En medio de un aumento del miedo, la violencia y el racismo, la aprobación de Jair Bolsonaro cayó 16 puntos. Más allá de sus bravuconadas y provocaciones, no le está resultando fácil gobernar. No maneja el Congreso, ni logra cumplir con los deberes exigidos por el establishment, que se impacienta.
El triunfo de Jair Bolsonaro legitimó, reforzó, dio más voz y envalentonó a todas las expresiones de derecha y ultraderecha autoritarias, racistas, xenófobas y homofóbicas preexistentes en la sociedad brasileña. Es que, en verdad, la llegada al poder del ex militar, que basó su discurso de campaña en una permanente reivindicación de la dictadura militar, la mano dura, y la apología de los delitos más atroces, es el resultado de la vigencia de esas ideas en la sociedad brasileña.
A casi cien días de gestión, la presidencia de Bolsonaro sigue marcada por la violencia y la brutalidad fundantes con la que el candidato llegó al poder. Los sectores de la oposición, los militantes sociales, los movimientos de la sociedad civil, los Sin Tierra, los pueblos originarios, los trabajadores, los movimientos feministas, los colectivos LGTBI+, entre muchos otros, están en la mira del gobierno autoritario y pro-dictadura de Bolsonaro.
La violencia y el miedo se respiran en las calles, donde cualquiera puede ser atacado por llevar una remera que diga “Lula libre”, por su identidad sexual, o por alguna característica que no coincida con la ideología ultraderechista-militarista-religiosa imperante.
“Nosotros estamos viviendo un período político en Brasil en que la república se transformó en una familia autoritaria, sin límites y que está vinculada a grupos criminales. Es lo que está ocurriendo en Brasil donde estos grupos, como las llamadas milicias, han rodeado al poder. Por eso en este momento hay una mixtura entre el Estado, el poder del Estado y los Bolsonaro”, señaló la diputada del PT y ex ministra de Derechos Humanos de Dilma Rousseff, María do Rosario Nunes, en una entrevista publicada en Página|12, el pasado 3 de abril.
Bolsonaro está en el gobierno con una misión muy precisa: completar el brutal ajuste neoliberal que no pudo realizar Michel Temer, ilegítimo presidente que derrocó a Dilma Rousseff.
Para realizar ese ajuste, lo ubicaron en la presidencia el establishment y los sectores más concentrados de la economía, los que manejan el poder real. Pero hay que recordar que para esos sectores, nunca fue el Plan A.
Nunca estuvieron convencidos de la capacidad del ex militar para cumplir esa tarea. Y, al menos estos primeros tres meses de gobierno, parecen darle la razón.
Las reformas estructurales que esperan los mercados se demoran. Bolsonaro no logra convencer al Congreso. Y los poderes fácticos se impacientan, tal como lo marcan las encuestas.
La aprobación del presidente de Brasil cayó 16 puntos en los primeros tres meses de gobierno, de 67 por ciento a 51 por ciento, en tanto que la desaprobación subió de 21 por ciento a 38 por ciento, según una encuesta divulgada este miércoles 3. Se trata del índice de aprobación más bajo recogido por Ibope tres meses después del inicio de un primer mandato presidencial desde 1995.
El índice de confianza en el mandatario de ultraderecha cayó igualmente de 62 por ciento en enero a 49 por ciento en marzo, frente a un 44 por ciento que declara no confiar en el presidente, un porcentaje que en enero era del 30 por ciento, según Ibope.
La evaluación positiva del gobierno en su conjunto es de apenas 34 por ciento, comparada con el 49 por ciento registrado al inicio de su mandato.
Los datos de Ibope se basan en una encuesta en la que se entrevistaron dos mil personas entre el 16 y el 19 de marzo.
Bolsonaro asumió el cargo el 1º de enero. Fue electo en octubre de 2018 con el 55 por ciento de los votos válidos, frente al 45 por ciento de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores.
La tarea pendiente: reforma previsional y privatizaciones
La gestión de Bolsonaro tiene dos misiones clave que cumplir. En realidad, es su ministro de Hacienda, el ultraliberal Chicago Boy Paulo Guedes, el hombre designado para cumplirlas.
Pero tanto la reforma del sistema previsional (convertir el sistema de reparto en uno de capitalización y endurecer las condiciones) como las privatizaciones (de las empresas estatales de petróleo y gas, entre otras) está encontrando fuertes resistencias, tanto en el Congreso (un hueso duro de roer para cualquier mandatario) como a nivel popular.
La reforma previsional pretende elevar la edad a los 65 años para los hombres y a los 62 para las mujeres, entre otros cambios muy perjudiciales para los intereses de los jubilados y las jubiladas. Actualmente no hay límite de edad y sólo cuenta haber aportado durante 35 y 30 años respectivamente.
El cambio de régimen previsional implica una reforma constitucional, por lo que se necesita una mayoría especial en el Congreso que, hasta ahora, parece lejos de alcanzarse.
En este sentido, el Ejecutivo presentó al Legislativo una propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) para reformar el sistema previsional, que prevé un recorte de más de un billón de reales en diez años. Pero la propuesta no cayó nada bien entre los legisladores; y los analistas creen que los cambios que pueden introducirse en el Congreso Nacional al texto original reducirían el ahorro a la mitad.
Ante esta situación, cayó la Bolsa y el ministro Guedes, promotor de la reforma, puso el grito en el cielo: afirmó que, si esto ocurre, no será posible saltar del régimen de reparto al de capitalización. Y hasta amagó con renunciar.
Según el ministro, el sistema actual está fallido y no es sustentable para las futuras generaciones. Guedes comparó el escenario a un avión que, sin combustible, quiere atravesar el océano. “Mientras la generación actual salta en paracaídas, las futuras generaciones quedan en la aeronave y van al infierno”, metaforizó Guedes.
“Si el recorte se da encima de un billón de reales, yo digo que estamos en una generación de personas responsables y tienen el coraje de asumir el compromiso de liberar hijos y nietos de una maldición de la seguridad social. Si el recorte es menor, diré: Voy a salir de aquí rápido, porque ese personal no es confiable. No ayudan ni a los hijos; entonces, ¿qué van a hacer conmigo?”, agregó el ministro de Hacienda, que además, entre las reformas estructurales, impulsa un Pacto Fiscal, que desobliga a la autoridad pública a gastar en áreas como salud y educación.
“Estamos en un sistema (previsional) de reparto que se rompió antes que la población envejeciera. ¿Usted quiere traer a sus hijos para eso?”, señaló Guedes, que este miércoles vivió en carne propia el rechazo del Congreso a su propuesta, cuando debió poner la cara ante los legisladores, que le dedicaron gritos y abucheos.
Tras el paso de Guedes por el Congreso, la Bolsa de San Pablo revirtió su tendencia alcista del día y cerró con una caída del 0,94 por ciento, mientras que el dólar subió un 0,57 por ciento frente a la moneda brasileña para terminar la jornada con una cotización de 3,87 reales.
“Antes de que la población brasileña envejezca, el sistema previsional, en el formato actual, está condenado. Esa dimensión fiscal es inevitable”, dijo Guedes a los diputados.
“El año pasado gastamos 700 mil millones de reales (181 mil millones de dólares) en previsión, nuestro pasado, y 70 mil millones de reales (18.100 millones de dólares) en educación, nuestro futuro”, agregó Guedes, que tiene como modelo el sistema de capitalización que funciona en Chile y que llevó a la miseria a muchos jubilados.
Intentando cumplir con los deberes, Bolsonaro comenzó este jueves una serie de reuniones con dirigentes de diferentes partidos de centro y centro-derecha. “Vamos a invitarlos para que participen de este esfuerzo de construcción del entendimiento en busca de que se apruebe la reforma previsional, para que Brasil encuentre el equilibrio fiscal”, señaló el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni.
