La concejala Celeste Lepratti presentará un proyecto para crear un Observatorio Municipal de Violencia Estatal, ante los numerosos casos de víctimas de violaciones a los DDHH como consecuencia de la violencia institucional.
La iniciativa, que se presentará este martes en el Concejo de Rosario, se fundamenta en «las reiteradas denuncias recibidas por la Comisión de Derechos Humanos», y “frente a la necesidad de contar con herramientas institucionales que brinden respuestas a los mismos”, según consideró la propia autora del proyecto.
Lepratti, en ese sentido, apuntó: “Proponemos la creación de un Observatorio de Violencia Estatal en la órbita de la Comisión de Derechos Humanos, a los fines de efectuar un seguimiento y acompañamiento de los casos, elaborar un registro, a los efectos de contar con datos fidedignos que permitan mensurar la gravedad de los hechos, la frecuencia con la que se producen, las regularidades en cuanto a las prácticas violatorias de los derechos humanos y las respuestas estatales ante las mismas, así como también producir recomendaciones para la elaboración de políticas públicas en la materia”.
La edila además, agregó: “Los abusos policiales, materializados en estrategias y acciones de persecución sobre sectores estigmatizados de la población –en particular sobre los jóvenes de barrios populares–, las detenciones policiales sin motivos y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para su utilización en la comisión de delitos; así como la práctica de la tortura para castigar o disciplinar a personas privadas de libertad, o como modo de obtener información, constituyen prácticas habituales de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe, culminando en ocasiones con la desaparición y muerte de las víctimas de esas intervenciones punitivas”.
La autora de la iniciativa recordó “la desaparición forzada de los jóvenes Franco Casco y Gerardo Escobar en la ciudad de Rosario, y la lamentable lista de ejecuciones perpetradas por fuerzas de seguridad, como los casos de Jonatan Herrera, Maximiliano Zamudio, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, David Campos y Emanuel Medina así como las prácticas vejatorias en comisarías que encuentran en los casos de María de los Ángeles París y Elina Rivero su expresión más cruda, muestran a las claras la necesidad de construir respuestas institucionales para contrarrestar estas prácticas contrarias con el Estado democrático de derecho y con la vigencia plena de los derechos humanos”.
Por último, la concejala sostuvo: “En Rosario en 2018 tuvo lugar el cuarto «desembarco» de fuerzas federales en la ciudad, siendo necesario constituir contrapesos institucionales que tiendan a prevenir, denunciar, registrar y acompañar a las víctimas de prácticas de violencia estatal, en el marco de un notorio incremento de la presencia de las fuerzas represivas del Estado para la intervención en la conflictividad social, evidenciándose su utilización más allá de la problemática del delito común y de garantizar la seguridad ciudadana”.
