Tres candidatos radicales a concejal que formaron parte de la lista encabezada en 2005 por el actual secretario General de Santa Fe, Carlos Pereira, recibieron más de seis millones de pesos de la gestión de José Corral a través de asociaciones civiles. A pesar de la contundencia de los datos publicados por un consorcio de periodistas, el intendente dijo que está “tranquilo” porque se trata de una campaña de la oposición.

Una “campaña del kirchnerismo” impulsó al intendente de Santa Fe, José Corral, a distribuir más de seis millones de pesos de las cuentas públicas entre dos asociaciones civiles que integran tres ex candidatos a concejales de la lista que encabezó el actual secretario General del municipio, Carlos Pereira, quien ahora vuelve ocupar el primer lugar de la lista de postulantes de Cambiemos al Concejo Deliberante para las elecciones del próximo domingo. Esa es la explicación que brindó esta semana el jefe comunal luego de recibir al presidente Mauricio Macri en la capital provincial. Consultado por la investigación periodística denominada #CorralPapers, que ventiló los documentos públicos que muestran el uso de recursos estatales para financiar una estructura de punteros y militantes, acusó al kirchnerismo santafesino de orquestar una operación por la proximidad de los comicios. Pero el reparto del dinero lo realizó su gestión, no los opositores.

Como el presidente también se vio involucrado en una filtración masiva de documentos sobre firmas off shore en paraísos fiscales, conocida como #PanamáPapers, se solidarizó con su socio radical en Santa Fe.

“Me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba tranquilo. Me lo dijo solidariamente porque él también tuvo muchas operaciones”, contó Corral luego de la visita presidencial.

“Cuando el kirchnerismo gobernaba, Mauricio fue objeto de muchas campañas negativas, como la que tenemos nosotros en Santa Fe. Él estaba al tanto y me dijo: «¿Estás bien?». Por supuesto que sí, le contesté”, siguió el intendente.

Para el radical macrista, la profunda investigación periodística realizada por un consorcio de once trabajadores de prensa “no es periodismo”, sino “campaña electoral”.

En la misma rueda de prensa aseguró que “el kirchnerismo está muy nervioso y muy preocupado, por eso esta denuncia”.

El martes pasado la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la Municipalidad de Santa Fe por orden del fiscal Roberto Apullán, quien desde el viernes investiga el posible desvío de fondos públicos para fines políticos, a raíz de la denuncia periodística.

Un periodista le preguntó entonces a Corral, luego de la visita de Macri: “¿La Justicia también está en esa campaña negativa?”.

—No, la Justicia hace su trabajo, tiene que hacerlo y está muy bien. Estamos dispuestos a dar las informaciones que haya que dar—, dijo, como si gozara de otra opción.

Y volvió sobre la idea de la orquestación en su contra: “Por supuesto que estamos dispuestos a rendir todas las cuentas que haya que rendir. No hay que enojarse cuando se piden explicaciones, pero tampoco ser ingenuos y dejar de ver que lo que hay es una campaña”.

“Y cuando es un concejal del kirchnerismo el que lleva adelante e impulsa esta investigación, no hay ninguna duda. Hay una campaña de difamación”, cerró sobre el edil opositor Juan Cesoni, quien llevó el caso al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La lista de Carlitos

“Tres de los candidatos a concejales que acompañaron a Pereira en su anterior elección como cabeza de lista integran organizaciones beneficiadas por el programa Iniciativas Comunitarias. El monto total de dinero que fluyó de fondos públicos a estas entidades es sorprendente: más de seis millones de pesos. Los consejos directivos de estas asociaciones son también integrados por empleados de la Municipalidad, situación que está expresamente prohibida por la ordenanza”, comienza la sexta parte de la investigación de los #CorralPapers, conocida durante la semana.

Puntualmente, el trabajo periodístico realizado a partir de una filtración de documentos que el secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, comparte con otros funcionarios en una nube y en sus computadoras, revela el uso de recursos públicos a través del Programa de Iniciativa Comunitaria (PIC) para financiar cooperativas y asociaciones civiles integradas por militantes radicales, punteros, en un caso un barrabrava y también empleados municipales.

La ordenanza que creó el PIC excluye taxativamente entre los beneficiarios de los contratos municipales con cooperativas a aquellas entidades integradas por empleados del municipio. Según los periodistas del consorcio, están en juego 210 millones de pesos cuyo destino puede ser cuestionado legal o éticamente. Detectaron 65 trabajadores de planta de la Intendencia entre los papeles oficiales.

Pero ahora se sumó a las presuntas irregularidades la aparición de asociaciones civiles que recibieron contratos del municipio entre cuyos integrantes, sin más, figuran ex candidatos a concejales de la lista que en 2005 encabezó Pereira.

La “Asociación Civil por una Ciudadela Centro” recibió del municipio 2.986.540 pesos desde 2013 a mediados de 2017. “Al igual que en muchos de los casos que se constataron en #CorralPapers, las cifras se incrementan considerablemente en años electorales. En 2015, año de la reelección de Corral, recibió un 321 por ciento más que en 2014, mientras que para este 2017 eleccionario tiene convenios comprometidos por 1.790.800 pesos, un 563 por ciento más que en 2015”, detalla la investigación.

¿Qué es lo cuestionable? Que la presidenta de esa asociación es, según descubrieron los periodistas, Amelia Catalina Beorlegui, quien en 2005 ocupó el quinto lugar en la lista de concejales que encabezó Carlos Pereira por la UCR.

“En su Facebook, la propia Amelia comparte una foto del reconocimiento de sus correligionarios por sus años de militancia. ¿Dónde fue realizado el agasajo?: en la sede del comité provincial radical”, dicen los colegas.

También publicaron fotografías en la que se ve a Beorlegui y la gente de su asociación participando de recorridas militantes junto a Pereira en la campaña para las elecciones del próximo domingo.

“Amelia no tuvo suerte en aquel 2005, ya que la cantidad de votos que obtuvo la UCR no le alcanzó para ocupar una banca en el Concejo”, recuerdan los #CorralPapers, que pueden verse en la página web homónima.

El Esteban sí

El síndico suplente de la Asociación Civil por una Ciudadela Centro tuvo más suerte que la presidenta de la entidad. Esteban Aignasse ocupó el tercer lugar de la lista de candidatos a concejales que en 2005 encabezó Pereira, el actual secretario General del municipio y delfín de Cambiemos.

Aignasse resultó electo concejal de Santa Fe en aquel momento y cumplió su mandato hasta 2009, año en que se postuló para renovar la banca radical.

“Cuando intentó renovar su banca, la suerte le fue esquiva. Pero la historia lo compensaría. Quien encabezaba su lista en aquella ocasión era quien se convertiría dos años más tarde en intendente de Santa Fe: José Corral. Fue así como, tras la asunción de Corral al frente de la ciudad, Aignasse ocupó el escaño que quedaba vacío”, señalan los periodistas.

Cumplido su mandato en 2013, obtuvo un cargo en la secretaría que conduce su primer compañero de lista, Carlos Pereira. “Hasta el día de hoy se desempeña como Coordinador del Distrito Noroeste. Además de ser funcionario municipal y participar de una ONG beneficiada por el municipio, integra la Comisión Directiva del Club Atlético Unión”, abundan.

De acuerdo a la investigación, además de candidatos y ex concejales del radicalismo la misma asociación está integrada por empleados municipales, lo que está expresamente prohibido por la ordenanza del Programa de Iniciativa Comunitaria.

“Tales son los casos de Gustavo Víctor Herrera, quien se desempeña en la Secretaría de Comunicación que conduce Andrea Valsagna; Lorena Gladys Herrera, quien cumple funciones en la Secretaría de Planeamiento Urbano y finalmente Enrique Bustos, quien trabaja en la dirección de Hidráulica”.

Solidaridad interna

Otro de los candidatos a concejales en la lista que en 2005 encabezó Pereira fue detectado por el consorcio de periodistas como beneficiario de contratos del municipio con una asociación civil de la que participa. Se llevó más de 3,5 millones de pesos en los últimos años. Que salga ahora a la luz pública se explica, según Corral, por una “campaña del kirchnerismo”.

Pero fue el radicalismo el que le otorgó esos contratos a la asociación civil “Centro Comunitario Colastiné Solidario”, presidida por Orlindo Emiro Ruíz Díaz, según la filtración de documentos.

Ruíz Díaz ocupó el sexto lugar de la lista de candidatos al Concejo liderada por Pereira. La ONG también está integrada, otra  vez, por empleados municipales de la Intendencia santafesina.

“Durante la gestión de Corral, la asociación de Orlindo recibió de la municipalidad la suma de 3.578.500 de pesos desde 2014 a la fecha, incluyendo convenios comprometidos en este año electoral. Dos compañeras de Orlindo en la asociación son empleadas del municipio, hecho que, tal como ya fue aclarado, está expresamente prohibido en la ordenanza”, reseña la investigación.

Y detalla: “La segunda vocal del Centro Comunitario Colastiné Solidario es Inés Rosalina Rivolta. También es empleada municipal, en este caso en la Secretaría General, en los Centros de Distrito. El cargo de Revisora de Cuentas lo ocupa Rosa Isabel Oyarbide, a tono con sus funciones dentro del Palacio Municipal: trabaja en la Secretaría de Hacienda, área que conduce Belén Echeverría, una de las que suele firmar los convenios de Iniciativa Comunitaria”.

Los medios de comunicación tradicionales y con mayores audiencias de la provincia de Santa Fe no han puesto sus esfuerzos en difundir los presuntos chanchullos del presidente nacional de la UCR e intendente de Santa Fe. Recién con el allanamiento al municipio se vieron obligados a emplear la realidad como materia prima.

Los #CorralPapers revelan que hay una corrupción mala y dañina y otra inocua basada en campañas de desprestigio. Es decir, muestra que el asunto central no estriba en los niveles de opacidad en la administración de los asuntos y los recursos públicos sino en los intereses que cada actor representa.

Fuente: El Eslabón.

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