Un cuerpo y mil preguntas

El cadáver encontrado en el río Chubut aguarda identificación oficial. La autopsia, las pericias y una eficaz investigación pueden conducir a develar lo ocurrido. Setenta y ocho días de negacionismo oficial habilitan un prudente pesimismo. Los mensajes de los gendarmes y las constancias de la causa permiten sospechar de la fuerza. Las operaciones caen, pero se levantan.  

El cuerpo hallado el martes 17 de octubre en el río Chubut por un buzo de la Prefectura Naval durante un rastrillaje ordenado por un juez federal comienza a desandar el largo camino de 78 días de desaparición de Santiago Andrés Maldonado (28), el artesano y tatuador visto por última vez el 1º de agosto cuando efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron sin orden de allanamiento a un predio ocupado por una comunidad mapuche en el departamento Cushamen, tras despejar un corte de tránsito en la ruta nacional 40. La familia de la víctima no confirmó la identidad del cuerpo a la espera del uso de métodos científicos para tal comprobación. Las ropas coinciden con las descripciones hechas por testigos de aquella represión y el hombre encontrado en las aguas del río tenía el documento de identidad del joven buscado. La expresión “no confiamos en nadie” de los familiares de Maldonado explica la cautela de aguardar la identificación irrevocable de la ciencia, en un caso atravesado por innumerables operaciones. Tanto la abogada querellante Verónica Heredia como integrantes de la Pu Lof aseguraron que “el cuerpo fue plantado” porque tres días antes no estaba en el lugar donde fue encontrado. La aparición de ese cadáver abre un abanico de interrogantes que deberían despejar la autopsia, posteriores pericias y una eficaz investigación judicial. Por lo pronto, y sorprendentemente, un subalférez de la fuerza de seguridad se auto imputó para tener acceso al expediente.

Caen y se levantan

La aparición del cuerpo que, todo indica, es el de Santiago Maldonado, disuelven las irresponsables e interesadas operaciones mediático-políticas del 20 por ciento de posibilidades de que esté en Chile; como antes había caído la de la pelea con el puestero de la estancia de Benetton, el viaje a dedo a Entre Ríos y la pareja que aseguró haber trasladado al joven por las rutas patagónicas.

Pero los caídos se sobreponen. Y ya comienzan a vislumbrarse las nuevas tentativas: se ahogó porque no sabía nadar (según la abogada de la familia el 1º de agosto el río Chubut tenía 30 centímetros de profundidad en el lugar donde se encontró el cuerpo); los mapuches tuvieron retenido el cuerpo todos estos días y lo arrojaron para que fuera encontrado en el rastrillaje del martes.

Como el gobierno casi no habla del tema, para conocer lo que piensa hay que leer el diario Clarín. “El cuerpo no mostraba golpes ni heridas visibles de bala”, adelantó en su edición del jueves, incluso antes de que llegara a Buenos Aires para la autopsia.

Otro artículo avanzó sobre la responsabilidad de las víctimas: “«Pudo haber corrido hasta allí, escapando y se enganchó y quedó abajo”, indica una voz con alto conocimiento del caso», señala el diario. Y agrega: “«Cada vez suena más fuerte este rumor de que el cuerpo lo encontraron en el área donde más mapuches hay viviendo. Esto hace pensar que es muy difícil que el cuerpo haya sido plantado”, explica otra fuente oficial»”.

Es decir que las fuentes oficiales consultadas por el periódico de mayor tirada del país ni atisban la posibilidad de que Gendarmería haya tenido algo que ver con el asunto. Maldonado se enganchó en unas ramas y se ahogó, pero nadie lo vio en 78 días a pocos metros de donde se produjo la represión de Gendarmería a la comunidad y luego de tres rastrillajes.

Clarín también se anticipó a que “tras las pericias, podrían procesar a testigos por falso testimonio”. ¿A quién? Al mapuche Matías Santana. Las pericias, claro, todavía no se realizaron. Para eso, explica el diario, debería comprobarse que el cuerpo estuvo durante 78 días en el lugar donde fue encontrado. En esa hipótesis, el periodista Lucio Fernández Moores entiende que el testimonio de Santana sobre un bulto al que los gendarmes golpearon y subieron a un Unimog sería falso. No cabe la posibilidad de que hubiese sido arrojado unos días después, atento a que el cuerpo apareció río arriba del lugar de conflicto, desafiando las leyes de gravedad.   

Si bien es muy prematuro para determinar lo ocurrido, la abogada Heredia consideró “irracional” que el cuerpo haya sido encontrado río arriba.

La autopsia permite determinar si el cuerpo de la persona hallada se ahogó –tendría aguas en los pulmones-, si presenta golpes, ataduras, rastros de tormentos o disparos. También, aunque no con precisión exacta, el tiempo que estuvo en el agua y la data de muerte.  

Con esos resultados el juez Gustavo Lleral podrá componer una escena más precisa de lo ocurrido, aunque no necesariamente dilucidar el caso.     

Justificación

Los nuevos planteos de las “fuentes oficiales” colisionan con lo que se conoce en el expediente acerca del personal de Gendarmería que participó del procedimiento ordenado por el primer juez de la causa, Guido Otranto.

El magistrado firmó el 1º de agosto una orden para despejar la ruta 40, interrumpida por un grupo pequeño de integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen. El texto no incluía el ingreso al predio ocupado por la comunidad en la estancia Leleque del multimillonario Benetton.

Pero un día antes, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, dijo en dos radios de la Patagonia que la persecución a los mapuches se haría aun sin orden judicial, justificada en un –¿anticipado?– caso de flagrancia.

Para fundamentar después lo que el funcionario había planteado antes, apareció en escena luego de muchos días e incluso tras haber negado originalmente el ingreso de Gendarmería al predio, el subalférez Emmanuel Echazú.  

Una lesión en su rostro fue, para el Gobierno, el hecho de flagrancia que habilitó el ingreso a la Lof sin orden de allanamiento. Echazú dijo que fue golpeado con una piedra en la ruta 40, es decir, afuera del predio.

Las fotografías disponibles en el expediente lo muestran adentro de la Lof y el testimonio de la enfermera de la fuerza que lo atendió lo ubica en el mismo lugar. La querella de la familia Maldonado quiere determinar si la herida que sufrió Echazú fue producto de un piedrazo o si fue “defensiva”. Es decir, si riñó con alguien que para defenderse lo arañó.

Una foto muestra a Echazú regresando desde el río con una escopeta en la mano y la cara sangrante. El escopetero Aníbal Cardozo le pregunta: “¿Qué te pasó?”. Y el subalférez responde: “No, no, no sé qué me pasó”.

En un memo interno de la fuerza incorporado a la causa puede leerse: “Quien suscribe me encontraba filmando el operativo hasta el momento que advertí que la cabo Rita Elizabeth Arjona (enfermera de la unidad) y la gendarme Dagma Beatriz Pérez estaban asistiendo al cabo 1º Ernesto Yáñez, quien había sido herido por los manifestantes, circunstancia por la cual procedí a colaborar, posteriormente una vez despejada y asegurada la zona ingresé al predio (…) En el lugar advertí que el subalférez Emmanuel Echazú también se encontraba herido siendo asistido por el Cabo Primero Diego Ramos”.

El testimonio señala que la gendarme Maira Ramos, que brinda el informe, ingresó al predio una vez “despejada y asegurada la zona”. Y recién ahí ve a Echazú herido.  

A diferencia del cabo Yáñez, que también resultó herido y su caso fue denunciado por la fuerza de seguridad a la ART, no ocurrió lo mismo con las lesiones del subalférez, que fueron denunciadas con posterioridad.

Otro dato que arroja sospechas sobre la posible responsabilidad de la fuerza es que tanto Echazú –del Escuadrón 36 de la fuerza– como el jefe del Escuadrón 35, Fabián Méndez, se reincorporaron a sus sedes el 2 de agosto a las 5.20 de la madrugada.

Pero el procedimiento en la Lof de Cushamen había terminado el 1º a las 18 horas, según las constancias de la causa. ¿Dónde estuvieron esas doce horas? Una pericia de la Policía Federal a los teléfonos de los gendarmes que participaron de la represión –que fueron requisados mucho tiempo después por la pereza investigativa del juez Otranto– puede echar luz sobre ese asunto.

Otros mensajes difundidos a mediados de septiembre revelan un audio de un uniformado que dice a un superior: “Les dimos corchazos para que tengan”.

Nery Robledo, un efectivo que participó de la represión, declaró que le había arrojado un piedrazo a un manifestante. Un compañero suyo recibió un mensaje de Whatsapp de un contacto agendado como “Amor”: “Tené cuidado, no comentes nada. Vos no escuchaste ni dijiste que Robledo le dio un piedrazo al individuo”. Elementos para sospechar de un posible encubrimiento. El receptor del mensaje lo borró y desinstaló la aplicación.

Mientras el Gobierno aseguraba que no había ningún elemento que determinara que Santiago Maldonado estaba en la Lof aquél día, los menajes lo contradecían. “Hay un desaparecido”, escribió en un mensaje de WhatsApp la gendarme Carmen Saldaño, registrado el 4 de agosto a las 10.40 y enviado a un teléfono con característica de Entre Ríos.

Investigar o encubrir

En los próximos días, tal vez, comience a saberse qué ocurrió con Santiago Maldonado, una vez que se confirme oficialmente que el cuerpo encontrado en el río Chubut sea el del joven desaparecido.  

Independientemente de eso, los 80 días transcurridos al cierre de esta nota son elocuentes sobre el énfasis negacionista del gobierno, algunos de cuyos integrantes llegaron a confundir una desaparición forzada con un plan sistemático de exterminio de opositores, como ocurrió en la última dictadura.

Tan ajeno les resulta el tema que embarullan todo.

Que integrantes de una fuerza de seguridad priven ilegalmente de la libertad a una persona, le apliquen tormentos y la desaparezcan no es, lamentablemente, una novedad en la joven democracia argentina. El caso de Franco Casco en Rosario es un ejemplo reciente.

La diferencia con cualquiera de las decenas de personas extraviadas o desaparecidas cotidianamente radica, en estos casos, en la participación de las fuerzas de seguridad en el delito que deben prevenir o investigar. El Estado que debe buscar a una persona desaparecida es el que, a través de una de sus agencias, lo desaparece.

De todos modos, como se dijo, eso ocurre. El rol de los gobiernos es garantizar una investigación independiente que establezca las responsabilidades penales de quien las tuviera.

Si el gobierno en vez de hacer eso destina sus esfuerzos a encubrir e intentar desligar a los sospechosos, las garantías del estado de derecho crujen. Y los familiares de las víctimas pueden decir “no confiamos en nadie”.

Fuente: El Eslabón