Después de casi tres décadas de pago ininterrumpido, con algunas modificaciones durante ese largo período, las empresas del complejo agroindustrial del Gran Rosario decidieron no abonar el bono de fin de año a sus empleados en diciembre. Esa luz de alerta para el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo pasó de amarillo a rojo cuando la semana pasada los operarios se encontraron con cuatro días descontados en sus recibos de haberes, por igual cantidad de jornadas de huelga, entre ellas el paro de 48 horas en duelo por la muerte de dos trabajadores en la explosión de la planta de Cofco (ex Nidera), que también provocó siete heridos y los propios empleados atribuyen a deficientes medidas de seguridad laboral. “Ahora la política la definen las grandes multinacionales”, se quejó Pablo Reghera, titular del gremio sanlorencino, en diálogo con El Eslabón.
El lunes 15, cuando este semanario ya esté en los kioscos, las poderosas cámaras aceiteras del complejo agroexportador y el sindicato del sector discutirán esos dos asuntos en una mesa de la sede Rosario del Ministerio de Trabajo santafesino, que convocó a las partes como consecuencia de una presentación gremial.
La intervención estatal constituye un dato positivo en medio de un proceso político en el que el Estado deja de mediar entre fuerzas dispares o, directamente, lo hace en auxilio del más poderoso.
Su mera presencia, claro, no es garantía previa de un equilibrio de fuerzas, pero en caso de la provincia la cartera laboral tiene por política buscar la conciliación entre las partes.
El avance de las multinacionales cerealeras –uno de los sectores productivos más exitosos de la última década y beneficiado, aún más, desde la asunción del presidente Mauricio Macri– sobre los derechos laborales encuentra, desde hace dos años, un escenario propicio para su desarrollo. Así lo creen en el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, que observan cómo los nuevos vientos soplan en dirección opuesta a sus intereses.
Bono no toca
Según explicó Reghera, secretario general de los Aceiteros de San Lorenzo y con influencia en todo el cordón, después de casi treinta años las empresas cerealeras decidieron, a fines de 2017, modificar aquella vieja práctica de pagar un bono de gratificación a sus trabajadores a fin de año.
“El bono se paga hace unos treinta años, y desde hace siete se paga a todos por igual, porque antes había diferencias entre las empresas”, explicó el dirigente sindical.
De acuerdo a su versión, en diciembre pasado las empresas nucleadas en la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) decidieron unilateralmente no pagar la gratificación anual que tradicionalmente otorgaban a sus operarios.
Para Reghera, al igual que la decisión de descontar días de paro –algo que “no había pasado antes”, dijo– la determinación de no pagar el bono de fin de año obedece a un fin disciplinador de los trabajadores organizados con el objetivo de ayudarlos a comprender que los tiempos cambiaron.
La Federación de Aceiteros –que reúne a los sindicatos del sector, aunque el de San Lorenzo no participa de ella– recordó que ante el planteo de discutir el monto de la gratificación “los representantes patronales de la Ciara, Ciavec (Córdoba) y Carbio respondieron con la absoluta negativa a realizarla en el presente año”.
A través de un comunicado, señalaron que “la decisión no pretende estar fundamentada en ninguna explicación sobre presuntas dificultades económicas, que el sector claramente no tiene”.
En cambio, “según ellos sería el «contexto político» la razón por la cual las trabajadoras y trabajadores aceiteros deben resignar derechos”.
El último acuerdo firmado entre las partes, el 22 de diciembre de 2016, otorgó una “suma no remunerativa extraordinaria por única vez de 21.500 pesos”, según consta en el expediente del Ministerio de Trabajo nacional.
La gratificación se hizo efectiva con el pago de 13.700 pesos en diciembre y 7.800 en enero. El bono de 2015 ascendió a 15.614 pesos que la Federación imputa “como participación en las ganancias”.
La Federación de Aceiteros que conduce Daniel Yofra sostuvo que “la responsabilidad se encuentra en la decisión política del Gobierno Nacional de imponer techos paritarios a la baja y eliminar derechos legales y adquiridos de los trabajadores, a la cual las cámaras se pliegan de forma cómplice”.
“El objetivo es claro: vienen por el Convenio Colectivo de Trabajo. Vienen por las paritarias en marzo. Vienen por el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición legal en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vienen por restaurar las negociaciones por empresa para bajar remuneraciones, quitar derechos y reprecarizar las condiciones laborales”.
¿Se volvieron malas, repentinamente, las patronales del complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario? Probablemente no, siempre hayan pensado del mismo modo, pero ahora encontraron un “contexto político” favorable para satisfacer sus deseos de incrementar la rentabilidad por vía de la reducción del costo laboral, como ponderan a sus empleados.
Días de descuento
La semana que pasó, los trabajadores nucleados en el convenio de aceiteros de las empresas del Gran Rosario recibieron novedosos descuentos en sus recibos de sueldo: cuatro jornadas menos de paga.
El motivo, según supo el secretario general del gremio, Reghera, fue el descuento de cuatro días de huelgas. “Les descontaron el paro de la CGT (contra la reforma previsional), el paro que hicimos para reclamar por el bono de fin de año y los dos días de duelo por los muertos en la explosión de Cofco”, precisó el gremialista.
La medida provocó un indisimulable malestar entre los trabajadores del sector y en el sindicato, que sumó ese reclamo a la audiencia solicitada en el Ministerio de Trabajo provincial por el no pago unilateral de la habitual gratificación por única vez de fin de año.
“Todas las empresas están en línea, dicen que es una decisión que tomaron en conjunto, de no pagar estos dos días”, sostuvo Reghera, quien deslizó que la decisión fue adoptada por un grupo de tres o cuatro compañías del complejo industrial oleaginoso e impuesta a las demás, que se dejaron imponer.
Se trata de las firmas Bunge (planta San Jerónimo y Puerto San Martín), Vicentín, Molinos Río de la Plata, Buyatti, Cargill, Terminal 6, Louis Dreyfus, Cofco (Timbúes) y Renova.
Reghera observa que en actual escenario político-sindical, “las empresas van a estar a la ofensiva por la reforma laboral que impulsa del Gobierno”. Que, claro está, no es en beneficio de los trabajadores sino de sus empleadores.
El sindicalista recordó que es la primera vez en años que las empresas descuentan días a sus operarios por realizar una medida de fuerza legal. ¿Por qué ahora se animan a hacerlo?, consultó El Eslabón. “Porque ahora la política la define las grandes multinacionales”, respondió el titular de Aceiteros San Lorenzo.
Para la Federación del sector, “este nuevo asalto no es un hecho aislado”, sino que “se da en el marco de la ofensiva generalizada contra los trabajadores argentinos, activos y jubilados, con las reformas laboral, previsional y tributaria que son medidas de ajuste y transferencia de riquezas hacia el capital concentrado, así como en la batería de ataques arbitrarios contra las organizaciones sindicales, los abogados laboralistas y la Justicia del Trabajo”.
Retiros voluntarios
Cargill Argentina puso en marcha un plan de retiros voluntarios en su planta de Puerto General San Martín. «Me llamó el CEO de Cargill, Marcelo Patriarca, diciéndome que en la planta de Puerto San Martín van a empezar a ofrecer retiros voluntarios, pero no supo decirme cuántos”, dijo Reghera.
Según el gremio, el ofrecimiento de la empresa agroindustrial contempla el pago del ciento por ciento del valor indemnizatorio, más una suma igual por aceptar el retiro de modo voluntario.
“Si no, les dicen que los van a echar igual más tarde y les van a pagar la indemnización al 50 por ciento”, añadió.
Un portavoz de Cargill consultado por la agencia de noticias Télam aseguró que la empresa “no está cerrando puestos de trabajo”, pero admitió que procura “sustituir algunas posiciones con perfiles acordes a los nuevos desafíos del negocio” (¿?).
Para Reghera, en cambio, la movida de la firma agroindustrial obedece a una metamorfosis producto de los tiempos. La empresa no tiene personal de contratistas, sus casi 350 empleados son de planta.
“Si avanza la reforma laboral, por la que las empresas no serán solidariamente responsable por los empleados de sus contratistas (como es hora), Cargill lo que pretende hacer es despedir y reemplazarlos por contratistas”, sostuvo el dirigente aceitero.
Y cerró: “Están usando la planta del bono para pagar los retiros voluntarios”.
