La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), emitió un duro comunicado para denunciar recortes y falta de actualización en los pagos, y en el que llama a los funcionarios del Ministerio Salud Nación, del Pami y el programa Incluir Salud a “resolver esta situación de inmediato por el bien de todos los pacientes que dependen de la diálisis para vivir”.
“Los servicios de diálisis están en peligro, nuestros pacientes, también”, es el título del texto enviado a la prensa este jueves por Cadra, en el que se informa que en el país unas 30 mil personas dependen de la diálisis para sobrevivir.
En el documento se señala que “las entidades y clínicas que brindamos ese servicio a los beneficiarios del Pami y del Programa Incluir Salud (ex ProFe), hacemos un enorme esfuerzo para garantizarles esa prestación, a pesar de que la actividad está hoy seriamente comprometida y amenazada”.
“La situación es dramática y requiere una solución urgente”, remarca Cadra en su denuncia, para luego explicar que “ni Pami ni el programa Incluir Salud actualizaron los valores que pagan por las prestaciones de manera que alcance para brindar la práctica, lo cual ha llevado a los centros a un absoluto desfinanciamiento y a una gravísima situación que pone en riesgo la continuidad asistencial”.
En el documento se señala que el programa Incluir Salud adeuda los últimos seis meses, mientras que Pami “llegó al extremo de reducir, arbitraria y unilateralmente, la contraprestación comprometida por contrato, suprimiendo el pago de los Incentivos de Calidad”. Y se agrega: “Más aún, se exige a las entidades hacerse cargo del transporte de los pacientes desde su domicilio hasta su lugar de tratamiento, sin reconocer valores lógicos y mínimamente razonables”.
De acuerdo a los dato de Cadra, en la provincia de Santa Fe 2000 personas son dialisadas, 830 de las cuales son afiliados al Pami. En todo el país son 29000 de los que 11000 son afiliados al Pami.
“Por estas razones, nos vemos obligados a alertar e informar a las autoridades, a nuestros pacientes y a la opinión pública en general, que la actividad se encuentra en serio riesgo de continuar brindando el tratamiento indispensable para mantener con vida a miles de personas”, plantea el documento.
