Se perdió un juicio pero no la memoria

La Justicia falló contra 18 trabajadoras y jubiladas de la Salud pública. Todas son profesionales del Hospital de Niños Víctor J. Vilela que en el 2013 formaron parte de un colectivo que presentó un recurso contencioso administrativo contra el Municipio. Exigían que se declarara el carácter remunerativo y bonificable del rubro “Asignación Especial Profesional Sanitario”, dispuesto por el decreto 1775 del 9 de agosto de 2006, que en su artículo primero señala que “dicho “complemento salarial fue otorgado de manera general” no obstante haberlo regulado el ente público con carácter “no remunerativo, no bonificable (art. 1°)”. Para los demandantes era un derecho adquirido pero un fallo lo desestimó. Ahora deberán pagar 7 mil pesos por costas.

“No remuneratorio es un pago que ingresa al bolsillo, pero no se computa al percibir el aguinaldo, tampoco figura como aporte jubilatorio y a la Seguridad Social. Esta situación producirá [en los profesionales] la caída de sus ingresos cuando sus salarios sean reemplazados por jubilaciones”, señala a El Eslabón el abogado laboralista Carlos Gamboni. “La Municipalidad reconoce que esos empleados cobran poco y agrega al salario una bonificación, como una gracia, y así como lo otorga puede quitarlo. Pero es un derecho ya adquirido”, considera el letrado de los demandantes.

Sin embargo, los magistrados de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Marcelo López Marull, Alejandro Andrada y la titular Clara Rescia de la Horra) resolvieron recientemente “declarar improcedente el recurso interpuesto”.

Ante el fallo, Gamboni indica: “El Estado es empleador en negro, cuando a pesar de figurar en el recibo de sueldo las bonificaciones, ellas no impactan en lo provisional”. Además, sostiene: “Lo más curioso e incoherente es que también se perjudica a la Caja Previsional, porque si la Corte da lugar al reclamo de un empleado ya jubilado que pida que le paguen en forma acorde a lo que recibía mientras trabajaba (razonable proporcionalidad), la Caja debe abonar jubilaciones recompensadas, sobre aportes que no recibió porque una parte no era remuneratorio”.

Asambleas y Carrera Sanitaria

El reclamo por el reconocimiento del adicional como remunerativo es parte de una larga lucha que se batió en los tribunales. Pero también en la calle, asambleas, charlas y actos en defensa de los derechos de los trabajadores y contra las dilaciones y promesas de una patronal estatal, supuestamente de signo socialista.

La organización de los trabajadores de la Salud nace el 15 de mayo de 1998, con la formación de la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal de Rosario. El agite convocó a trabajadoras y trabajadores de áreas como fonoaudiología, odontología, kinesiología, trabajo social, médicas, psicología y jubilados.

Ese movimiento surgido por la recomposición salarial en hospitales, salas de atención médica y toda institución dependiente de la Municipalidad de Rosario, se conformó también en un amplio espacio de discusión sobre políticas sanitarias, las imposiciones inflexibles bajadas desde la Secretaría de Salud, el malestar por las condiciones de trabajo y la política en Salud Pública.

“Salir a la calle y visibilizar la situación fue un logro de la movilización, no hay recuerdos de paros tan masivos en reclamos por la situación de la Salud en Rosario. Hubo marchas, concentraciones frente al Cema (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias), la Municipalidad, rodeando al Vilela; recorriendo su barrio y otros hospitales, difundiendo la lucha y hablando con pacientes y su familias”, remarcan las pediatras Patricia Taborda, Claudia Cano y Mariela Pozzi (jefas de salas del Vilela).

Por su parte, la psicóloga Silvia Solís rescata la lucha por la Carrera Sanitaria que establece y ordena los derechos laborales, regula la carrera, los ascensos de categoría pero que tras ser escrita 1991 y aprobada, nunca fue implementada. Al ser consultada por las trabas que la frenaron menciona que “la excusa  tenía que ver con el costo que implicaba implementarla”.

Según estos profesionales, ni el Sindicato Municipal ni el Amra (Asociación Médica de la República Argentina) solían responder con firmeza a esas demandas, por lo que ATE les brindó apoyo jurídico, cedió sus instalaciones en Rosario y algunos de los trabajadores se afiliaron a esa asociación.

En tanto, desde la Municipalidad desmerecían la representación de los profesionales autoconvocados y se los concebía como parte de una disputa entre el Sindicato y ATE, refieren los demandantes.

La patronal socialista

Ya es muy conocida la capacidad, creatividad, voluntad política y el compromiso del gobierno municipal con los trabajadores, incluyendo a los suyos. En marzo de 2002, Miguel Cappiello, entonces secretario de Salud Pública, tras admitir la falta de fondos necesarios para funcionar en su sector, y en una típica manifestación de la política en salud del gobierno socialista, propuso que se podrían alquilar consultorios del Cema.

La iniciativa se basaba en usar como recurso económico una privatización. Ya entonces, esa falta de inversión era denunciada por la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal. El delegado Gerardo García advertía en ese momento que ese recorte afectaría a los recursos humanos dependientes de Salud.

Años después, en mayo de 2007, la entonces secretaria de Salud, Mónica Fein, hoy intendenta, tras múltiples protestas, marchas y prolongados paros, sólo atinó a renunciar al cargo, desgastada y vencida por los años de reclamos salariales de los trabajadores de la Salud.

“No queremos empezar de cero con un nuevo interlocutor”, advertía desde el Vilela la delegada Laura Medina y remarcaba: “Lamentablemente el único miembro paritario que negocia oficialmente con el gobierno local es el Sindicato Municipal, que hace tiempo no viene representando nuestros intereses, por eso surgió esta instancia de autoconvocatoria para reclamar por nuestros derechos”. Años más tarde, Fein era premiada con el cargo de intendenta.

En septiembre de ese año, el municipio endureció las medidas para frenar las movilizaciones y protesta salariales. No buscó dialogar, negociar y escuchar. Prefirió descontar a los trabajadores los cerca de 13 días de paro, sin siquiera confirmarlo de manera oficial.

El justo blanqueo

En noviembre de 2013 se endurecía el reclamo del “justo blanqueo” y los autoconvocados acompañaron su movilización con la presentación de la demanda jurídica en la que no dejaron de exigir que la bonificación pase a ser remunerativa “con el derecho retroactivo del beneficio sin que se disminuya el salario y sin que se pierda su carácter de movilidad”. Además, demandaban “el respeto indeclinable del derecho adquirido por los compañeros jubilados de recuperar y no perder este beneficio”.

Gamboni también resaltó que “en otros casos no se hizo un trabajo probatorio, pero sobre la demanda de los profesionales de la salud pública de Rosario se realizó una pericia contable para calcular la diferencia entre cobrar con las remuneraciones y sin que le sean computadas”.

Según el abogado, este sistema perjudica mucho al trabajador porque en el haber de bolsillo, cerca del 45 por ciento no es remuneratorio y por lo tanto si el laburante “cobra diez y aporta diez, la jubilación será por diez. Pero si le pagan diez y aporta por cinco, la jubilación será sobre cinco”.

Esta prueba tan contundente no fue tomada en cuenta al formular los magistrados la sentencia. “Hubiera tenido posibilidades de prosperar el reclamo si fuera contra un empleador privado. Un juez siempre tiene algún elemento para probar lo que elige”, sostiene Gamboni.

“La Municipalidad dice que la bonificación nació como no remuneratorio, algo inadmisible para la ley de Contrato de Trabajo. Pero aquí la patronal está bajo el paragua del derecho administrativo. Además, el signo del poder administrador coincide con el judicial”, concluye.

En tanto, al perder la demanda, cada trabajador deberá abonar unos 7.000 pesos por costas.

El fallo de este juicio no cierra la puerta de una historia de militancia y compromiso por la salud pública y los derechos de los trabajadores. Es sí una prueba de cómo enfrentar las injusticias con nuevas herramientas para reformular y resignificarlas, para seguir la pelea.