Pese a que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por los 60 despidos sin causa en Bunge Ramallo, la patronal hizo caso omiso y mantiene la arbitraria medida.

Los trabajadores aceiteros cesanteados sin motivos ni aviso previo se encuentran en las puertas de la planta de la multinacional. La empresa no los deja ingresar a ocupar sus puestos de trabajo, en lo que se considera un claro incumplimiento de la conciliación.

Segùn denunció la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, la compañía “se coloca, una vez más, en la ilegalidad”, al tiempo que denunció que “además, están ingresando a la planta móviles de la Prefectura”.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación, explicó: «No hay justificación para las medidas que ha tomado Bunge al margen de la ley y hacemos responsable de forma exclusiva a la patronal de cualquier daño, perjuicio o consecuencia que su irresponsable accionar pueda provocar en la salud y vida de los trabajadores y las instalaciones de la planta».

La Federación Aceitera se encontró este miércoles con la ingrata novedad de que la empresa instalada en Ramallo le comunicó la decisión de cesantear a 60 trabajadores “sin causa”. Pero además, los directivos del complejo agroindustrial adelantaron que esa planta cerrará, y que el resto del personal será suspendido.

En ese marco, la cartera laboral bonaerense determinó la conciliación obligatoria, disponiendo que el escenario se retrotraiga al día anterior al conflicto y se suspendan los despidos de los 60 trabajadores.

La medida tiene efecto por 15 días hábiles, que es el tiempo que dura la conciliación, pero al mismo tiempo se supo que se planteó una nueva reunión para intentar acercar a las partes, en San Nicolás, el próximo jueves 2 de agosto.

Desde el gremio indicaron que en el establecimiento de Ramallo trabajan 160 aceiteras y aceiteros, y que otros 150 operarios se desempeñan allí bajo otros convenios.

“Comunicaron la decisión de cerrar la planta, suspendiendo al resto del personal. Es decir, Bunge ha decidido realizar una medida de fuerza consistente en un lock out patronal”, agregó el gremio aceitero.

La Federación agregó: “La patronal intenta justificar su accionar ilegal en una supuesta crisis que estaría atravesando la empresa, sin embargo Bunge no ha realizado el correspondiente Procedimiento Preventivo de Crisis”.

Cabe consignar que, según los trabajadores, la compañía “es una de las empresas más grandes del sector agroexportador de Argentina, y ha pasado de facturar 23.530 millones de pesos en el año 2014 a 46.033 en el año 2017, prácticamente el doble en tres años”.

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