María del Rosario Vera, Lucía Dioses y Débora Mansilla fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, en Rosario, Máximo Paz y Villa Gobernador Gálvez. En los barrios vulnerables el Estado no llega, y la Justicia no escucha a tiempo. La historia se repite.

Alejandra Fedele no puede terminar la frase: ”Chorreaba la sang….”, dice, se traba, se da cuenta que no es necesario completar la palabra. “Te lo digo con crudeza porque es así. Es la pobreza más pobre de la pobreza”. La referente territorial del Movimiento Evita describe el velorio de María del Rosario Vera, la joven de 23 años que apareció calcinada en un volquete, en la primera semana de enero. María del Rosario colaboraba en un merendero del Evita, era mamá de tres hijos y había sufrido violencia de género. Ahora, se transformó en una más de una estadística que duele y es motivo para organizarse y marchar: la de los femicidios. En la ciudad, el país y el mundo. La provincia de Santa Fe tuvo en 2017, 38 casos, y en los primeros diez días de 2018, registró tres mujeres asesinadas por ser mujeres. Ese número, se sabe, puede cambiar al momento en que el eslabón llegue a leerse. Pero los primeros femicidios del año comparten otra característica: las tres víctimas eran jóvenes, de los sectores más pobres de la sociedad, donde los derechos llegan tarde, aún a la hora de velarlas.

Débora Mansilla murió el 3 de enero de 2018. Tenía 20 años, una hija, y el pasado 25 de diciembre había salido corriendo de su casa de Villa Gobernador Gálvez rogando ayuda: estaba prendida fuego. Débora aguantó las quemaduras por nueve días y falleció.

El caso primero trascendió como un suicidio. Sin embargo, los detalles fueron apareciendo: Mansilla pidió socorro tras una discusión violenta con su pareja, Brian Fabián Olmos, de 21 años, quien tenía prisión domiciliaria. Olmos estuvo en libertad los nueve días que la joven agonizó. Tras su muerte, y el cambio de carátula de la causa, el fiscal Florentino Malaponte lo imputó por homicidio calificado agravado por el vínculo y situación de género. También se le dictó prisión preventiva sin plazo.

El lunes 8 de enero, familiares de Débora se manifestaron en la puerta de los Tribunales. La crónica del diario Rosario 12 del día después cuenta cómo madres, tías, amigas, describen una relación violenta: la manipulaba, la denigraba, la alejó de todas las personas que quería. También señalan al Estado: la joven quiso hacer la denuncia, y nunca la recibieron en la comisaría.

A Débora la tuvieron que velar a cajón cerrado, con una foto de su cara para recordarla como la quisieron y no la dejaron: sonriendo y viva.

María del Rosario Vera colaboraba en el centro comunitario que el Movimiento Evita tiene en la zona oeste. La joven de 23 años vivía en Amenabar y Felipe Moré, en una casa que consiguió con ayuda del Estado, tras estar cuatro meses refugiada en un hogar protegido por haber sufrido violencia de género. El imputado por el femicidio es Andrés Nicolás M, un suboficial del Comando Radioeléctrico de 30 años, al que la joven le decía “Martín”. Según el fiscal, trabajaba para él en la venta de drogas. El policía no negó haberla conocido, sí la relación sentimental. Fue imputado por el delito de homicidio calificado agravado no por violencia de género sino por relación preexistente. Cabe señalar: la fiscalía lo acusa de instigador del asesinato, no de autor material.

Los primeros diez días de enero contabilizaron una muerte más: la de Lucía Dioses, que tenía 29 años y murió la madrugada del 1 de enero en Máximo Paz. La mató su pareja. Como María del Rosario Vera, formaba parte del Movimiento Evita. Pertenecía a los sectores más vulnerables. Y su muerte también se denuncia en la misma dirección que la de María del Rosario y la de Débora: la mató un femicida, pero también el Estado.

“Esto pasa. La violencia de género es común en los barrios, en toda la ciudad. Y el mayor déficit está en el seguimiento de las causas”, describió Alejandra Fedele. “El Estado –continuó Fedele– interviene en situaciones graves, sí, pero después no hay un seguimiento. Por ejemplo, a María del Rosario le dieron la plata para la casa y se dio por terminada la situación. Entonces, tenemos un índice de femicidios muy alto porque fallamos como Estado y sociedad. Nosotros acompañamos como organización política, nosotros y un montón de organizaciones más, pero no alcanza porque no se termina de articular con el Estado, que tiene que tener la mayor participación y responsabilidad”.

Donde los derechos siempre llegan tarde

Existe una premisa que se repite como un mantra entre las mujeres: la violencia machista no reconoce edad ni clase social ni fronteras; “la violencia machista nos puede tocar a cualquiera”. Y están, además, las estadísticas, los números y las tendencias. Y se repiten tanto que pueden transformarse en mantra también: nos puede tocar a cualquiera, pero es más fácil que te toque allá, en los barrios, donde la Justicia, los derechos, el Estado, llegan tarde, o no llegan, o lo hacen a medias.

“Es tremendo empezar con estos femicidios. Es un tema que hay que tomar para ver que lo primero que se siente es esto: la ausencia de políticas del Estado”, dice Fedele. Y entonces recuerda con crudeza el velorio de María del Rosario: la sangre chorreando en la cocina diminuta de la casa de la mamá de la joven.

“Estuve ahí como en muchos otros velorios. Y siempre me voy mal. Es la pobreza más pobreza de la pobreza. Le dieron el cuerpo así y los familiares se las arreglaron así. Por eso es una cuestión de políticas sociales. ¿Por qué no darle un velorio, por ejemplo? No hay una mirada de que los derechos son iguales para todos. La persona más pobre sufre las instituciones, las padece junto con las situaciones de violencia”.

Fedele da otro ejemplo: existen leyes, existen políticas, pero aún no se reciben las denuncias de las mujeres en las comisarías. La militante, entonces, vuelve a hacer foco en la necesidad de que el Estado actúe permanentemente: no una vez efectuado el femicidio, sino evitando el próximo. “Trabajar con políticas sociales es una forma de bajar los índices de todas las clases de violencia”.

La concejala Norma López, que ya hace diez años lleva un seguimiento anual de femicidios en la provincia, coincide: todas estamos expuestas, la violencia machista no admite diferencias, pero los sectores más populares son siempre los más vulnerados: “El machismo está siempre, pero hay sistemas políticos que son un marco imprescindible para su crecimiento. Y ahora, en un contexto de recorte, ajuste, empobrecimiento, las mujeres vamos a estar más precarizadas y expuestas a situaciones de violencia. Estas son las diferencia que hay que hacer a la hora de valorar el contexto político: siempre hay violencia de género, pero hay sistemas políticos que lo fomentan y sostienen”.

El equipo de trabajo del que forma parte la edila contabilizó, en 2017, 38 femicidios en la provincia. De ese total, 22 mujeres no superaban los 34 años y 16 fueron en Rosario.

“Es la tasa más alta que hemos tenido en los 10 años que hacemos el relevamiento de femicidios. Y lo que seguimos viendo es que el Estado llega tarde. Es la lectura que necesitamos hacer. Y es imprescindible que hagamos una crítica desde cada uno de los sectores del Estado. Hay políticas públicas pero no llegan, no son efectivas y no hay una voluntad para la construcción de una sociedad que sea no violenta y no sea machista”, analizó López.  

“Esa construcción no solo requiere presupuesto: sino también decisión política. Necesitamos un Estado mucho más presente. Hoy tenemos que tener en claro que cuando los gobiernos se hacen los distraídos es porque les conviene y no quieren esta masa crítica de mujeres, no quieren mujeres que cuestionemos, que impulsemos reformas, que estemos en la calle. La política debería aprender mucho del colectivo de mujeres”, consideró la legisladora.

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