Macri lanzó una ofensiva en toda la línea de lo que considera la batalla contra el pasado, pero tiene como objetivo modelar todo el sistema institucional a favor del esquema de poder que lo sostiene. CFK y Gils Carbó son dos escollos que desea remover cueste lo que cueste.
Aunque para muchos sólo se trató de un acto más de campaña, el martes pasado la ex presidenta y candidata a senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa en la que alertó acerca de la gravedad institucional que revisten algunos de los movimientos realizados por la hidra que da sustento al régimen macrista.
La ronda del juez pistolero
La principal candidata de Unidad Ciudadana presentó un video en el que se ponen en evidencia las idas y vueltas del juez Claudio Bonadío con relación a la causa Amia, pero fundamentalmente a partir de la decisión del magistrado de citarla a indagatoria junto al ex canciller Héctor Timerman y a otros 13 imputados en la causa que se les sigue por presunto encubrimiento del atentado a la sede judía a través de la firma del memorándum con Irán.
La fecha en que comenzará la ronda de indagatorias fue elegida por el patibulario juez con la precisión y afán de todo perverso: el 17 de octubre, día en que fue citado Timerman.
Cabe recordar que el expediente de esa causa tiene su origen en la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien en oportunidad de investigar –en la Unidad creada especialmente por el ex presidente Néstor Kirchner– el atentado a la Amia, y en cuyo transcurso Bonadio fue imputado por encubrimiento.
De tal modo que un magistrado acusado por Nisman de encubrir la investigación del bombazo a la sede judía es ahora quien acusa a CFK y a otros 14 ciudadanos de encubrir ese criminal episodio.
Bonadio, además, dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados, y el 18 de octubre deberán comparecer en su despacho el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, el dirigente Yussuf Khalil y el espía Ramón Allan Bogado.
En los días sucesivos deberán declarar el líder de Miles, Luis D’Elía; el ex funcionario de la Cancillería, Luis Zuain; los ex secretarios de Timerman, Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado; Alberto D’Alotto; el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el ex número dos de Inteligencia, Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y el diputado nacional Andrés Cuervo Larroque. El 6, cuatro días después de las elecciones, deberá presentarse Cristina.
El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, argumenta que existió un plan criminal con el fin de otorgar impunidad a iraníes acusados por el atentado a la AMIA. El delito denunciado por Nisman habría sido planificado y ejecutado por las más altas esferas del gobierno de CFK, y el medio elegido para concretar el maquiavélico plan fue el Memorándum de Entendimiento con Irán, que según sostenía la denuncia del fiscal muerto iba a permitir suspender los alertas rojos que pedían la captura internacional de los acusados, y disponía la creación de la Comisión de la Verdad, que para Nisman se trataba de un instrumento exculpatorio destinado a beneficiar a los imputados iraníes.
Esa denuncia de Nisman contra CFK y sus funcionarios fue cerrada por el juez Daniel Rafecas, quien alegó que no existía delito, decisión que luego fue confirmada tanto por la Cámara Federal como por el fiscal de Casación Federal Javier De Luca.
Pero ante las presiones del gobierno macrista, la causa se reabrió con base en un fallo de los jueces de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Un video que deschava a Bonadio
El informe audiovisual que puso en consideración CFK durante la conferencia de prensa en el Instituto Patria muestra las ostensibles contradicciones de Bonadio y de la causa iniciada tras la denuncia de Nisman.
En el video queda claro que su poltrona en el juzgado federal que lo cobija es fruto de la famosa servilleta de Carlos Corach, ex ministro del Interior de Carlos Menem. Pero además, pone negro sobre blanco que fue el propio Nisman, como querellante, quien acusó a Bonadio.
En esa línea, en el material se subraya que 23 años después del atentado, sin que se hubiera producido en ese lapso avance alguno en la investigación acerca de quiénes fueron los responsables materiales e ideológicos del ataque, Bonadio se dispone a ejecutar una nueva ofensiva en el marco de lo que Cristina denominó “una persecución”.
En un ejercicio de memoria histórica, el video muestra que el día del ataque a la sede judía CFK era diputada provincial en Santa Cruz; Timerman un periodista que vivía en el exterior; Bonadío era subsecretario de Asuntos Legales del gobierno de Menem, y dependía del ministro Corach, aunque éste –unos días antes– impulsó su nombramiento como juez federal en Comodoro Py.
El audiovisual ayuda a recordar, también, que un año y medio después del ataque a la Amia, ya como senadora nacional, Cristina integraba la Comisión de Seguimiento del caso, y que en 2001, desde ese mismo lugar la ex presidenta denunció las irregularidades cometidas por el ex juez federal Juan José Galeano, entre ellas pagar 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, que ofició como falso testigo para desviar la investigación.
Otro aspecto abordado fue el actual juicio por encubrimiento del ataque a la Amia, con “nula cobertura mediática”, según dice el texto leído en off por la locutora. En ese proceso están imputados, Menem, el Fino Palacios, Hugo Anzorreguy, Galeano, Rubén Beraja, ex titular de la Daia, y Telleldín, entre otros.
Por si hiciera falta, en el video se destaca que el juez pistolero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por no querer investigar a Menem, Corach, el Fino Palacios y Galeano por el encubrimiento del atentado. En 2005 le quitaron la causa por ser juez y sospechoso al mismo tiempo, y el 7 de octubre de 2010, hace siete años, Nisman lo denunció junto al comisario Jorge Fino Palacios y a Corach bajo la carátula de “Delito de acción pública”. Bonadio pretendía separar de la causa al fallecido fiscal.
A la carga contra Gils Carbó
Como si fueran pocos los indicios de que Macri quiere cargarse a la oposición política y formatear el Poder Judicial a su medida, este jueves que pasó el juez federal Julián Ercolini ordenó el procesamiento de la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la presunción de un delito que la defensa de la imputada advirtió que nunca ocurrió, ya que se trata de “un delito imaginario”.
En sintonía con las presiones que viene ejerciendo el gobierno de Macri, Ercolini imputó a la procuradora en la causa por la compra de un edificio por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración. De este hecho, Gils Carbó ni estaba enterada, pero además la tasación del edificio era la más baja del mercado, por lo que no existió perjuicio patrimonial para el Estado.
Así, Gils Carbó fue procesada por la presunta comisión del delito de “administración fraudulenta” en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación. Pero en los hechos, se trata de una puesta en escena a diez días de las elecciones de medio término, y uno más de los efectos que el dispositivo mediático judicial utiliza para mostrar una administración preocupada por dar batalla a la corrupción.
El estudio que defiende a Gils Carbó, encabezado por León Arslanian, divulgó un comunicado de prensa en el que plantea “estupor, porque (Ercolini) le adjudica una de las modalidades de la defraudación (a la Procuradora) cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública al autorizar, la funcionaria, la compra de un inmueble para sede de su desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas, y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales. Sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera conocimiento de aquélla”.
Los defensores de Gils Carbó señalaron: “No nos sorprende”, debido a que “algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando”.
De listas negras y otras yerbas
Cristina, en la conferencia de prensa, puso de manifiesto la gravedad institucional que deviene de los actos del gobierno nacional y advirtió: «Vamos a hacer una presentación ante ONU por el llamado a indagatoria de Bonadio».
Pero además, manifestó lo que en práctica está ocurriendo en términos de poder real: “El Poder Judicial actúa como fuerza de tareas del Poder Ejecutivo”. En otro tramo de la conferencia en el Instituto Patria, le espetó a Macri: “No queremos un Presidente que tenga listas negras”, por la famosa nómina de 562 personas que estarían poniendo palos en la rueda del “cambio”, a quienes el jefe de Estado, si pudiera, dijo que enviaría “en un cohete a la Luna”.
Para quienes consideren que los dichos de Macri son los exabruptos de un desquiciado o incluso de alguien que quiere desviar la atención de los desastres macroeconómicos que está llevando adelante su administración en pos de cometer el mayor saqueo de este siglo, pierden de vista que detrás de las sonrisas, los bailoteos y los actos fallidos se esconde la siniestra estampa del empresario que vivió de la teta del Estado desde muy joven, del hombre que un día decidió apoderarse de ese Estado para estar de los dos lados del mostrador, y que lo está consiguiendo, con socios que desde los medios y desde Comodoro Py le otorgan la cobertura necesaria para que sus actos –un buen día– se tornen irreversibles. Mientras haya tiempo de detenerlo, es preciso que ello ocurra.
Fuente: El Eslabón.
