La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó a la ministra de Seguridad al señalar que el nuevo reglamento de uso de armas de fuego busca «legalizar la muerte». Para el diputado Agustín Rossi, esto “desatará mayor violencia”. Piden la suspensión de la medida.

Estela de Carlotto repudió con dureza a la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar que el protocolo que avala a la Policía a disparar por la espalda sin la necesidad de dar la voz de alto, busca «legalizar la muerte».

«Se va a transformar en una lucha calle a calle, puerta a puerta», consideró en diálogo con la emisora La990 la dirigente de la organización de derechos humanos, al cuestionar la nueva reglamentación.

En este sentido, Carlotto lamentó que desde el gobierno nacional se tomen «decisiones inconsultas sin pasar por el Congreso», y advirtió: «Son resabios de una acción dictatorial, si bien este es un gobierno constitucional”.

Por su parte, el jefe de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, consideró que la reglamentación del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad «legitima los niveles de violencia institucional».

«Está claro que esta reglamentación viene a legitimar una serie de conductas, lo que hace es legitimar aún más los niveles de violencia institucional que existen en la Argentina y claramente se va a desatar una situación mayor de violencia», manifestó.

El legislador nacional por Santa Fe concluyó: «Si le dice a una fuerza de seguridad que reprima, va a reprimir. Si le dice tire, va a tirar, sin una voz de alto y flexibilizando la caracterización de peligro inminente. Esto va a generar una desprotección absoluta para el ciudadano común», añadió.

Piden la suspensión del protocolo

El ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, y el ex subsecretario de Derechos Humanos en el kirchnerismo, Luis Alén, denunciaron este martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunto «abuso de autoridad», a raíz del nuevo protocolo para la utilización de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad federales.

Además, pidieron suspender la aplicación de la resolución hasta que se dicte una sentencia definitiva «en atención a la gravedad de la situación que plantea» y que «puede ocasionar la muerte de personas».

Al respecto, Rozanski y Alén reclamaron el dictado de una medida cautelar, además del llamado a declaración indagatoria a Bullrich y que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018.

La denuncia por presunto «abuso de autoridad» e «incumplimiento de deberes de funcionario público» quedó a cargo de la jueza federal María Servini, según el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña.

«Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad», sostuvieron los denunciantes en el texto, y aclararon que la Constitución Nacional «prohíbe la pena de muerte» y también «prohíbe a cualquiera, que no sea el Congreso, legislar en materia penal».

«Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad», subrayaron.

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