Alesso: “Están en riesgo de ser cerrados los institutos de todo el país»

“El maestro tiene que tener una mirada más actual, en la diversidad, en la tecnología, hay que formar en todos estos temas. También hay que cerrar institutos de formación, hay muchos, son 1.300 en todo el país; esto entre muchas otras acciones que vamos a desarrollar”. La cita, es parte de una entrevista realizada al ex ministro de Educación de la Nación y ahora senador nacional, Esteban Bullrich, por el periódico Mendoza Post. Fue publicada el 6 de enero de 2016 (bajo el título: “Habrá una ley para sancionar la falta de respeto a los maestros”), apenas había iniciado su gestión al frente de la Cartera Educativa del gobierno de Cambiemos.

La declaración de Bullrich resultó toda una confirmación de los planes del gobierno nacional respecto de la educación superior. Otra pista reciente la dio la creación de la UniCaba en ciudad de Buenos Aires, poniendo en riesgo la continuidad de 29 institutos públicos de formación docente. Aprobación –hay que recordarlo– que se dio sin ningún apoyo de la comunidad educativa y bajo la represión policial.

Esta semana se avanzó un paso más en esa meta de Cambiemos de ajustar y mercantilizar la educación pública, en particular la que refiere a la enseñanza superior y la formación de los docentes. Fue con la aprobación del proyecto de creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (Coneafod).

En charla con El Eslabón, la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, señaló que esa comisión “solo busca achicar y están en riesgo de ser cerrados institutos de formación docente de todo el país”. También recordó que se trata de una réplica de “lo que pasó en los 90, cuando se aplicaron medidas similares y se cerraron instituciones de educación superior”.

La dirigente de Ctera y Amsafé denunció además que la votación del Consejo Federal de Educación para aprobar esta comisión se dio en forma dividida y resultó un escándalo por las irregularidades cometidas en su tratamiento. En particular porque no se respetaron los artículos que abren la participación de los sindicatos docentes en estas discusiones y menos las leyes vigentes.

El miércoles pasado, cuando las ministras y los ministros de Educación de todo el país se reunieron en el Consejo Federal para tratar este tema (por Santa Fe asistió el secretario de Educación, Oscar Di Paolo) la Ctera organizó una clase pública en la puerta del Palacio Pizzurno para denunciar este otro ajuste a la educación pública y en defensa de los institutos de formación docente.

“El ministro (Alejandro) Finocchiaro avanzó en una resolución carente de legitimidad y dudosa legalidad, con una votación muy dividida y sin la consulta ni convocatoria a los gremios docentes, actores principales del sistema educativo”, expresó la secretaria general de la Ctera públicamente ese mismo miércoles.

El proyecto de la Coneafod no fue apoyado por las provincias de Santa Fe, Formosa, Chubut, Santa Cruz, La Rioja y Tucumán y estuvieron ausentes las provincias de San Luis La Pampa, Salta y Neuquén. “Este avance unilateral, sin diálogo ni consenso en el seno Consejo Federal, ya que la mitad de las provincias argentinas no respaldó la iniciativa, es una muestra más de cómo el gobierno nacional pretende profundizar el desmantelamiento de un tema tan fundamental como es la formación docente”, manifestaron desde el sindicato docente además de anticipar que seguirán en la calle denunciando y reclamando el fin de estas políticas de ajuste.

De manera inmediata, la Ctera difundió un comunicado donde se rechaza la creación de esta comisión al asegurar que se trata “de un nuevo intento del actual Gobierno para volver a instaurar los procesos de acreditación como una herramienta para justificar el achicamiento del sistema, intensificar el ajuste en las políticas de formación docente y avanzar con el cierre de los Institutos Superiores”.

Se recuerda que el antecedente más inmediato es la reforma educativa de los 90, con la ley federal de educación que donde “la educación obligatoria pasó a ser definida como un servicio y un gasto, y la educación superior como un privilegio”. Ahora “la nueva medida apunta a reeditar ese tiempo pasado, donde el Estado nacional y los Estados provinciales dejaron de ser garantes de la educación y pasaron a ser subsidiarias de determinados intereses económicos y financieros”.

La Ctera reclama así que se cumpla con la ley de educación nacional (26.206) que define entre los objetivos para la política nacional de formación docente: “Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el ejercicio de la docencia” (artículo 73 “g”). Se trata de que ese objetivo de acreditación y evaluación “se oriente al fortalecimiento de las instituciones para garantizar el derecho a la educación superior”.

También la ley de educación nacional creó el Instituto Nacional de Formación Docente (lnfod) como organismo responsable de las políticas de formación docente. La comisión impulsada por Cambiemos pasa por encima de este organismo. Y –como señala el documento– “claramente, la Coneafod será una plataforma más que abrirá las puertas a la mercantilización en la formación docente, habilitando el acceso al sector privado”.

Mercado y meritocracia

La idea de cerrar institutos de educación superior, donde se forma el magisterio argentino, es una característica de las políticas neoliberales. Como bien refresca la Ctera la experiencia más cercana es la reforma educativa encarada en los 90, bajo el menemismo. En la provincia de Santa Fe, tuvo su correlato en el famoso Documento A14, que establecía parámetros de acreditación de las instituciones formadoras.

Esa meta de achicar ahora se repite con una lógica casi de manual. El objetivo es hacer de la formación docente un gran negocio, una medida necesaria, clave, en la mercantilización de la educación pública. Lo que no resolverá el Estado lo hará el mercado. Como dato que suma a esta afirmación, alcanza con conocer la premura con la que las universidades privadas se dispusieron a abrir profesorados apenas conocida la idea de la UniCaba (que deja al borde del cierre a 29 institutos públicos). Por ejemplo, la Universidad Austral abrió en 2017 el profesorado universitario de enseñanza primaria. Lo mismo hizo la Católica.

El primer paso para hacer efectiva esta estrategia de ajuste diseñada por los organismos internacionales es descalificar, desacreditar a las docentes y a los docentes. Eso en los 90 se concretó primero con la aprobación de una reforma educativa (ley federal de educación) que aseguraba venía a modernizar la enseñanza. Así proliferaron los cursos de capacitación en todas las disciplinas, la mayoría pagos, provistos por instituciones privadas para que las educadoras pudieran aggiornarse a semejante transformación. El rejunte de papelitos para sumar puntaje y poder trabajar en la docencia fue una marca de época. Tanto como la abundancia de nuevas terminologías, la mayoría provenientes del campo de la economía, y de siglas indescifrables. Mientras tanto, y como ocurre hoy, lo único que aumentaban eran las pibas y los pibes en los comedores escolares.

Ahora esa desacreditación se consuma con la aplicación de pruebas estandarizadas, además del apoyo incondicional de los medios hegemónicos dispuestos a dar una mano. Al otro día de aprobarse la Comisión acreditadora (20 de diciembre), se publica en Clarín esta nota: “Afirman que el 40% de los nuevos docentes tienen dificultades en lectura y escritura”. Hace referencia a datos del Ministerio de Educación nacional respecto de las pruebas Enseñar (pruebas estandarizadas que se les tomaron a estudiantes que quieren ser docentes y están en los últimos años de la carrera).

No sólo es desconocer el derecho a la educación y afirmar el consecuente avance privatizador, con estas medidas también se persiguen el control ideológico de los contenidos de enseñanza y la pretensión de despegar a la docencia de la conciencia conquistada de que enseñar es un trabajo y no un apostolado de tiempo libre. No es difícil proyectar que lo que sigue en los planes de Cambiemos es la evaluación del trabajo docente para ligarlo, según el mérito, al salario.

Fuente: El Eslabón