Un fiscal de San Lorenzo solicitó pericias a los Bomberos Zapadores y comenzó a tomar declaraciones testimoniales para determinar lo ocurrido el miércoles 27 de diciembre en la planta de la cerealera china Cofco en Puerto General San Martín, donde la explosión de una celda mató a dos operario y ocasionó lesiones a otros nueve, pero para la Federación nacional y el Sindicato de Aceiteros y al menos dos legisladores provinciales lo sucedido no requiere mayores pesquisas: es consecuencia de la desidia y la negligencia empresaria con sus obreros, alentadas por el discurso desregulador de un Gobierno cuyo jefe de Gabinete acaba de ser elegido ¡CEO del año! por la revista Forbes.
“Sos un número”
Domingo Ramón Giménez murió el miércoles a los 61 años. Si bien su trabajo en la firma agroindustrial Cofco (ex Nidera) se desarrollaba en una oficina, ese mediodía bajó hasta las celdas donde se acopia el cereal antes de ser embarcado para avisarles a un grupo de jóvenes que trabajan para una contratista que fueran a comer.
Al regresar de esa tarea la explosión de la celda II y de un túnel subterráneo que la comunica con otra estructura similar lo arrasó. Su hermano Juan Carlos deslizó, un día después, que no se trató de un accidente, es decir, de un acontecimiento inevitable. “Esto es plata, en estas empresas grandes sos un número”, dijo a Radio Dos.
Los operarios Jesús Zárate (35); Catriel Tobares (21); Darío Gómez (31); Juan Carlos Castillo (42); Luis Jesús Jaime (57); Ezequiel Sendra (28); Marcelo Novello (57); Mario Castillo y una persona de apellido Taborda sufrieron quemaduras como consecuencia de la explosión y el incendio posterior.
Todos fueron trasladados a la unidad de quemados del Sanatorio Británico, tres de ellos con heridas de gravedad. Al cierre de esta edición se confirmaba la muerte de Castillo, de 42 años, quien estaba internado en la sala de terapia intensiva. Los otros dos permanecían en coma inducido. Además de su piel, sus vías respiratorias sufrieron la inhalación de humo durante la explosión y les produjeron heridas internas, según informó el jefe de esa unidad, Osvaldo Freddi.
La cerealera estatal china Cofco anunció al día siguiente que “lanzará una investigación interna completa” para determinar lo ocurrido en la planta de Puerto General San Martín y señaló que “la causa del incidente aún no se conoce”.
La empresa global emitió un comunicado en el que afirmó que “los equipos de Cofco International están atendiendo a sus empleados y las familias afectadas”.
“Cofco International lanzará una investigación interna completa y se compromete a cooperar con cualquier investigación externa”, aseguró en el comunicado.
Aún no se conocen públicamente los resultados de la investigación interna completa por la muerte en diciembre del año pasado en la planta de Cofco en Timbués del trabajador Gustavo López (19).
Negligencia empresaria
El jueves, al anunciar un paro de actividades por 24 horas en “solidaridad con los compañeros trabajadores de la planta de Cofco (ex Nidera) de Puerto San Martín donde se produjo una explosión que dejó al menos veinte heridos y un compañero trabajador fallecido”, la Federación de Trabajadores Aceiteros consideró lo ocurrido como “un nuevo hecho de negligencia empresaria”.
A través de un comunicado, la Federación nacional sostuvo que “la repetición de estos episodios en las plantas del complejo industrial agroexportador, donde compañeros trabajadores sufren daños y hasta la pérdida de sus propias vidas en el cumplimiento de sus tareas, expresa las consecuencias de políticas generales”.
Que, no es necesario aclarar, no están dirigidas a mejorar las condiciones de salud y seguridad laboral de la clase obrera.
“En primer lugar –señaló la Federación-, la responsabilidad es de las patronales, quienes priorizan su alta rentabilidad y no reinvierten para implementar las medidas necesarias para garantizar la salud y la integridad psicofísica de las personas que trabajan en sus plantas”.
Y siguió: “En segundo lugar, indican el fracaso de las medidas vigentes del Estado en todos sus niveles, en particular las tomadas en los dos últimos años, que han debilitado y liberado diversas instancias de control del sector, y lo han beneficiado con medidas económicas que incrementaron de forma exponencial sus ya extraordinarias ganancias”.
Los trabajadores aceiteros organizados sindicalmente destacaron que “la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo volvió aún más perjudicial el sistema para el trabajador, dado que no previene el daño y dificulta al extremo el acceso al resarcimiento luego de sufrido el mismo”.
Eso que el presidente Mauricio Macri llama –para obtener el apoyo de la opinión pública– la mafia de los juicios laborales. La contracara, se vio en Puerto General San Martín, es la vida de los trabajadores.
En ese sentido, la Federación dijo que el Gobierno nacional “ahora pretende avanzar con una reforma laboral que sólo profundizará el deterioro de las condiciones de trabajo y la precarización mediante la tercerización y los contratos basura, aumentando la incidencia de estos «accidentes » laborales”.
Finalmente, el comunicado que anunció a huelga nacional aceitera por 24 horas fundamentó que la medida de fuerza estuvo motivada “en solidaridad con los compañeros trabajadores de Cofco Puerto San Martín y en rechazo a la ofensiva neoliberal y antiobrera en curso”.
En sentido similar se pronunció al día siguiente de la explosión en la ex Nidera el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo. Su titular, Pablo Reghera, dijo que “lo que pasó ayer es responsabilidad de la empresa y de los ingenieros que no tomaron las medidas ante un hecho que venía de cuatro meses”.
El dirigente explicó que el cereal guardado en los silos produce un polvillo inflamable, y que durante las últimas semanas se habían producido varios focos ígneos que fueron controlados.
El del miércoles 27 no, y tuvo consecuencias letales.
“Desidia patronal”
“Este trágico hecho debió haberse evitado. Estamos hablando de la empresa Cofco, ex Nidera, que el año pasado presentó un balance por más de 30 mil millones de pesos de facturación”, sumó su voz el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.
Según el legislador y periodista, la estatal china “fue la empresa número 84 entre las mil que más vendieron en la Argentina” y “gana 58 mil pesos por minutos”.
En función de esos números, Del Frade aseguró que “había dinero suficiente para tener todas las medidas de seguridad industrial para protegerle la vida a quienes le producen esa riqueza, que son los trabajadores”.
Sin embargo, para Del Frade lo ocurrido en la agroindustria de Puerto San Martín “no se trató de un accidente, sino de una negligencia empresarial, de una desidia patronal que desproteger a sus trabajadores”.
“Por más que después en los foros que se hacen en distintos lugares se llenen la boca –siguió-, se ufanen de hablar de responsabilidad social empresarial, desprecian la vida de sus empleados”.
El diputado provincial sostuvo en declaraciones a LT8 que “cuando indagas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) te encontrás con que la empresa Cofco en China tiene muchísimos accidentes laborales. Y esto vuelve a ocurrir aquí. El 14 de diciembre del año pasado sucedió con un chico de 19 años, Gustavo López, quien perdió la vida en Cofco en Timbúes”.
Su par en la Legislatura santafesina, Héctor Cavallero, también indicó que “la tragedia sucedida en la planta Cofco podía evitarse” y sostuvo que existen responsabilidades compartidas de los gobiernos provincial, nacional y de los privados.
Recordó que en octubre de 2016, antes de resultar electo CEO del año, el jefe de Gabinete Marcos Peña anunció junto al titular de Transporte, Guillermo Dietrich, y el gobernador Miguel Lifschitz, inversiones por 32 mil millones para puertos de la provincia. El acto se realizó, justamente, en la terminal de Cofco en Timbués.
“Lamentablemente, las políticas nacionales dan lugar a las inversiones extranjeras sin ningún tipo de control mientras que desoyen a los trabajadores, ya que desde el Sindicato de Aceiteros venían advirtiendo sobre la falta de inversión en seguridad para los trabajadores, sobre todo en la zona de túneles, que es donde se produjeron las explosiones por el alto nivel de alcohol, en el polvillo por donde funcionan las cintas transportadoras”, dijo el titular del bloque del Frente para la Victoria.
“Una vez más –concluyó-, esta tragedia que deja un muerto y heridos de gran consideración podía haberse evitado”.
La mitad de las empresas en infracción
Casi la mitad de las plantas agroexportadoras y empresas contratistas del Gran Rosario fueron sancionadas por infracciones a las condiciones de salud y seguridad laboral durante un operativo realizado a mitad de año por el Ministerio de Trabajo provincial.
La muerte de dos operarios y las lesiones sufridas por otros nueve en la planta que la cerealera china Cofco posee en Puerto General San Martín, avivó el debate sobre las condiciones de trabajo en los puertos de la región.
El secretario general del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reghera, dijo que desde hacía cuatro meses se producían pequeños incendios en las celdas de la planta de Cofco, ex Nidera.
El fiscal de San Lorenzo a cargo de la investigación, Leandro Lucente, recordó que “el polvillo del cereal es muy inflamable” aunque aseguró que las razones del estallido son materia de investigación.
Un operativo de control efectuado por el Ministerio de Trabajo santafesino detectó irregularidades en 18 de las 38 empresas inspeccionadas entre marzo y mayo pasado, en un informe que difundió en agosto en el marco de una mesa tripartita con las empresas y los sindicatos del sector.
Las inspecciones se realizaron en 13 complejos portuarios agroindustriales ubicados sobre el río Paraná entre Timbúes y Arroyo Seco, y en 25 empresas contratistas que prestan servicios para los puertos.
“A partir de las actuaciones se realizaron 18 suspensiones por diversos motivos, entre los cuales se encuentran los faltantes de protección, instalaciones deficientes y elementos en mal estado”, señala el informe oficial.
“De lo relevado –continúa-, se desprenden la existencia de permisos de trabajo deficientes, falta de capacitación sobre los procedimientos establecidos y la falta de control de cumplimiento en el campo”.
A partir del resultado de las inspecciones, el Ministerio de Trabajo instruyó los sumarios correspondientes y tras las sanciones las suspensiones fueron levantadas, señalaron desde la cartera.
Sin embargo, el titular de la CGT San Lorenzo, Jesús Monzón, cuestionó la capacidad del Gobierno de Santa Fe de realizar controles efectivos de higiene y seguridad laboral en el cordón industrial. “Hoy la provincia tiene un solo inspector para todas las empresas, si lo llamás no tiene combustible para el auto, hay que darle de comer, un solo inspector para 60 o 70 empresas”, denunció.
