La Justicia dispuso trasladar al ex mandatario que desde el 7 de abril de 2018 estaba detenido en la ciudad de Curitiba. Por haber sido Presidente, Lula puede reclamar ir a un cuartel militar u otro penal de la Policía Federal.
La decisión fue tomada este miércoles por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, quien decidió trasladar a un establecimiento a determinar del estado de San Pablo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido por presunta corrupción en la sede de la Policía Federal (PF) en Curitiba, estado de Paraná, fronterizo con Misiones, en el sur de Brasil.
Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.
Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada.
La decisión fue publicada en el sistema de la Justicia Federal de Paraná. «Corresponderá a la autoridad policial adoptar las medidas apropiadas», reza la resolución, en la que no se indica a qué lugar será transferido.
Su transferencia fue un pedido del superintendente de la PF, Luciano Flores, quien argumentó que la prisión de Lula alteraba la rutina el lugar y los agentes debían evitar «permanentemente» enfrentamientos entre «grupos antagónicos».
Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex en Guarujá, una ciudad del estado de Sao Paulo, en el marco de la Operación anticorrupción ‘Lava Jato’, pero nunca pudo probarse el delito, por lo que fue condenado por la “íntima convicción” del juez Sergio Moro, actualmente ministro de Justicia y muy cuestionado por el escándalo de las recientes revelaciones de filtraciones sobre conversaciones entre los miembros de la Operación Lava Jato, que llevó a prisión al ex mandatario
Cristiano Zanin, uno de los abogados de Lula, afirmó que es «fundamental que el Supremo Tribunal Federal de continuidad al ‘habeas corpus’ para revertir esa prisión injusta».
El pasado mes de junio, la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó los dos pedidos de liberación de Lula. Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) piden que se anulen las condenas impuestas por el exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, porque consideran que no actuó con imparcialidad a la hora de juzgar al expresidente.
Sus argumentos ganaron fuerza cuando en junio, la imparcialidad de Moro quedó en tela de juicio tras el escándalo desatado al filtrarse unos mensajes entre él y los fiscales del caso ‘Lava Jato’.
«Estaba decidido a condenarme antes incluso de recibir la denuncia de los fiscales», criticó recientemente a través de un carta el líder petista, quien reitera que la denuncia era «falsa e inconsistente».
