El asesino y torturador sale de casa sin custodia oficial. Los vecinos del marplatense bosque Peralta Ramos que lo advierten, una vez más le expresan su rechazo. Una joven le apunta, dispara, y escracha la imagen de Miguel Etchecolatz, el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura cívico militar. El varias veces condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad como robo de bebés, aplicación de tormentos y homicidios, sonríe a la cámara. “Es la impunidad en tiempos de Macri”, explican las organizaciones de derechos humanos que repudiaron en todo el país la burla del represor. “Se trata de una nueva avanzada por el perdón a los genocidas promovida por el gobierno nacional –remarcan–, que se expresa en la vieja cantinela de la reconciliación propuesta el domingo pasado por el jefe del bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot”. Un informe de la Procuración confirma que cada vez son más las prisiones domiciliarias para los terroristas de Estado. El Eslabón reconstruyó quiénes son y dónde viven los rosarinos que gozan de ese beneficio.

Sin el amplio “reconocimiento” público de Etchecolatz, una docena de represores de la última dictadura disfrutan en Rosario, casi anónimamente, del arresto domiciliario. Lejos de la fama del bonaerense, de rostros muchas veces desconocidos, quién sabe si los condenados locales salen y entran como panchos por su casa.

De acuerdo a un relevamiento realizado por El Eslabón, con diversas fuentes judiciales y datos aportados por el equipo jurídico de la agrupación Hijos –querellante en numerosas causas por crímenes de lesa humanidad en la ciudad y la región–, son 21 los detenidos que fueron condenados o procesados por tribunales federales de la ciudad y hoy se encuentran bajo el régimen de la prisión domiciliaria, o qué residen acá “enviados” por otros juzgados.

Los represores que cumplen sentencia en sus domicilios rosarinos no agotan la lista de los que actuaron durante la dictadura en la ciudad y la región y gozan del cuestionado beneficio. Casos emblemáticos como el del coronel retirado Oscar Pascual Guerrieri, cuatro veces condenado a prisión perpetua por tribunales federales de Rosario, es un ejemplo de esto.

Pascual Guerrieri. | Foto: Franco Trovato Fuoco.

El represor, uno de los jefes del grupo de tareas del Batallón 121 de Inteligencia del Ejército –que tuvo a su cargo nada menos que cinco centros clandestinos de detención y tormentos, por donde pasaron centenares de detenidos y desaparecidos– sobrelleva su arresto en una casa de calle Colón al 222 de Martínez (Buenos Aires).

Un caso similar es el del mayor retirado Luis Américo Muñoz, subjefe del mismo Destacamento de Inteligencia 121 pero en 1983, quien fue condenado en mayo del año pasado por el TOF2 de Rosario a la pena de prisión perpetua por el secuestro, las torturas y los asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo El Viejo Cambiaso y Eduardo Pereira Carlón Rossi. A los pocos meses, la Cámara de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliaria en su casa de la ciudad de San Luis.

En la misma línea se inscribe el ex comisario Luis Abelardo Patti, igualmente condenado a cadena perpetua en Cambiaso-Pereira Rossi – y en otras tantas causas–, quien desde fines del año pasado retornó a su morada en del barrio privado “Septiembre Country Club” de Escobar, la ciudad de la que fue intendente.

Luis Abelardo Patti.

El ex militar Marino González, sentenciado a perpetua en Guerrieri III, es otro de los que integra la lista de represores que actuaron en la órbita de Rosario y región pero que llevan su prisión domiciliaria en otra jurisdicción.

Preso en mi ciudad  

Ariel López. | Foto: Franco Trovato Fuoco.

Ariel Antonio López fue condenado en varias oportunidades. En mayo de 2017 recibió la pena de prisión perpetua en el juicio Guerrieri III. El ex agente civil de inteligencia (PCI) del Batallón 121 del Ejército, fue encontrado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos, asociación ilícita y homicidios. Hoy transcurre su arresto domiciliario en el departamento de avenida Circunvalación – 25 de mayo N° 2577. Monoblock 60/4, 2° piso B (Barrio Rucci).

Lo mismo ocurre con el militar retirado (RE) Alberto Enrique Pelliza, también sentenciado a la pena de prisión perpetua por doce víctimas (siete desaparecidas) en la causa Guerrieri III. Vive en su “cárcel” privada, de calle Dean Funes 1729.

Alberto Enrique Pelliza. | Foto: Andrés Macera.

El Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón de Comunicaciones 121 del Segundo Cuerpo de Ejército, Eduardo Rodolfo Tucu Costanzo, condenado en las causas Guerrieri I, II y III a la pena de prisión perpetua, es otro de los que cumplen arresto domiciliario. Vive en Pueyrredón 2931. Su historia también ha tomado varias veces estado público, por ser uno de los pocos represores del país que contó, con lujo de detalles, la mecánica de los centros clandestinos de detención que frecuentó y el rol que cumplió cada uno de sus camaradas.

Eduardo Costanzo. | Foto: Jerónimo Principiano.

El Tucu, entre otros datos, aportó información valiosa para ubicar, por ejemplo, cuerpos de víctimas de la dictadura y a Sabrina, una de los dos hijos apropiados de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, detenidos desaparecidos de la Quinta de Funes. El otro mellizo Valenzuela Negro sigue siendo buscado por las Abuelas y los Hijos.

Pedro Pili Rodríguez fue condenado en agosto de 2013 por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, junto a los militares retirados Horacio Maderna y Rubén Cervera –quien también goza de prisión domiciliaria en otra jurisdicción al igual que otros represores, como los citados casos de Guerrieri y Muñoz–. Durante el proceso, se probó su participación en el secuestro y los tormentos cometidos en 1976 contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado.

Pedro Rodríguez.

Rodríguez estuvo a punto de ser ungido concejal de San Lorenzo por un partido vecinalista, cuando todavía estaba procesado y aún no se había realizado el juicio oral, pero una fuerte campaña de las organizaciones de derechos humanos logró convencer al resto de los ediles de que no debían aprobarle sus pliegos y, a pesar de haber sido electo, no pudo asumir. Gracias a la Sala III de la Cámara de Casación Penal, desde el año pasado está “detenido” en una lujosa casa ubicada en el country Solares del Carcaraña, en Oliveros. Vecinos del lugar denunciaron que se pasea por todo el predio. Fue escrachado por organizaciones de San Lorenzo.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario dictó el 10 de octubre de 2014 la pena de prisión perpetua para Carlos Ulpiano Altamirano. El represor fue encontrado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, asociación ilícita y “homicidio triplemente calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad”.

Carlos Altamirano. | Foto: Andrés Macera.

El ex integrante de la patota de Agustín Feced, quien operó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, el mayor centro clandestino de detención y tormentos de la provincia de Santa Fe, cumple su sentencia en su casa de la vecina ciudad de Roldán, en la calle San Miguel al 249.

El ex policía Eduardo Dugour, sentenciado en octubre de 2014 a la pena de 22 años de prisión en el marco de la causa Feced II y con otros procesos abiertos, “soporta” su condena domiciliaria en Pasaje del Campo 4475.

Eduardo Dugour. | Foto: Manuel Costa.

El sargento de la Policía Federal Luis Paulino Coronel, procesado en el marco de la causa Klotzman y otros expedientes acumulados, cuyo juicio oral y público comenzará en marzo, lleva su prisión domiciliaria en Paraguay 4475.

El ex comisario inspector Héctor Oscar Beto Gianola está procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI). En marzo de este año comenzará a ser juzgado en el marco de la causa Feced III. Más de cincuenta testimonios lo sindican como uno de los integrantes de la patota de Agustín Feced, el ya fallecido comandante de Gendarmería que ejerció la jefatura de la Policía de Rosario durante la dictadura. Cumple arresto domiciliario en Anchorena 350.

El ex policía Daniel González, otro de los integrantes de la patota del Servicio de Informaciones que estará desde marzo en el banquillo de los acusados de Feced III, también está procesado y “preso” en casa. En el departamento de calle Carranza 943, monoblock 50, piso 2 N° 1008, se supone que cumple la prisión domiciliaria.

En el juicio que comenzará en marzo de este año se ventilarán 155 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el SI, por los que serán juzgados los ex policías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara, el sacerdote Eugenio Zitelli y el propio González.

José Scortechini.

Otro integrante de la patota de Feced, José Carlos Scortechini, también goza del beneficio del arresto domiciliario. Condenado en 2012 durante el juicio Díaz Bessone (o Feced I) a diez años de cárcel por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y asociación ilícita, hoy “cumple su pena” en Saavedra 2661.

El ex policía Ovidio Marcelo Olazagoitía escuchó su sentencia el 2 de diciembre de 2014. Recibió una pena de 18 años de cárcel por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos cometidos contra detenidos políticos que fueron llevados cautivos al Servicio de Informaciones. Su arresto domiciliario transcurre en el 1173 de calle Francia.

Por estos días su hija Luz, al igual que otros jóvenes que repudian el pasado genocida de sus padres, y que en los últimos tiempos se animaron a hablar de lo que fue convivir con ellos, brindó una entrevista a la periodista de Rosario|12 Sonia Tessa, en la que describió al represor como una persona “súper violenta”. “Yo creo que patotero es una palabra que lo define bastante”, dijo. “La amenaza, el amedrentamiento, siempre ese tipo de vínculo”, agregó la joven, que para colmo de males para su progenitor es militante de izquierda y acompaña al diputado Carlos del Frade en el Frente Social y Popular, desde la agrupación Causa.

Tal vez esa desobediencia de los hijos propios, que reclaman junto a las organizaciones de derechos humanos la carcel común y efectiva para los genocidas de la dictadura, expresa mejor que ningún otro registro el altísimo nivel de repudio hacia los crímenes que cometieron los represores que existe entre las generaciones menores de cincuenta años. Acaso ese rechazo, manifestado hasta en el domicilio donde hoy cumplen su “dulce condena”, sea la peor de las sentencias que deben cumplir.

Ovidio Marcelo Olazagoitía. | Foto: Manuel Costa.

Invasión represora

Al relevamiento realizado por El Eslabón, se debe agregar otra categoría de detenidos con domiciliaria. Los que fueron condenados o procesados en otras jurisdicciones pero que fijaron domicilio en Rosario.

En este segmento se ubican Dardo Migno, juzgado por el TOF de Mendoza, quien vive en Pedriel 922 (Alberdi); Virton Modesto Mendíaz, investigado por el TOF de Salta, cuyo domicilio se encuentra en la vecina Funes (La Cava 2363); Ismael Ramón Verón, encartado por el TOF de La Plata, quien “pena” en Mendoza 1349 piso 6 departamento “A”, Alcides París Francisca, también investigado por el TOF de Mendoza, que vive en Corrientes 483, departamento “D”, piso 15 y Héctor Melitón Martínez, juzgado por el TOF Santa Fe, domiciliado en Urquiza 1344, piso 8 departamento “A”.

Ismael Ramón Verón.

Una tendencia nacional

Según el último documento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Pcch) que coordinan el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky a partir de la información remitida por los fiscales de todo el país sobre “el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional”, son 856 los represores condenados en toda la Argentina, de un total de 2979 imputados. Del total de imputados, sólo 1038, un 35 por ciento, se encuentran detenidos.

Pero el dato sobresaliente del informe de la Procuración se observa en la tendencia marcada hacia el cada vez más extendido beneficio de la prisión domiciliaria. Mientras que en 2015, los represores presos en cárceles comunes eran 603 y 439 los que tenían domiciliaria, en 2016 la ecuación es de 519 a 460. El registro de 2017 indica que 549 “cumplen condena” en casa y 435 permanecen en recluidos en el Sistema Penitenciario.

Nota relacionada:

  • Vaca desatada

    El exitoso empresario Luis Paz fue detenido e indagado por narcotráfico y lavado de activo
  • La mordida del verano

    En otro tarascón al salario, el macrismo fijó tope del 23% para las primeras negociaciones
  • Los senderos que se bifurcan

    No fue la primera vez que el peronismo pierde una presidencial, pero lo que sí constituyó
Más notas relacionadas
  • Paso al frente

    Todo lo que sirve para ocultar la destrucción del aparato productivo nacional (la industri
  • Con seguridad

    Cambiemos largó su campaña 2019, luego del G20, con un oído puesto en el “núcleo duro” y o
  • En el corazón del Quebracho Colorado

    En Villa Guillermina, en pleno Chaco Santafesino, un grupo de jóvenes que participan en el
Más por Juane Basso
Más en Derechos Humanos

2 Lectores

  1. Dinosaurios en fuga | enREDando

    23/03/2018 en 12:27

    […] o procesados en otras jurisdicciones pero que decidieron fijar domicilio en Rosario. Según un relevamiento realizado por El Eslabón, estos son: Dardo Migno, juzgado por el TOF de Mendoza, Virton Modesto Mendíaz, investigado por el […]

    Responder

  2. […] fundamentales de justicia, orden público y sin consecuencias para los autores esos delitos https://redaccionrosario.com/2018/01/28/aqui-estan-estos-son-4/ Para Hijos la Radio la Imposible es  una “Herramienta de la comunicación […]

    Responder

Dejá un comentario

Sugerencia

Vaca desatada

El exitoso empresario Luis Paz fue detenido e indagado por narcotráfico y lavado de activo