El 26 de septiembre se cumplen 4 años de impunidad por la desaparición de 43 estudiantes tras la masacre de Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció la participación del Estado mexicano “por acción y omisión” en la represión y posterior desaparición y encubrimiento, y exigió el esclarecimiento. En este sentido, la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, afirmó que “existen evidencias de colusión entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, y del Ejército, en actividades de narcotráfico”.
El 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México, reprimieron a estudiantes. Con un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos, el hecho develó un oscuro entramado de complicidades. Lejos de aclararse, el crimen sigue impune y lo único que quedó claro fue la complicidad criminal del Estado mexicano, que intentó plantar pistas falsas y desviar la investigación para cerrar el caso.
La represión contra los estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa se erigió, además, en símbolo y síntesis de la violencia estatal y paraestatal que viene padeciendo el pueblo mexicano desde hace más de una década. La masacre mostró, asimismo, el costado más oscuro, y muchas veces oculto, del paradigma guerrerista utilizado en México, e importado de EEUU, para combatir el delito.
La CIDH denunció una vez más al Estado mexicano y pidió que se tomen medidas para esclarecer el hecho. “La supervisión internacional continuará teniendo como principal objetivo, la obligación de dar con el paradero de más víctimas”, señala el reporte presentado por el organismo.
Además, la CIDH destacó que de los nueve teléfonos de los estudiantes que tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, al menos uno de los equipos móviles fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública estatal, ante lo que pidió un pronto esclarecimiento.
Asimismo, el organismo dependiente de la OEA advirtió que, a la fecha, “no hay nuevas detenciones por acción y omisión de actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en el crimen”.
El documento reitera que el encuadre de los delitos por parte del Estado “no corresponde a las graves violaciones cometidas porque se trata de delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público contra la administración de justicia y secuestro, y no por desaparición forzada”.
También, señala la posible participación de la Policía Federal debido a que tres funcionarios de la corporación actualmente están sujetos a proceso penal por delitos de delincuencia organizada, así como por ejercicio ilícito del servicio público.
La CIDH considera necesario investigar a profundidad a todos los elementos federales que están desplegados en la ciudad de Iguala, el día en que ocurrió la desaparición. Y también pidió esclarecer el papel del Ejército en la desaparición de los normalistas ante la serie de contradicciones que los soldados del 27 Batallón de Infantería han declarado.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asumirá el gobierno el 1º de diciembre cargando con una pesada herencia de injusticias, descomposición social, corrupción, violencia social y paraestatal, y decenas de miles de víctimas del terrorismo de Estado. A poco de cumplirse cuatro años de la masacre de Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se vienen manifestando junto a un amplio espectro de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para exigirle al gobierno saliente, encabezado por Enrique Peña Nieto, “que deje de obstaculizar la investigación”.
