Se aplican en Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, pero advierten que buscan validar sus resultados para todo el país. Detrás están los laboratorios y fundaciones que negocian con la rotulación de enfermedades de las infancias.
Una serie de test estandarizados que buscan detectar “trastornos neurocognitivos” –el TGD o el autismo, entre otros– se aplican en los Centros de Primera Infancia (CPIs) de la Ciudad de Buenos Aires, a la que asiste una población infantil que va desde los 45 días a los 4 años de edad. La doctora en psicología e investigadora en la problemática, Gabriela Dueñas, asegura que detrás de esta movida “está el mercado de la salud”.
La problemática saltó a la escena pública la semana pasada cuando el Programa de Atención a la Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de CABA presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de esa Ciudad, para que explique “cuáles son los fundamentos, objetivos y propuesta teórica que avala la aplicación de test estandarizados a población infantil que asiste a los Centros de Primera Infancia (CPIs)”.
En conversación con Redacción Rosario, Dueñas recuerda que estos Centros de Primera Infancia fueron creados por Mauricio Macri hace ocho años, cuando era jefe porteño. “Dependen de Desarrollo Social, por tanto no están en el sistema educativo; allí no trabajan docentes, sino cuidadoras y cuidadores, es otra forma de vulnerar el derecho a la educación”, acota la educadora, profesora de distintas universidades nacionales y una especialista en temas de infancias. Actualmente estos centros reciben, en especial, a la población infantil más vulnerable, que queda fuera de los jardines, es decir se la inscribe en estos centros para reemplazar a “los jardines que faltan, prometidos, pero que nunca se hicieron”.
El pedido de la Defensoría del Pueblo –según se lee en el portal defensoria.org.ar– se apoya en la de idea de considerar a “dichas prácticas como fundantes de etiquetas patologizantes que afectan a niños, niñas y a sus familias, y al vínculo entre ambos “.
La aplicación de los tests
Tal como afirma Dueñas, la aplicación de estos tests se realiza violando las más elementales normas de bioética que demandan el consentimiento de sus destinatarios; y aquí –remarca– no se trata solo de las familias sino también de las niñas y niños, por el derecho que los asiste. Sin embargo –apunta la educadora– “cuando las familias firman el formulario para acceder a la vacante, en el mismo acto lo están haciendo para las pruebas, aprovechándose de la necesidad y del desconocimiento”.
Las pruebas en cuestión son las conocidas como ASQ-3 y el CHAT-M. Dueñas detalla que son formuladas en EEUU siguiendo los pasos del famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también conocido como DSM, por su sigla en inglés (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), que tipifica la detección de enfermedades. Un tema ya bastante estudiado y denunciado, ya que lo único que persigue es la rotulación, la clasificación de las infancias y adolescencias con enfermedades neurocognitivas: ADD, TGD, ADDH, TOC, TEA…
“Estos test han sido traducidos de los que se usan en EEUU. Funcionan con un formato de encuesta cerrada, que incluyen preguntas que no contemplan las diversas complejidades que tienen que ver con las historias de vida. Esto hay que hacerlo visible porque esos niños están siendo usados como conejillos de India, sin ningún tipo de explicación y sus familias tampoco saben que están siendo expuestos a estas pruebas. Lo que ellos llaman pesquisas, en realidad van en búsqueda de diagnósticos tempranos”, señala Dueñas.
La educadora afirma que detrás de estas experimentaciones está el avance del fenómeno que denominan “la patologización y la medicalización de las infancias”, de la “la mercantilización de la salud”. “La industria farmacéutica busca clientes tempranos, y si tempranamente se asegura que un niño padece de TGD, que requiere drogas psicoactivas y tratamientos, desde temprano están cautivos. Detrás también están fundaciones como Ineco (Facundo Manes) y Favaloro, y en este caso particular la Red Protected”.
Gabriela Dueñas apunta que estos estudios estandarizados parten del presupuesto de que entre el 8 y el 10 por ciento de la población infantil padece de deficiencias neurocognitivas. Razón por la que todo el tiempo buscan convalidar estas cifras, aún avasallando derechos de niñas y niños, y la ley de salud mental, entre otras.
Antecedente
En marzo de este año, profesionales de la salud y la educación frenaron una investigación similar que había comenzado a aplicarse el año pasado en jardines públicos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). También en búsqueda de detectar «trastornos neurocognitivos» y con la meta de hacer extensivas las conclusiones a todo el país.
El estudio se realizaba sobre 20 jardines de infantes de CABA, más allá de que los propios organismos de consulta y control porteños alertaban sobre la necesidad de ser prudentes «porque se corrían serios riesgos de infringir normas internacionales y nacionales de derechos humanos y educativos».
En esa oportunidad Gabriela Dueñas había advertido a las familias y docentes estar atentos a estas investigaciones, que si bien se frenaron en el ámbito del nivel inicial no descartaban que se insistiera con estos intentos. La aplicación actual en los Centros de Primera Infancia de estos tests que bajan del Hemisferio Norte son una prueba de que el mercado de la salud no se toma descanso.
