El minucioso trabajo realizado por un grupo de periodistas reunidos para esta investigación bajo el nombre de #CorralPapers develó cómo se conformaron asociaciones civiles con empleados municipales, parientes de funcionarios y tipos violentos de los barrios de la capital para recibir fondos del Programa de Iniciativas Comunitarias, que al menos en los dos primeros casos estaban vedados para acceder a esos recursos.
En contraste con los espacios destinados periódicamente por los medios de comunicación hegemónicos a cualquier denuncia que pueda catalogarse como “corrupción K” –con absoluta independencia de su veracidad pero acentuado énfasis en su verosimilitud–, los #Corralpapers gozan de un inusitado bajo perfil en la “gran prensa”. El estruendoso silencio de los medios de mayor tirada y alcance sólo hace más creíble la tarea de los periodistas santafesinos.
Pic(oteo)
Creado por ordenanza en 1996 y modificado en 2010, el Programa Iniciativa Comunitaria (PIC) autoriza al municipio a “celebrar convenios con instituciones y organizaciones no gubernamentales” para encomendarles “pequeñas obras y servicios que ocupen mano de obra de modo intensivo”.
Según el informe de los #Corralpapers, “entre 2013 y 2017 el intendente Corral amplió el presupuesto destinado al área (Desarrollo Social) en un 285 por ciento: pasó de 24 millones de pesos a más de 94 millones”.
Y agrega: “Llamativamente, el flujo de dinero aumenta en años electorales. De 2014 a 2015 se dio el mayor salto porcentual en la inversión en el programa: un incremento del 75 por ciento, pasando de 33.944.339 pesos en 2014 a 59.516.687 en el año de su reelección”.
La ordenanza que lo creó estableció, con el objetivo de dotar de transparencia al programa, la convocatoria a concurso de precios entre cooperativas o asociaciones civiles para garantizar la debida distribución de los fondos, aunque según los periodistas del consorcio esa condición terminó por “dibujarse” en los papeles para dotar de aparente legalidad lo que era irregular.
Una entidad ofertaba el monto estipulado por el municipio en el concurso para la realización de las tareas y las demás presentaban propuestas superiores, casi siempre por el mismo monto de excedente.
Para evitar chanchullos, la ordenanza fijó que “se establece que en ningún caso el personal afectado a la realización de los trabajos guardará relación laboral alguna con la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe”.
Según la investigación, entre los beneficiarios de los dineros públicos del PIC hay 65 empleados municipales que conformaron asociaciones civiles y firmaron convenios con la gestión Corral en los últimos años.
Entre los documentos a los que accedieron los periodistas –cuya totalidad prometieron hacer pública el 15 de este mes– existe una planilla de Excel extraída de la computadora del secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, reveladora de la constitución de una burocracia destinada al curro.
El archivo informático se llama “NO PUEDEN CELEBRAR CONVENIO CONFORME ESTATUTO” y su contenido detalla la lista de asociaciones excluidas de rubricar acuerdos con el programa.
“No obstante, cada una de ellas se benefició con los mencionados convenios. Son 35 las entidades que, según los papeles de trabajo de Medrano, no pueden celebrar convenios con el Municipio y sin embargo lo siguieron haciendo”, dice el informe.
La ordenanza que creó el programa facultó al Ejecutivo municipal a “decidir unilateralmente la caducidad del convenio” en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos de las entidades beneficiarias. Pero nadie se dispara a su propio pie.
El mariscal Tito
Uno de los casos revelados por la investigación es el de la asociación civil “Santa Fe Nuestro Futuro”, que en los últimos seis años recibió casi seis millones de pesos del municipio y está presidida por Susana López, esposa de quien fue director del Programa de Participación y Promoción Ciudadana de la Intendencia, Roberto Tito Montenegro. Como vocal primera de la asociación, revelaron los periodistas, figura una tía de Tito de 79 años. Una familia con futuro en Santa Fe.
De acuerdo a los documentos, la entidad recibió en 2011 apenas 32 mil pesos para trabajos de mejoramiento barrial. Pero esa suerte esquiva cambió. “Sólo entre 2014 y 2015 fue beneficiada con más de tres millones y medio de pesos para la realización de obras en distintos barrios”, precisa la investigación. En total fueron 5.850.375 pesos destinados por la gestión municipal a un funcionario de las administraciones de Mario Barletta y José Corral.
“Bajo la mirada de Medrano, fue tarea del propio Montenegro acordar los trabajos y los montos con su propia esposa por ser la titular de Santa Fe Nuestro Futuro. Susana López, además de su compromiso vecinalista, fue elegida como Representante de la Comunidad en el Hospital Sayago; buena parte del apoyo recibido en dichas elecciones provino de los votos de las mismas vecinales normalizadas por el radicalismo en Santa Fe”, señala la investigación.
Y continúa: “Imprescindible en la tarea del armado de cuadrillas luego destinadas a tareas del municipio (fogoneadas por la utilización de fondos públicos), luego de 2015 Tito Montenegro retomó la senda de las funciones municipales y tras destinar millonarios fondos para ser gestionados por su esposa, fue designado como Coordinador Ejecutivo del Programa Solares en el Municipio, desde el 1º de diciembre del pasado año. Lo que se dice, un funcionario todo terreno para José Corral”.
El Gitano
Otro caso de irregularidades o favores políticos tramitados por el gobierno del líder radical es el de la asociación Jehová Jiréh, presidida por Juan Carlos Viña, alias El Gitano, radicado en el barrio Santa Rosa de Lima. Según la investigación, en 2015 fue nombrado en la planta permanente del municipio de la capital.
“Entre los años 2011 y 2016 la Asociación Civil Jehová Giré recibió fondos por $1.579.780. Los convenios no sólo cuentan con la firma del titular del Ejecutivo, sino también de los integrantes de la Asociación. Así, aparecen las rúbricas de Juan Carlos Viñas, Ana María González, Mirta Raquel Ojeda, Luciana Alejandra Centeno y Gustavo Roberto Sartin”, detalla el trabajo periodístico.
Precisa que “todos sus integrantes son actualmente afiliados a la UCR y, salvo en un caso, tienen cuentas pendientes con la Justicia, según surge de la base de datos del Sistema de Consultas Penales Unificadas. Viñas, más conocido como El Gitano, por lesiones leves dolosas contra Ana María González quien, casualmente, integra la misma Asociación Civil. También por amenazas simples”.
Ana María González, por su parte, tiene causas por amenazas simples, lesiones leves calificadas, violación de domicilio, hurto y defraudación. Mirta Ojeda por actos turbatorios o molestias y, Gustavo Sartin, por homicidio culposo.
“Al mismo tiempo y según registros oficiales, Viñas es empleado municipal (planta permanente) y recibe mensualmente un básico de $16.923 por dos años de antigüedad. Lo propio ocurre con Gustavo Roberto Sartin, quien cobra un básico de $16.710 (con un año de antigüedad)”, revelan los #Corralpapers.
La investigación del consorcio señala que en 2014 un vecino del barrio Santo Rosa de Lima, Esteban Zambrella, denunció que la entidad de El Gitano “sólo daba trabajo a los que militaban para José Corral” y que les retenían parte de la paga.
Mediante seis disparos le notificaron en noviembre de ese año la inconveniencia de hacer público lo que debía mantenerse en privado. El joven salvó su vida. El 17 de ese mes, desde el hospital donde se recuperaba, insistió contra Viñas: “El Gitano me mandó a matar”, dijo a FM Sol de la capital.
Un día después, el secretario General de la Intendencia, Carlos Pereira (actual candidato a concejal de Cambiemos-UCR), aseguró, casi en el lugar de un fiscal: “Estamos siguiendo de cerca la causa, hasta el momento no hay ninguna imputación” contra Viñas.
“Al Gitano lo vi dos veces en mi vida, hasta hace dos años atrás no lo conocía. Además, tengo entendido que Viñas era un viejo afiliado radical, pero más no sé”, concluyó Pereira. Uno meses después ingresó a la planta permanente del municipio.
Cristo vence
La filtración de documentos oficiales hizo pública, también, la historia del vínculo entre la familia Gudiño, de estirpe radical, y el intendente del mismo partido.
El apellido Gudiño ya había gozado de atención pública el año pasado por un escándalo: Corral le compró con fondos municipales una vivienda de 550 mil pesos a un hijo del puntero boina blanca Ricardo David Gudiño, a quien además designó en la planta del municipio. Concejales opositores denunciaron, en ese momento, que la solución habitacional y el conchabo público entregados por el intendente al hijo de su puntero compraban silencio. La nuera de Ricardo Gudiño había muerto tras contraer leptospirosis mientras trabajaba en una de las cuadrillas municipales.
Ahora, las revelaciones de los #Corralpapers muestran que Gudiño es titular de la Asociación Civil Los redimidos de Cristo, constituida en 2010. “Tres de sus integrantes son empleados municipales, y todos ellos guardan relación militante con el intendente y sus candidatos. Esta asociación está integrada principalmente por una numerosa familia de apellido Gudiño. Su presidente, Ricardo David Gudiño, logró hacer sustentable su asociación civil a lo largo de los años principalmente apostando a un único negocio: firmar convenios para recibir fondos municipales a cambio de un trabajo de militancia partidaria para José Corral y sus candidatos. La fachada: cuadrillas de limpieza y trabajos municipales para los barrios de Santa Fe”, señala la investigación.
Desde el 2012 en adelante, Los Redimidos de Cristo recibió un total de 4.833.960 pesos, logrando incrementar considerablemente los montos en años electorales, en los que el trabajo territorial para hacer campaña y conseguir más votantes, lógicamente se incrementa, agrega el informe.
“Por ejemplo, en 2013 recibió un 1.195 por ciento más que el año anterior (no electoral). En 2014 los fondos se reducen considerablemente en comparación con el año precedente, pero asociado al período 2015 (año en el que Corral logra su reelección), los fondos girados a Gudiño se elevan nuevamente en un 792 por ciento, alcanzando casi el millón y medio de pesos sólo en ese año”, detalla.
También indica que la entidad conducida por el radical Gudiño recibió en 2012 un subsidio del por entonces senador por el departamento La Capital y actual diputado nacional, Hugo Marcucci, hombre del riñón Barletta y Corral.
El trabajo cita una entrevista en la que Gudiño admite su participación política en el armado del intendente y presidente de la UCR, a la vez que forma parte de la planta permanente de la municipalidad en la Secretaría de Control.
“Pero los cargos no llegaron sólo para el presidente de Los Redimidos de Cristo. Su tesorera, Adela Susana Ferreyra, también se desempeña en la Secretaría de Control, y el caso del síndico titular es aún más escandaloso. Se trata de Aldo Juan Mauricio Gudiño, hijo de Ricardo Gudiño, y quien en este caso oficia de personal contratado en la Secretaría de Recursos Hídricos”, dice la investigación.
Añade, como se dijo antes, que “su ingreso está íntimamente ligado a un episodio sumamente trágico, que tiene como raíz la muerte de su mujer, Yamila Ferré (23)”.
La casa del silencio
Yamila, madre de cuatro hijos, trabajaba en la cuadrilla que conducía su suegro. Tras las inundaciones pluviales de 2015, se la abocó a la tarea de limpieza de cunetas y desagües. Días después comenzó a sentirse mal y, tras un largo peregrinar por efectores públicos de salud sin un diagnóstico certero, fue en el Hospital Sayago donde en definitiva le informaron que había contraído leptospirosis. Tras permanecer internada varios días, finalmente falleció el 23 de marzo de ese año, recuerdan los periodistas.
“Sus familiares iniciaron una demanda al municipio, ya que Yamila no había sido provista de los elementos de higiene necesarios para realizar los trabajos para la municipalidad, pero se encontraron con la sorpresa de que su marido, Aldo Juan Mauricio Gudiño, no sólo no acompañó el reclamo sino que intentó desestimar la responsabilidad del municipio en el fallecimiento de la madre de sus hijos”.
El 25 de marzo, dos días después del fallecimiento de Yamila, “José Corral en calidad de intendente firmó la Resolución 0325, mediante la cual autoriza a la Agencia Santa Fe Hábitat, que él mismo preside, a avanzar en la compra de una vivienda para uso familiar, con fondos municipales. La inversión le demandó a todos los santafesinos la suma de $550.000 y según esgrimió en el escrito, la decisión está fundamentada en un informe socio ambiental exprés presentado por la Dirección de Acción Social local, que determina que los hijos de la fallecida, necesitaban un hogar acorde donde vivir. Es así que se designa como titular del inmueble a Aldo Juan Mauricio Gudiño. Una muerte, el petitorio oficial de una vivienda, informes socio ambientales y la firma de una resolución para hacer efectiva la compra, todo en el tiempo récord de 48 horas”.
Según la investigación del consorcio, los hijos de Yamila nunca vivieron en esa casa, sino que fue ocupada por su suegro, Ricardo David Gudiño, presidente de los Redimidos de Cristo.
En una entrevista radial, Ana María Ferré, madre de Yamila, lamentó: “La familia de mi yerno no acompañó nuestro reclamo. No reclamó justicia porque trabajan para el señor Corral. Les dieron una casa a cambio de silencio”.
Fuente: El Eslabón.
