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Al presidente mexicano electo, Andrés Manuel López Obrador (que asume en diciembre) le reclaman transformaciones más profundas y le reprochan designaciones en Seguridad. El futuro subsecretario de Derechos Humanos ofreció reabrir la investigación sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asumirá el gobierno el 1 de diciembre cargando con una pesada herencia de injusticias, descomposición social, corrupción, violencia social y paraestatal y decenas de miles de víctimas del terrorismo de Estado. Esta semana, a un mes de cumplirse cuatro años de la masacre de Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se manifestaron en la capital de México junto a un amplio espectro de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para exigirle al gobierno saliente, encabezado por Enrique Peña Nieto, “que deje de obstaculizar la investigación”.

El 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México, reprimieron a estudiantes. Con un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos, el hecho develó un oscuro entramado de complicidades.

Lejos de aclararse, el crimen sigue impune y lo único que quedó claro fue la complicidad criminal del Estado mexicano, que intentó plantar pistas falsas y desviar la investigación para cerrar el caso.

La represión contra los estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa se erigió, además, en símbolo y síntesis de la violencia estatal y paraestatal que viene padeciendo el pueblo mexicano desde hace más de una década.

La masacre mostró, asimismo, el costado más oscuro, y muchas veces oculto, del paradigma guerrerista utilizado en México, e importado de EE.UU., para combatir el delito. La “mano dura” produjo el borramiento de la frontera entre seguridad interior y defensa, la militarización de la sociedad y la profundización de un esquema punitivista (más armas, más efectivos patrullando las calles) que no dio buenos resultados. Todo lo contrario.

“Al gobierno saliente lo único que le pedimos es que deje de obstaculizar. Que permita que el nuevo gobierno pueda investigar, por el bien del país, por el bien de las víctimas, por el bien de todos”, comentó uno de los familiares de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, al comenzar la marcha.

“La lucha debe seguir y nosotros vamos con todo, no vamos a permitir que el caso Ayotzinapa quede en la impunidad y nos vamos a seguir movilizando. Vamos a exigir que Enrique Peña Nieto también sea investigado, no puede quedar en el abandono, en el olvido”, dijo Melitón Ortega, familiar de otro de los estudiantes desaparecido.

La sociedad civil, las organizaciones de base y los organismos de derechos humanos vienen exigiendo cambios profundos y AMLO viene dando señales que muchos consideran contradictorias e insuficientes.

Una de las demandas más fuertes apunta a cambiar la Procuraduría General de la República (PGR) para convertirla en una #FiscalíaqueSirva (etiqueta que ha servido para identificar al colectivo que impulsa esta demanda).

Se exige una repartición que se independiente del Poder Ejecutivo, con un titular que no dependa de la propuesta presidencial y de la elección del Senado, y con garantías legales suficientes para combatir la corrupción y revertir la impunidad.

En un comunicado fechado el 4 de julio y firmado por el comandante Moisés y el comandante Galeano (antes Marcos), llaman a la gente a “pintar caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros”, expresión que en la cultura de México equivale un gesto de rechazo y repulsa.

Tampoco fue bien recibida la posible creación de una Policía fronteriza anunciada por AMLO, al igual que algunas de sus designaciones en el área Seguridad, a las que acusan de continuidad con el actual gobierno de Peña Nieto.

El nuevo gobierno dice que reabrirá la investigación

El designado subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de la Gobernación del gobierno de AMLO, Alejandro Encinas, ofreció reabrir la investigación sobre el caso Ayotzinapa, según informó el medio mexicano Publimetro.

Apenas resultó electo, AMLO encaró la difícil tarea de buscar verdad y justicia, una urgente demanda de buena parte de la sociedad. En el marco de una serie de foros por distintas localidades de México, tuvo un contacto directo con las necesidades de la población. Y pudo comprobar cuán difícil es la tarea que le espera.

“Olvido no, perdón sí”, dijo el mandatario electo durante el primer foro por la Pacificación que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua.

AMLO explicó que no se va a resolver el problema de la inseguridad con más violencia. “El mal no se puede enfrentar con el mal. No creo en esa máxima del ojo por ojo y diente por diente”, indicó. Durante su discurso, cuando sentenció: “Olvido no, perdón sí”, una mujer desde el público le replicó: “No se debe perdonar”, y otra más le siguieron en coro.

El presidente electo explicó que esta ciudad fue el punto de partida de los foros porque hay una “sed de justicia” que su gobierno buscará saciar, y aseguró que no se obedecerá a intereses extranjeros para la conformación de las políticas públicas que surjan de estos foros.

Al respecto, López Obrador pidió a las víctimas de la violencia estar dispuestos a perdonar, aunque también dijo que respetará y escuchará a todos.

En este sentido, pidió a los participantes debatir sin censura y sin tabúes para delinear un plan para la pacificación de México.

AMLO inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero de los Foros por la Pacificación, con los que se busca escuchar a los diferentes sectores de la población para identificar propuestas que respondan a las prioridades en materia de seguridad.

El ganador de la elección presidencial estuvo acompañado por Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública, quien dijo que bajo ningún supuesto, los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, masacres, ejecuciones y violaciones graves a derechos humanos serán sujetos de amnistía, y los únicos que se beneficiarían son los responsables de delitos no graves, en lo que no haya mediado violencia.

En los Foros por la Pacificación “se explorarán todas las ideas y propuestas que permitan recuperar la paz y la serenidad en el territorio nacional”, sostuvo Durazo.

En ese sentido indicó que el análisis incluirá el recurso de leyes especiales o indulto, pero aclaró que eso no significa un pacto con el crimen o amnistía para crímenes de lesa humanidad, como masacres, tortura sistemática, desaparición o forzada, entre otros.

Este foro fue el primero de 18 que se viene realizando en varios puntos del país y más de 25 consultas especializadas que finalizarán en octubre.

Al final de los foros se hará un balance que se compartirá con los participantes y elaborarán un documento de sistematización de acciones y políticas públicas, así como propuestas e iniciativas se a analizarán para trazar la ruta hacia la pacificación.

En el foro se abordarán cinco mesas temáticas: Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación; Seguridad y justicia; Dinámicas fronterizas, migración y seguridad; Prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional, y Construcción de paz.

Se informó que se abrirá una sexta mesa de trabajo para discutir la Ley de Seguridad Interior, tras la exigencia de diferentes organizaciones sociales y colectivos.

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