El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó al ministro y viceministro de Defensa, y a otros tres militares que conformaban el Tribunal de Honor del Ejército, por encubrir la confesión de un genocida condenado y no comunicarla a la Justicia
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó al ministro y viceministro de Defensa y a los tres militares que conformaban el Tribunal de Honor del Ejército, entre ellos el recientemente nombrado comandante en jefe del Ejército, José González.
La decisión del mandatario llegó horas después de que se conocieran declaraciones del represor condenado José Gavazzo en las que confesaba ante el Tribunal de Honor haber arrojado al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973.
El tribunal consideró que este hecho “no había faltado al honor militar”, y envió el fallo al Ejecutivo sin mencionar en el informe el grave delito cometido y confesado por el militar, y sin denunciarlo a la Justicia ordinaria.
La confesión de Gavazzo, rescatada de las actas por el diario uruguayo El Observador, dio lugar a las destituciones del ministro de Defensa Jorge Menéndez; del viceministro Daniel Montiel; del comandante en jefe del Ejército (que había sido nombrado hacía apenas diez días) José González; del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y del general Gustavo Fajardo.
“Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”, dijo Gavazzo ante el Tribunal de Honor, al tiempo que también admitió haber mentido a la Justicia al respecto.
Además, otro ex militar que también estaba siendo juzgado por su honor, Jorge Silveira, acusó a Gavazzo de haber sido responsable de la muerte de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera de Juan Gelman. En este sentido, Silveira acusó a su compañero de armas de “no tener la hombría suficiente para asumir sus actos”.
Según informó Página|12, pese a las confesiones y acusaciones, los militares entendieron que “no se había afectado el honor del Ejército”. Y consideraron, en cambio, que sí había faltado al honor de la Fuerza el hecho de que tanto Gavazzo como Silveira hayan permitido que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, cuando ellos “sabían que era inocente”.
Las actas del Tribunal de Honor, con fecha de 2018, fueron homologadas por Vázquez y por el viceministro de Defensa (el titular de la cartera se encontraba de licencia), sin que se notificara al mandatario sobre su contenido. Toda la información estaba allí aunque el presidente lo ignorara. Por ese motivo, el 12 de marzo, Vázquez dio el visto bueno al nombramiento de González como jefe del Ejército luego de haber cesado a Guido Manini Ríos en ese puesto, precisamente por haber criticado a la Justicia ordinaria. “Un militar citado como indagado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas” había dicho Manini Ríos. El gobierno de Vázquez decidió que las declaraciones del entonces número uno del Ejército eran incompatibles con su cargo.
En este marco, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, anunció que se había designado a un funcionario de turno para investigar la posible omisión de confesión de delito relatada al Tribunal de Honor. “Recopilamos toda la información de fuente abierta y nos encontramos con la situación de que se habría puesto en conocimiento de los miembros del Tribunal de Honor del Ejército la comisión de determinados hechos delictivos y las circunstancias de los mismos”, expresó a la prensa.
El funcionario envió además a la Fiscalía los antecedentes pertinentes al caso, entre ellos, el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, que indica que “cuando se tiene conocimiento de la existencia o la presunción de un hecho delictivo se deben suspender las actuaciones y comunicar al superior extremo”, algo que hasta el momento la Fiscalía desconoce.
“Lo que sí sabemos es que en ningún momento se puso en conocimiento de la Justicia este hecho y estas circunstancias entendiendo de que puede haber, eso se determinará en la investigación, un hecho delictivo en la omisión de parte de los funcionarios públicos en denunciar un delito”, aseguró Díaz.
El Procurador General señaló que, aunque las actuaciones de los Tribunales de Honor son reservadas, si se establece el conocimiento de un hecho delictivo se debe informar al superior. “Parece que todo indica que ahí debió efectuarse una denuncia. Hay una cadena de mando ahí y en definitiva quien debe poner en conocimiento de la Justicia es el superior”, señaló el fiscal, al tiempo que recordó que su país forma parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a investigar y perseguir todos los delitos que se cometieron durante la dictadura entre 1973 y 1985, considerados delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
El escándalo estalla en plena campaña electoral, cuando la coalición gobernante Frente Amplio (FA) busca un cuarto mandato a partir de 2020.
