La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó este jueves su informe estadístico anual sobre los juicios a los represores de la última dictadura cívico militar. En 2018 finalizaron 17 procesos y aumentó la cantidad de imputados con prisión domiciliaria. En total hay 891 condenados. El 65 por ciento de las personas privadas de su libertad por estas causas, están en su casa.
A diferencia de lo que ocurre con otras causas, la Justicia Federal viene con freno de mano y cada vez más obstáculos en lo que a las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado se refiere. Según el documento presentado este jueves, respecto al año anterior, se registró una baja significativa en el ritmo de elevaciones a juicio, celebración de los debates orales y sentencias, debido a la interposición de recursos y dificultades para conformar los Tribunales, entre otras cuestiones.
El diagnóstico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, indica una baja en el ritmo de elevación de investigaciones a las instancias orales. “Este aspecto se combina con las persistentes demoras en diferentes instancias del proceso, debido a las dificultades para conformar los Tribunales intervinientes o la actividad recursiva de las partes que produce dilaciones en la tramitación”, releva el informe.
En su trabajo, la PCCH presenta, en primer lugar, el detalle sobre el estado de las causas, el avance de la situación procesal de las personas investigadas y el análisis de trayectorias temporales con la medición de los tiempos de tramitación del proceso de juzgamiento. Además, aporta datos sobre el número de personas detenidas, sus correspondientes modalidades de encierro, y clasifica esta información según rangos etarios.
Por último, los datos muestran que se redujo significativamente el número de personas detenidas en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 989 en diciembre de 2018.
El informe destaca que “persiste un número estable de causas en etapa de instrucción, que constituyen la elevada cifra del 45 por ciento del total de causas en trámite: casi la mitad de las causas que hoy están activas, tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal”.
Por otra parte, “el análisis de las trayectorias temporales muestra que insume un promedio de cinco años que una causa se eleve, se realice el juicio, y se confirme o no la sentencia en las instancias recursivas posteriores”. En este sentido, aun suponiendo que en las más de 200 causas en instrucción se presente el requerimiento de elevación en 2019, como mínimo, la finalización del proceso demoraría hasta mediados de 2025.
Las sentencias dictadas durante el 2018 fueron 17. Desde 2010 que no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias por año.
En 2018, obtuvieron sentencia un total de 108 personas, menos de la mitad que en 2017. De ellas, 91 fueron condenadas y 17 absueltas. Así, de las 17 sentencias dictadas en 2018, 7 fueron por uno, o máximo dos imputados.
En relación con las personas sentenciadas “sólo el 27 por ciento de los condenados y el 15 por ciento de los absueltos tienen sentencia firme, lo cual indica que continúan las demoras en las instancias recursivas”, destaca el informe.
Por último, el informe dedica una sección a la información sobre personas detenidas y las modalidades de arresto que cumplen. Allí, los datos muestran que se redujo significativamente el número de personas privadas de su libertad en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 989 en diciembre de 2018.
Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante entre las personas privadas de su libertad por crímenes contra la humanidad (65 por ciento del total). Esa tendencia es definitiva, y se profundiza aún más al analizar el universo de personas mayores de 70 años, para las cuales se eleva al 77 por ciento de los casos, y al 82 por ciento si consideramos entre ellas a quienes fueron condenadas pero aún no tienen su sentencia firme.
En Rosario
De acuerdo a un relevamiento realizado por El Eslabón, con diversas fuentes judiciales y datos aportados por el equipo jurídico de la agrupación Hijos –querellante en numerosas causas por crímenes de lesa humanidad en la ciudad y la región–, son 21 los detenidos que fueron condenados o procesados por tribunales federales de la ciudad y hoy se encuentran bajo el régimen de la prisión domiciliaria, o qué residen acá “enviados” por otros juzgados.
