El comunero de 24 años fue asesinado durante un operativo policial. El hecho despertó la protesta de las comunidades originarias, que acusaron al gobierno de Chile de perpetrar un crimen político. Renunció el gobernador de la región y el ministro de Interior será interpelado en el Congreso.
El 14 de noviembre, el comunero mapuche Camilo Catrillanca, de 24 años, conducía un tractor en Temucuicui, en la región de La Araucanía, cuando un disparo lo alcanzó en la espalda. Según la versión oficial de los Carabineros, se enfrentaban a tiros con ladrones de automóviles en medio de una persecución. Pero para la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos, se trató de un crimen político en el marco de un plan de represión, acoso, y criminalización de las comunidades originarias.
Este nuevo hecho de represión contra una comunidad originaria de Chile produjo una ola de protestas que fueron duramente reprimidas.
En este marco de creciente descontento y sospechas contra el gobierno y las fuerzas de seguridad, el gobernador de la región sureña chilena de La Araucanía, Luis Mayol, presentó su renuncia. El funcionario se alejó del cargo ante las duras críticas de diversos sectores políticos y sociales. “Producto de intereses mezquinos de algunos parlamentarios de oposición, que han tomado un caso lamentable, que todos sentimos profundamente, como es la muerte de Camilo Catrillanca, para obtener dividendos personales, no me es posible seguir contribuyendo con este objetivo”, dijo Mayol.
Además, según informó el portal de noticias chileno 24 Horas, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick. La interpelación se desarrollará el 11 de diciembre y será liderada por la parlamentaria mapuche Emilia Nuyado.
“Será un hecho histórico, ya que por primera vez el Estado de Chile será interpelado por una diputada mapuche”, manifestó el diputado socialista Manuel Monsalve, argumentando que esto permitirá conocer más antecedentes de lo ocurrido en la zona.
El congresista detalló que el objetivo del procedimiento tiene cuatro objetivos: qué fue lo que ocurrió en el operativo que generó la muerte de Catrillanca, el modus operandi del Comando Jungla, la participación de las autoridades políticas previo, durante y después del hecho, junto a hacer las consultas respecto a las medidas tomadas en la región. “Hay que hacer las reformas políticas para que no haya otro asesinato”, agregó Monsalve.
Por su parte, la diputada del Partido Progresista (PRO), Marisela Santibáñez, valoró que Nuyado sea la que lidere la instancia. “Qué mejor que ella sea quien lidere la voz mapuche para aclarar este enredo y esta mentira. El pueblo de Chile necesita una verdad clara”, consideró.
En la actualidad, el caso se investiga como homicidio y los principales sospechosos son cuatro carabineros, ya dados de baja, uno de los cuales confesó haber grabado el incidente, pero dijo que después borró y destruyó la tarjeta de memoria de la cámara.
Tanto La Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Amnistía Internacional (AI) expresaron su preocupación por la muerte del comunero y solicitaron al gobierno de Chile que investigue lo sucedido.
“El Sistema de las Naciones Unidas en Chile lamenta profundamente la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrida el miércoles 14 de noviembre en la comunidad de Temucuicui, en la Región de la Araucanía y transmite sus sinceras condolencias a la familia Catrillanca y a toda su comunidad”, señala el comunicado de la ONU.
“De la misma forma, exhorta al Gobierno de Chile a realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre el hecho, y agotar todos los recursos necesarios para dar con los responsables”, agrega el texto.
“Adicionalmente, el Sistema de las Naciones Unidas en Chile expresa su preocupación por el contexto de violencia en que esta muerte se produjo y hace un llamado a todos los actores involucrados (sociales e institucionales) a buscar alternativas para abordar las razones de fondo de esta situación, y promover una cultura de paz en la zona”, concluye el comunicado de la ONU.
Por su parte, AI calificó como “indignante y alarmante” el operativo policial que se realizó en la región de La Araucanía. La entidad mundial posó su mirada en el Estado y dijo que “es quien se encuentra obligado a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en conformidad a los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes”.
Frente a los allanamientos masivos que fueron sucediendo en la zona de conflicto, Amnistía Internacional manifestó que estas prácticas vulneran los derechos humanos de las personas mapuches y agregó que este accionar “da cuenta de la persecución y criminalización del Estado a los pueblos indígenas”.
En último punto, el movimiento instó al Gobierno a repudiar este suceso y solicitó que se investigue “a fondo y de manera imparcial” lo ocurrido y que estos hechos “no queden en la impunidad, brindando garantías de reparación y no repetición a las víctimas y sus familiares”, indicó la organización.
Destruyendo pruebas comprometedoras
Según informó el portal de noticias chileno Ahora Noticias, el director general de Carabineros, Hermes Soto, declaró ante la Comisión de Seguridad de Cámara, donde explicó detalles del operativo policial que terminó con la vida del comunero mapuche Camilo Catrillanca. En este sentido, explicó por qué un efectivo policial eliminó la tarjeta de memoria de la cámara GoPro que portaba y donde se había grabado el procedimiento.
“Se le consulta por la tarjeta y él señala que la destruyó, que no la tiene porque había ahí, según lo que él manifiesta, imágenes que lo comprometían en lo personal y familiar, y por eso la destruyó”, aseguró Soto.
Este proceder les costó la baja a los cuatro funcionarios que participaron del operativo. Además renunciaron un general y un coronel que se encontraban a cargo.
“Nadie se percata ni revisa la situación que lamentablemente involucra a toda la institución con una mentira imperdonable cometida por uno de los nuestros. Por eso, se adoptaron las medidas y decidimos que los cuatro carabineros fueran dados de baja, y se aceptaron las renuncias de los dos jefes, el general y el coronel”, agregó Soto.
