La iniciativa fue presentada por el diputado provincial del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero, “a raíz del crecimiento que vienen teniendo estas actividades económicas mediante las cuales se comparten y/o intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales que ponen en contacto directo a cliente y proveedor o a través de servicios conocidos como de cadetería, delivery o mensajería”.
Para detallar la propuesta, el legislador explicó que “la irrupción de las Economías Colaborativas Digitales (ECD) –bajo la modalidad también denominada “startups”– en el país, llegó con el debate agregado acerca de si estos puestos de trabajo que se crean en esa actividad vienen a suplir una demanda insatisfecha de los consumidores, o simplemente representan una nueva faceta de la tendencia a la precarización laboral que se viene registrando en el mundo del trabajo debido a la modalidad de contratación que adoptan para con sus empleados”.
El proyecto de ley cuenta con 12 artículos que van desde la inscripción para ejercer el comercio, protección al consumidor, de datos, contratación laboral, disposiciones especiales para el personal, recaudos laborales, habilitaciones, entre otros.
“Concretamente, ya se está hablando a nivel internacional de esta forma de relación laboral que intentan imponer estas ECD, como la “uberización” de la economía, por haber sido precisamente “Uber” la primera empresa que ha intentado incorporar al mundo laboral está supuestamente nueva forma de relación de trabajo”, agregó.
Entre los fundamentos se explica que “las aplicaciones de las ECD, intentan retrotraer la situación de los trabajadores a tiempos previos a la conformación de los sindicatos y las leyes laborales que los protegen, épocas en las que todos trabajaban bajo el modelo de fraude laboral y trabajo a destajo. A esta situación pretenden agregar bajo la consigna de la modernización de las relaciones, el factor tecnológico”.
Para Cavallero, “de esta forma, y en caso de imponerse, lograrían un doble triunfo, por un lado, podrían transformarse en tomadores de mano de obra que evada leyes e impuestos sin posibilidad de rastrearlos, y por el otro, los trabajadores no tendrían un lugar puntual para realizar una protesta o reclamo”.
Y, paralelamente, una falta de legislación adecuada, permitiría legalizar una evasión o al menos una elusión de tributos exigibles, perjudicando además del estado provincial y municipal, a aquellos que en la actualidad desarrollan tareas similares, pero bajo normativas reguladas.
“Las ECD están socavando de manera indiscutible los cimientos legislativos en materia laboral y tributaria tanto a nivel nacional como internacional. Para entender esta situación se debe tener en cuenta que, en algunas ocasiones, por falta de actualización de las leyes es difícil establecer las fronteras entre lo que es legal o ilegal y en otras muchas se parte de la ilegalidad por no haber normativa que legisle esta actividad”, finalizó el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV), sobre la iniciativa que ingresó a la legislatura provincial.
