No se escuchan los gritos de los grandes demócratas que ponen la lupa sobre la institucionalidad y la prolijidad de los procedimientos, las leyes y la democracia en, por ejemplo, Venezuela. Pero se perpetró un nuevo golpe en Brasil, otro más. No fueron los militares, esos seres de mirada torva y bigote, gritones, torturadores y asesinos. Actualmente es otra la puesta en escena. Son abogados bien trajeados y perfumados, jueces y camaristas, los que ahora, en nombre de la ley, las instituciones y la transparencia, destruyen la democracia y la voluntad popular y trabajan para las corporaciones y los millonarios.
Y estos atropellos a la democracia no ocurren sólo en Brasil. Con distintos grados de intensidad, con distintas características propias de cada país, el neoliberalismo arrasa en buena parte de la región. Arrasa con los derechos de la gente. Y arrasa con la democracia.
En algunos casos cabe el nombre “dictadura”, sin dudas. En otros, cabe la discusión semántica, porque se ponen en práctica mecanismos más perversos que hacen que no se pueda usar, al menos sin cavilar, el nombre “dictadura”, aunque lo único que quede de democracia sea la formalidad, y no mucho más.
Pero lo cierto es que la definición de “Plan Cóndor Judicial” no es en absoluto exagerada para describir lo que ocurre en la región. Hay una sistemática persecución de todos aquellos que se opongan al neoliberalismo. Varían las excusas, las mentiras, las técnicas de manipulación, las posverdades, las características de las campañas de desprestigio y demonización de toda alternativa al neoliberalismo, de toda construcción colectiva, pero en el fondo hay un “Plan Cóndor Judicial”, porque los objetivos, los beneficiarios, y los intereses que están detrás son los mismos de los de aquel nefasto y sanguinario plan represivo coordinado por las dictaduras militares a nivel continental.
“La justicia aparece como una herramienta política usada contra liderazgos populares en América Latina. Cuando no se trata de un sólo caso, sino que los mismos procesos se reproducen en distintos países, ya no es coincidencia, sino una estrategia de la derecha conservadora que ha mantenido su preeminencia en el Poder Judicial a lo largo de estos años sin golpes militares”, analiza Luis Bruschtein en su nota titulada “Juicio a los jueces”, publicada este jueves en Página|12.
“La táctica de criminalizar a la oposición dista de ser una exclusividad brasileña: es compartida por la derecha regional. El Poder Judicial es uno de los arietes de coaliciones amplias, encabezadas por los poderes económicos concentrados, los medios hegemónicos y la dirigencia política que los acompaña. La delación premiada, los pactos espurios con delincuentes buchones, constituye una de las herramientas predilectas”, señala por su parte Mario Wainfeld en su nota titulada “Criminaliza a la oposición”, publicada este jueves en el mismo medio.
El fallo del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF4) fue un golpe dentro del golpe. Un golpe que completó, profundizó y perfeccionó el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en agosto de 2016. Primero derrocaron a Dilma, ahora impiden que Lula se presente como candidato a las elecciones de octubre.
Porque si Lula se presenta, gana. Y si Lula gana, le pone freno a la topadora neoliberal que está haciendo añicos los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos brasileños. El gobierno golpista de Michel Temer le está quitando al pueblo todo lo que consiguió durante los años del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder. Y la derecha se quiere perpetuar, para seguir con el saqueo. Quiere que el odiado “populismo” no vuelva nunca más. Los medios hegemónicos, la Justicia, y sus herramientas preferidas: las denuncias por supuesta “corrupción”, son las nuevas armas de los nuevos golpes de Estado.
El mismo conglomerado de intereses corporativo-mediático-judicial que instaló el gobierno ilegítimo de Temer para que perpetrara el criminal ajuste neoliberal que quitó derechos al pueblo brasileño intenta asegurar ahora, con el fallo emitido este miércoles 24, la continuidad de esas políticas orientadas a transferir recursos a los sectores más concentrados de la economía.
Brasil se convierte en paradigma. En cabeza de playa de una forma de neoliberalismo descarnada y sin máscaras. Nada de farsa democrática e institucional. Temer gobierna tras un golpe de Estado. Nadie lo eligió. Tiene entre un 5 y un 7 por ciento de aceptación entre la población. Reprime y criminaliza la protesta social con total impunidad. Funciona en Brasil un Parlamento con gran cantidad de legisladores procesados por corrupción que aprueba leyes que quitan derechos y atrasan la legislación laboral siglos. Los movimientos sociales son infiltrados por la inteligencia militar. Una dictadura, sin vueltas.
Y ahora Lula, el único candidato que despierta una esperanza en buena parte del pueblo, el único dirigente que pudo sobrevivir a la demonización orquestada por los medios hegemónicos, es víctima de un nuevo golpe judicial-mediático que quiere dejarlo fuera de la carrera electoral.
Tanto Lula como el PT, y el amplio espectro de organizaciones sociales que lo apoyan, dijeron tras el fallo que apelarán y que seguirán luchando.
Un fallo que es el acta de defunción del derecho
El Tribunal Federal Regional de Porto Alegre confirmó, en segunda instancia y por unanimidad, la sentencia que condenó al ex presidente Lula da Silva a prisión. Pero la Justicia fue por más, demostrando que la derecha en Brasil está dispuesta a todo: aumentó la pena, que era de nueve años y medio, a doce años y un mes de cárcel. De todos modos, se quedarán sin el circo mediático, Lula no podrá ser detenido, porque todavía quedan varias instancias para apelar el fallo.
Los argumentos esgrimidos por los jueces son el acta de defunción de Derecho: frente a la falta de pruebas, prevaleció “la convicción nacida del conjunto de indicios”. Es decir, se basaron en las “confesiones” de ejecutivos de la constructora OAS que denunciaron al ex presidente sin otra prueba que su palabra, y que se dieron en el ámbito de un acuerdo de colaboración con las investigaciones, a cambio de una significativa reducción de sus penas. De hecho, dos de los tres jueces les redujo aún más las condenas a estos “delatores premiados”, mientras elevaba la de Lula.
Al ser condenado en segunda instancia, Lula estaría inhabilitado para postularse. Pero no está dicha la última palabra. Quedan varias instancias de apelación: el Tribunal Superior Electoral (TSE), instancia máxima en el tema, al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, en último caso, si se considera que alguno de sus derechos constitucionales fuera violado, el Supremo Tribunal Federal (STF).
Las falsas denuncias por corrupción son las nuevas armas de los nuevos golpistas, en muchos casos, ellos mismos inmensamente corruptos. El juez federal Sergio Moro, en julio del año pasado condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la Operación Lava Jato. Moro halló culpable al máximo líder del PT de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de garantizar a la compañía contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010). Lula jamás vivió en ese departamento. Ni está a su nombre. No hay ni un sólo papel que lo certifique. No hay ni una sola prueba.
Lula: “Que se preparen porque vamos a volver”
Tras el fallo, el líder se presentó frente a una enorme multitud en San Pablo y demostró una vez más que no va a ser fácil amedrentar a un luchador de su estatura.
“Que se preparen porque no sólo vamos a gobernar, sino que vamos a cuidar al pueblo”, aseguró ante una multitud que se concentró en la Plaza de la República en San Pablo.
“Pueden arrestar a Lula, pero no al sueño de miles de brasileños”, agregó el ex presidente al tiempo que desafió a los jueces que ratificaron su condena a “presentar una sola prueba en su contra”.
“Tengo certeza absoluta que hay una forma de salir de la lucha, que es morir. Mientras mi corazón funcione y mi cabeza piense, seguiré la lucha. No desistan, no se desanimen, porque ellos quieren sacarnos el derecho a ser felices y de soñar, porque una sociedad sin sueños no es posible”, dijo Lula.
“Ellos quieren que no sea candidato, pero ahora quiero serlo”, dijo el ex presidente, al tiempo que denunció que existe un “pacto entre el Poder Judicial y los grandes medios porque decidieron que era hora de terminar con el PT y el ascenso social de la clase trabajadora”.
“Nunca confié en el tribunal, quiero que me digan el delito que cometí; estoy condenado por un departamento desgraciado que no tengo, les pido al Movimiento Sin Techo que lo ocupen”, agregó ante la multitud.
Fuente: El Eslabón
