La Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Seguridad Interior que permitirá que las fuerzas militares intervengan en labores de seguridad pública. La norma se aprobó definitivamente en el Senado, que la discutió contrarreloj para aprobarla este viernes, mientras se alzan voces de alarma dentro y fuera de México alertando la gravedad de una norma que abre, todavía más, las puertas del Infierno, ya abiertas de par en par en ese país.
En el México de los asesinatos diarios, de los cuerpos destrozados en los basurales, de las fosas comunes por doquier y las cabezas cortadas, colgadas de los puentes. En el país donde se borran los límites entre las fuerzas de seguridad, los narcos y las bandas parapoliciales y paramilitares. En el mismo país donde los desaparecidos (en democracia) se cuentan por decenas de miles. Bajo las jurisdicción de un Estado débil, casi inexistente, solo capaz de matar, pero incapaz de investigar e impartir justicia. Allí pretenden agregar más horror al horror ya existente.
En un país donde la sagrada línea divisoria entre seguridad interna y defensa se borró hace años, allí, donde todavía no hay justicia, ni siquiera indicios de una investigación seria sobre qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos tras la masacre de Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014, allí se aprobó una ley que termina de legalizar el horror que ya se pasea por México hace años, con total impunidad.
En México los femicidios no tienen freno. La lucha de las mujeres que defienden sus derechos y sus vidas se suma a de los pueblos originarios, los movimientos de derechos humanos, los estudiantes, los trabajadores, y un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil que se erigen en la única esperanza para salvar la democracia. Y son ellos, justamente, quienes están en peligro con la nueva ley.
La excusa para legalizar el terrorismo de Estado es la violencia. Un viejo truco sangriento. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, el 2017 fue uno de los más violentos de la historia del país: en el 2007, murieron 10.253 personas en homicidios dolosos, en el 2011, la cifra de estos delitos aumentó a 22.855, y en el 2017, aún sin haber siquiera terminado el año, las autoridades ya han sistematizado la muerte de 21.3000 personas.
Como respuesta a la crisis de una de las tantas formas de violencia que padece México, el gobierno decidió promover una forma ya conocida y que no viene dando resultados: más represión, más militarización. El gobierno impulsó una ley que le permite a las fuerzas armadas hacer lo que ya hace: intervenir en labores de seguridad pública, dentro de las ciudades.
Los delitos comunes y la violencia narco suele utilizarse, y no solo en México, como excusa para judicializar primero, y reprimir después, la protesta social. Y esto es lo que vienen denunciando organismos de derechos humanos de México y el mundo.
Por eso, buena parte del pueblo mexicano que padece las balas policiales, así como organismos internacionales de distintos puntos del planeta señalaron el peligro de aplicar esta norma.
“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos”, destacó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Senado para que no ratifique la medida, pues según ellos, “perpetúa institucionalmente” el fracaso del gobierno ante la violencia.
La entidad entregó una carta al presidente del Senado, en donde expresa su «grave preocupación» por la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y actualmente bajo consideración de los senadores.
Y consideró que la aprobación definitiva del proyecto es “un grave retroceso en materia de derechos humanos», argumentando que «prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rinden cuentas».
Según Human Rights Watch, entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de dos mil recibidas durante el actual gobierno. Esta y otras organizaciones de derechos humanos también han documentado numerosos casos en los cuales militares que habrían participado en actividades de seguridad pública habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. En estos abusos, la impunidad sigue siendo la regla.
Los números que ha recogido HRW, no hablan bien de la capacidad del Estado y del actual gobierno para pelear contra el narcotráfico. Desde que México inició su “guerra contra las drogas” en 2006, más de 100 mil personas han sido asesinadas y más de 30 mil desaparecieron, en una estrategia que implicó la movilización masiva de miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de combatir la delincuencia organizada Los índices de homicidios descendieron en 2014 y 2015, pero desde entonces han aumentado en forma constante.
