La iniciativa oficial para gravar con Ganancias a las cooperativas y su rechazo a hacerlo en un punto de Bienes Personales a los activos fugados al exterior llevó a Santa Fe a anunciar que no firmará la adenda del Pacto Fiscal rubricado entre Nación y las provincias el año pasado. El gobernador santafesino Miguel Lifschitz no quedó sólo en esa determinación, que acompañan con firmeza los mandatarios de Santa Cruz, San Luis y La Pampa, junto a los dubitativos Gildo Insfrán (Formosa) y Mariano Arcioni (Chubut). La negativa de ese grupo de gobernadores no impide al macrismo avanzar en la reforma impositiva regresiva que estipula en el Presupuesto 2019, ya que cuenta con el aval del resto de los jefes territoriales y de los dadores voluntarios de gobernabilidad del Peronismo Federal y del Frente Renovador en el Congreso. Pero muestra una fisura en el poder absoluto que la Casa Rosada ostentaba el año pasado cuando le juntó la cabeza a todos los mandatarios provinciales para rubricar el pacto.
La razón por la cual tanto el gobernador Lifschitz como su ministro de Economía, Gonzalo Saglione, hicieron pública su negativa a poner el gancho en la adenda (un complemento al acuerdo entre jurisdicciones del año pasado) es la decisión del presidente Mauricio Macri de incluir en el pago del impuesto a las Ganancias –del que estaban exentas– a las entidades de la economía social: cooperativas y mutuales.
El proyecto original del oficialismo incluye un artículo para “derogar, con efecto para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1º de enero de 2019, toda disposición por la que se exima del Impuesto a las Ganancias los resultados provenientes de actividades de ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros de entidades cooperativas y mutuales”.
Es decir, una búsqueda por exprimir a la economía social y asociativa, cuyos valores no coinciden con los que imperan en la Casa Rosada desde que la habitan los amarillos.
A cambio de ese gravamen a un sector sensible de la economía, tanto Lifschitz como otros gobernadores le propusieron al gobierno central gravar en un punto del impuesto de Bienes Personales a los que tiene activos formados en el exterior, el modo elegantemente neoliberal de llamar la fuga de capitales allende las fronteras argentinas.
Al cierre de esta edición se discutía en el Congreso cómo quedaría el texto definitivo. El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el santafesino radicado en Buenos Aires Luciano Laspina, sostuvo que respecto a las cooperativas y mutuales “estamos proponiendo dejar a afuera a las más pequeñas y medianas” por lo cual “va a haber una deducción”. Aunque el asunto no estaba cerrado.
El mandatario santafesino explicó esta semana su negativa a firmar la adenda del consenso fiscal en la imposición del gravamen a las cooperativas y porque “tampoco se establece en este acuerdo algo que fue reclamado por Santa Fe y varias provincias: la aplicación de una alícuota del uno por ciento a los bienes personales de argentinos radicados en el exterior”.
Lifschitz se reunió al comienzo de la última semana con el sector, representado en el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.
“El año pasado tuvimos una reunión parecida aquí por el mismo tema, lamentablemente recurrente, de tratar de incorporar en el presupuesto una cláusula que elimine las exenciones, que históricamente han tenido las mutuales y cooperativas, en relación al Impuesto a las Ganancias”, señaló el gobernador.
Explicó que los mandatarios fueron reunidos por el gobierno nacional con el fin de discutir la reducción de subsidios energéticos y al transporte, y luego le quisieron colar el impuesto a las cooperativas.
“Los gobernadores fuimos convocados por el Gobierno Nacional, en principio, para discutir la reducción de subsidios al transporte, a la energía eléctrica y el impacto que iba a tener sobre las provincias, y analizar algunas cuestiones vinculadas a los recursos de las provincias. Pero luego, en lo que se planteó como un segundo consenso fiscal, se incorporaron algunas cláusulas, entre otras, esta que se refiere al artículo 85 del Presupuesto, en relación a las cooperativas y mutuales, pretendiendo que los gobernadores avaláramos con nuestra firma, entre otras cosas, este artículo”, explicó Lifschitz.
“Desde las primeras reuniones plantemos nuestra absoluta negativa de incorporar este artículo”, afirmó, para explicar que “más allá de que los gobernadores no tenemos competencia para legislar, implicaba un aval político y un condicionamiento a la Legislatura que termináramos acompañando ese texto”.
Ahí radica la cuestión. El macrismo procuró que la mayor cantidad de jefes provinciales firmaran la adenda con el fin de exhibir un acuerdo político homogéneo, mayoritario. Pero hubo resistencia. El desastre económico-financiero de este año le restó poder al Gobierno, que hace aguas en una mezcla de ineptitud con negocios particulares.
Los gobernadores de Santa Cruz Alicia Kirchner, de La Pampa Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá explicitaron prontamente su negativa a rubricar el complemento planteado por Macri al acuerdo fiscal del año anterior.
En otro lote, considerado por el Gobierno como “en duda” estaban Lifschitz y sus colegas Insfrán y Arcioni. El santafesino finalmente sostuvo esta semana el “no”, apoyado por su partido y también por el justicialismo santafesino.
“Nos pareció inadecuado, a menos de un año, que los mismos actores fuéramos a modificar aquello que habíamos establecido como bases para el consenso fiscal, que genera desconfianza en los actores de la economía y que no era una buena medida que el propio Gobierno Nacional promoviera una modificación de ese acuerdo”, dijo Lifschitz en la reunión con los cooperativistas.
Billetera mata gobernador
Con menos diplomacia que su jefe político y funcional, el ministro de Economía provincial, Saglione, explicó que no firmar la adenda al consenso fiscal no implica para Santa Fe la pérdida de recursos, puesto que ya no los recibía al no comulgar con la mirada política de la Casa Rosada.
“Santa Fe hace tiempo que no recibe transferencias de fondos, que llamamos de carácter discrecional, es decir que no están definidos de manera obligatoria por ley”, sostuvo el encargado de la hacienda provincial.
“Eso –continuó Saglione– es algo que no ocurre sólo en esta gestión de gobierno sino en las anteriores. Santa Fe siempre ha quedado al margen de esas transferencias de carácter discrecional”.
Es lo que el senador Carlos Reutemann llamaba, cuando decidió ser opositor al kirchnerismo, “la billetera y el látigo” de la Casa Rosada, lonjazos que ahora parece interpretar como toscas caricias oficiales.
“Yo miraba el presupuesto 2017 y de 24 jurisdicciones Santa Fe figuraba en el número 24”, siguió Saglione sobre el reparto de fondos discrecionales del macrismo.
“Creo que no sería un funcionamiento institucional sano si una provincia, por plantear una idea diferente respecto de alguna medida propuesta por el gobierno nacional, tuviera represalia por hacerlo”, abundó el funcionario.
El ministro explicó en diálogo con LT8 que “si bien hay algunos componentes del consenso fiscal que entendemos positivos, no podemos acompañar decisiones que se han incorporado y que van a contramano de lo que pensamos y lo hemos transmitido a las autoridades nacionales”.
“Concretamente –detalló–, no compartimos cobrarles impuestos a las Ganancias a las cooperativas y mutuales que son entidades sin fines de lucro”.
Saglione recordó también “la propuesta que se hizo juntamente con varias provincias para que los argentinos que tienen bienes en el exterior puedan, en esta coyuntura económica tan difícil que atraviesa el país, hacer un aporte especial con una alícuota del uno por ciento en el impuestos a los Bienes Personales”, que no fue tomada por el Gobierno central.
Pluripartidario
La decisión de Lifschitz de no firmar la adenda del Pacto Fiscal si se grava a las entidades cooperativas tuvo el apoyo de su propio partido, dirigido por el sector que lidera el ex mandatario Antonio Bonfatti, y también del PJ santafesino.
“Desde el Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe queremos manifestar la preocupación y rechazo a la disposición que pretende tomar el Gobierno de Cambiemos contra la economía social gravando a cooperativas y mutuales de manera injusta”, sostuvo el peronismo a través de un comunicado emitido el último jueves.
El texto agrega que “tal como sucediera cuando se discutió la reforma tributaria en 2017, el gobierno nacional vuelve a la carga con el intento de imponer el impuesto a las Ganancias en estas instituciones. Si bien en aquel momento la medida no se concretó, ahora, vuelven a presentar esta intención dentro del Presupuesto 2019”.
Vale aclarar que, al incluir estos planteos en la ley de presupuesto, el Gobierno busca efectuar reformas impositivas –que deberían discutirse a través de otro proyecto- escondidas entre el debate por la distribución de los recursos y el cálculo de ingresos públicos. Como hizo con la ley ómnibus que llamó de “reparación histórica” a los jubilados, donde ingresó el blanqueo de capitales y la reducción de Bienes Personales de los que más tienen.
“Con esta norma –sostuvo el PJ de Santa Fe-, la alianza Cambiemos insiste en desconocer la naturaleza jurídica de estas entidades, perjudicando profundamente este sector de la economía que ofrece una alternativa intermedia entre el sector privado y público. Eliminar las exenciones sería limitar la función social que las mutuales y cooperativas cumplen en sus comunidades, con el solo objetivo de pagar la deuda externa autoinducida por este Gobierno”.
RECUADRO
“Muy preocupante”
El presidente de la Federación de Entidades Mutualistas de la provincia de Santa Fe, Víctor Rossetti, aseguró que el sector vive como “una situación muy preocupante que las entidades mutuales sean gravadas con impuestos a las Ganancias”. Además, remarcó que “en el interior de la provincia, los únicos medios de financiamiento son las mutuales”.
“Las mutuales estamos en los pueblos, y el esfuerzo de la comunidad se manifiesta en una obra, y no en la distribución de ganancias. Los excedentes siempre han quedado en la localidad y esto nos permite anclar el ahorro del pueblo y generar puestos de trabajo”, finalizó el dirigente tras la reunión de esta semana con el gobernador Miguel Lifschitz.
El intento oficial por derogar la exención que las cooperativas poseen sobre el pago de Ganancias se funda en la necesidad de arribar el año próximo al déficit primario cero, impuesto por el único prestamista que le queda: el Fondo Monetario Internacional.
