Cuatro años y medio después de que un juez provincial ordenara allanar y detener a los cabecillas de la banda Los Monos, doce miembros de la organización delictiva comenzaron a ser juzgados esta semana por integrar una asociación ilícita y, en algunos casos, por su presunta participación en cinco homicidios ocurridos en 2013. A las principales figuras del clan familiar las acompañan también como acusados trece miembros de fuerzas de seguridad que para los fiscales del debate oral fueron los “proveedores estatales de impunidad”.

En el alegato inicial, la Fiscalía solicitó penas altas para los cabecillas del grupo del barrio La Granada, que se defendieron atacando al denunciar un “pacto político” y judicial para encarcelarlos y estigmatizarlos, fundado en la necesidad del gobierno hace cuatro años de mostrarse activo frente a la sociedad en medio de una explosión del fenómeno narco en la ciudad.

Con las cartas dadas, cada actor comienza a hacer su juego.

Imposición del miedo

En el alegato inicial, los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Luis Schiappa Pietra adelantaron que pedirán 41 años de prisión para Ramón Ezequiel Machuca (34), 24 para Ariel Máximo Guille Cantero (29) y 10 para su padre, Ariel Viejo Cantero (52), al considerarlos jefes de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos como amenazas, daños, extorsiones, portación ilegítima de armas de fuego, etcétera.

Los fiscales aseguraron que demostrarán durante el juicio que “esta asociación ilícita rentabilizó la violencia” y que “esta rentabilización consistió en provocar y usufructuar un territorio liberado mediante la imposición del miedo y con una organización sistemática de la violencia”.

“Como toda banda, sus miembros tenían roles asignados. No todos apretaban el gatillo, no todos diseñaban el negocio de la violencia ni todos la ejercían, no todos limpiaban los rastros, incluso los financieros, para escapar así del accionar de la justicia”, dijo Fernández Bussy.

Y agregó que si bien “no todos manejaban y decidían cómo se realizaba ese negocio de la violencia”, sí “mantenían un vínculo y un sentido de pertenencia y conocimiento de las actividades ilícitas”.

En la estructura descripta por la Fiscalía, Monchi, Guille y el Viejo Cantero ocupaban la jefatura del grupo. También compartió ese sitio Claudio Cantero, el Pájaro, asesinado de varios balazos la madrugada del 26 de mayo de 2013 mientras orinaba en el acceso a un boliche bailable de Villa Gobernador Gálvez.

Al momento de la asignación de roles, el fiscal Fernández Bussy dijo que debajo de los jefes se encontraban “los esbirros o ejecutores” de los planes criminales pergeñados por la conducción.

Allí ubicó a Leandro “Gordo” Vilches (32), Jorge Emanuel Chamorro (28) y Andrés “Gitano” Fernández (40), para quienes pidió la pena de 12, 10 y 14 años de prisión respectivamente.

Fernández no fue imputado por asociación ilícita, como la mayoría de los acusados, sino como partícipe primario del crimen de Diego “Tarta” Demarre (32), cometido en presunta venganza por el asesinato del Pájaro Cantero (27).

Demarre, a quien su pareja describió en la causa como un “chorro” que “iba a las cosas fáciles” pero que jamás fue “soldadito de los Cantero”, era el dueño del boliche Infinity Night, en cuyo acceso fue baleado el Pájaro.

Los fiscales también indicaron en el alegato que la asociación “tuvo que trabajar como una empresa lícita” para “ocultar los bienes que adquirían”, para lo que fue necesario armar una estructura de “testaferros”.

En ese rol de la banda acusaron a las mujeres del clan Cantero, Silvana Jésica Gorosito (31) –pareja de Monchi– y Lorena Verdún (39), ex mujer del asesinado Pájaro Cantero.

También a Mariano Salomón (30) mediante la compra-venta de automóviles; a Agustín Ruiz (27) como comprador de bienes muebles y automotores; y al “cazador de talentos” Francisco Lapiana (62) como intermediario de futbolistas, negocios que permitirían el lavado del dinero ilegal de acuerdo a los acusadores.

Pidieron penas de 6 años de prisión para Gorosito, Verdún, Ruiz y Lapiana, y de 6 años y seis meses para Salomón.

Para Walter Daniel Jure (37), un hombre con antecedentes por narco acusado de integrar la asociación ilícita y facilitarle información, los fiscales solicitaron también 6 años de reclusión.

Homicidios

En el juicio que comenzó esta semana y se extenderá hasta el año que viene, también se analizarán tres causas de homicidio que tuvieron cinco víctimas. Todos ocurrieron en 2013, el año del a muerte del Pájaro y cuando la tasa de homicidio de Rosario triplicó la media nacional.

Guille Cantero está acusado como autor de uno de ellos, el del Tarta Demarre. Para la Fiscalía fue él quien el mediodía del 27 de mayo de 2013 disparó desde un VW Bora blanco a la camioneta Peugeot Partner que conducía la víctima, que iba acompañado de su pareja, Betiana Quintana.

El Tarta regresaba a su casa de Seguí y Maipú tras haber ido por su propia voluntad a Tribunales, al enterarse que Los Monos ligaban el asesinato del Pájaro con su nombre, puesto que había ocurrido en cercanías de su boliche.

Demarre se alivió cuando encontró en Tribunales a Piqui Aguirre, a quien le había alquilado de palabra el boliche Infinity siete meses antes. Él se encargaría de aclarar el asunto.

Pero ya era demasiado tarde. Su suerte estaba echada. Demarre recibió seis balazos cuando conducía su camioneta, a pocos metros del ingreso a su vivienda. Murió unos minutos después en el hospital de Emergencias.

La Fiscalía imputó como autor de ese crimen a Guille Cantero, como partícipe primario al Gitano Fernández y como secundarios a Vilches y Chamorro, dos lugartenientes de la banda.

El Bora blanco utilizado en ese crimen se transformó en negro en pocos días y apareció –tras una serie de pasamanos– en la ciudad de Córdoba. Uno de los intermediarios en una de las ventas del automóvil fue, según el expediente, Juan Roberto Aymo, quien el año pasado cayó acusado como jefe de la asociación ilícita en la denominada megacausa por estafas inmobiliarias y presunto lavado de activos.  

Fernández Bussy y Schiappa Pietra también acusaron de homicidio a Monchi Cantero. En su caso, como presunto instigador de un triple crimen en venganza por el asesinato del Pájaro, del que fueron víctimas Nahuel César, su madre Norma César y el mecánico Eduardo Marcelo Alomar.

La tarde del 28 de mayo de 2013, dos días después del asesinato del Pájaro, Alomar detuvo su camioneta Nissan Frontier en el semáforo de avenida Francia y Acevedo. En el vehículo también viajaban su amigo Nahuel César, la madre Norma y la pareja de ella, Claudio Hernández, El Colorado, junto a dos menores de siete y diez años.

Por las escuchas telefónicas de la causa, se sabe que los Cantero buscaban desesperadamente a Milton César, hermano de Nahuel e hijo de Norma, como supuesto asesino del Pájaro.   

Cuatro hombres en dos motos aparecieron en Francia y Acevedo y dispararon veinte veces. Alomar y Nahuel César murieron casi en el acto. Norma quedó cuadripléjica y falleció el 30 de noviembre de ese mismo año. El Colorado Hernández quedó herido pero se recuperó. Los dos chiquitos no sufrieron ni un rasguño.

La investigación no encontró a los responsables directos del triple crimen. Ahora, en el juicio a Los Monos, los fiscales le imputan a Monchi la autoría en calidad de instigador.

Para eso, se basan en las escuchas ordenadas en su momento por el juez de instrucción Juan Carlos Felipe Vienna, en las que se oye a Machuca averiguar, a través de un policía de Delitos Complejos, quiénes son los muertos y los heridos en la balacera.

A las 18.20 de ese tarde, Monchi llamó a Mariano “Gordo” Salomón, otro acusado en el juicio como miembros de la asociación ilícita, para imponerlo de las novedades: “Escuchá, el hermano de Milton César, un mecánico de Gálvez al lado de Infinity, no me acuerdo cómo se llama. Esos dos tosieron. Estarían la madre y otro más que no lo pudieron identificar todavía”.

Las charlas son posteriores al hecho y dan cuenta del interés de Machuca por lo ocurrido en el ataque. Sin embargo, no existen precisiones acerca de quiénes fueron los autores ni quién ordenó el tiroteo que terminó con tres muertos.

“A mansalva”

Finalmente, los fiscales también acusaron a Monchi por ordenar una balacera contra un búnker ubicado en la zona sur de la  ciudad, que supuestamente competía con uno apostado por los Cantero en las cercanías.

Como resultado del tiroteo al frente de la vivienda de Conscripto Bernardi 6374, en el barrio de La Carne, murió una adolescente de 14 años, Lourdes Nerina Cantero, que nada tenía que ver con la familia investigada.

“Dale a mansalva”, le ordena Monchi a un tal Gabi, quien no fue identificado en el expediente y habría sido el autor de la balacera.

El alegato inicial de la Fiscalía se cerró con el pedido de penas para los 13 miembros de fuerzas de seguridad acusados de encubrimiento de la banda y, en algunos casos, de cohecho, a quienes el fiscal calificó como “los proveedores de impunidad estatal” de Los Monos.

Solicitaron penas de 9 años a 3 años y 3 meses según los cargos existentes contra cada uno de ellos. Solo dos de los trece no están acusados de integrar la asociación ilícita, sino por presunto cohecho. Son los entonces jefes y subjefe de la Sección Sustracción de Automotores de la Policía de Rosario, Germán Herrera y Guillermo Cardini.

Causa “armada”

La defensa de Los Monos, como en el fútbol, consistió en un buen ataque.

En los alegatos iniciales de los abogados defensores y en las palabras de Monchi Cantero –quien con su declaración defendió al clan familiar– la estrategia se centró en atacar al juez instructor de la causa, Vienna, cuestionado desde hace años por su relación con Luis Paz, padre de Martín, alias el Fantasma, cuyo asesinato en septiembre de 2012 derivó en la investigación por asociación ilícita de Los Monos.

Machuca dijo que la causa “fue armada e inventada por el socialismo” y que la Policía santafesina intentó venderle su libertad, al señalar que “si hubiese pagado un millón de pesos no estaría sentado acá”.

Para Machuca, Los Monos constituyen “el chivo expiatorio” que el gobierno santafesino necesitó en 2013 para mostrarse activo frente a la explosión narco luego de que el diputado de La Cámpora, Andrés Larroque, los tildara de “narcosocialistas”.

“Nosotros somos el chivo expiatorio a esas palabras del diputado Larroque y la respuesta del socialismo fue armar una causa para demostrarle a la sociedad que nosotros somos el mal de la provincia, y que yo vendría a ser el monstruo más grande que hay en la provincia como siempre me pintaron”, dijo ante el tribunal.

Al ampliar su teoría sobre el armado de la causa, denunció “un pacto político” entre el juez Vienna y el partido que gobierna la provincia de Santa Fe.

“Vamos a demostrar en el juicio el pacto político que tienen, como los llamo yo, los cuatro magníficos, que son el juez Vienna, el socialismo, la brigada de Judiciales y Luis Paz”, señaló.

Además, el acusado sostuvo que policías de la División Judiciales le fueron a “vender la causa”. “Lo voy a mostrar con testigos. Si yo hubiese pagado un millón de pesos no estaría sentado acá”, afirmó.

También apuntó al poder político al asegurar que “la prueba de la complicidad del socialismo con el armado de esta causa y con el narcotráfico es que Bonfatti le cedió a Luis Medina un Chevrolet Cruze y que Medina le facilitó una camioneta”.

“Todo esto –siguió- se puede investigar. Además, el socialismo le dio a Luis Medina la concesión del boliche Esperanto. A mí me tratan de narcotraficante y no tengo ni una sola causa”.

Luis Roberto Medina era un presunto narco que fue asesinado en diciembre de 2013 junto a su novia, la modelo Justina Castelli (23), caso que quedó impune.

Los abogados de Los Monos, por su parte, adelantaron que atacarán la validez de las escuchas telefónicas solicitadas por el juez Vienna, que constituyen el corazón de la causa por asociación ilícita.

El juicio cerró su primera semana con varias interrupciones por incidentes jurídicos. Desde este lunes, comenzará la producción de la prueba en el debate oral, oportunidad en la que comenzará a conocerse cuáles son los elementos que poseen los fiscales para procurar la condena del clan de La Granada y los policías sindicados de encubridores.

 

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